La Alianza Nacional contra la privatización del agua expresó su preocupación ante las normativas actuales en El Salvador, que afectan la gestión y acceso al agua. Diversas organizaciones denunciaron la ineficacia de la Ley General de Recursos Hídricos y destacaron la crisis hídrica en el área metropolitana y en las zonas rurales.
Por: Fátima Cruz
La Alianza Nacional contra la privatización del agua y diversas expresiones comunitarias manifestaron su inquietud por la situación del agua en El Salvador. A pesar de contar con una Ley General de Recursos Hídricos, la Alianza sostiene que esta no cumple con las expectativas ni con las necesidades del pueblo salvadoreño.
La crisis de acceso al agua se evidencia tanto en el área metropolitana como en las comunidades rurales, donde las juntas de agua desempeñan un papel crucial. Se destacan problemas como la falta de transparencia y el escaso apoyo técnico de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), generando preocupaciones en las comunidades afectadas.
William Murcia, miembro de la Alianza, señaló que las normativas imponen condiciones similares a sistemas comunitarios de abastecimiento de agua, juntas de agua, agroindustriales y centrales hidroeléctricas. La Alianza aboga por un tratamiento más equitativo y personalizado, respetando los diversos usos y abordajes necesarios desde la institucionalidad del Estado.
Queremos visibilizar cómo las condiciones estructurales, que han sido dadas por la normativa impuesta, generan una igualdad de tratamientos a los diferentes sistemas que dan un tratamiento al recurso hídrico. En ese sentido, generamos algunas observaciones a los reglamentos emitidos y generamos valoraciones que van orientadas a que se atiendan las necesidades o que se genere un tratamiento que sea de manera no estandarizada y que se visibilicen los distintos tipos de usos, así como los distintos tipos de abordaje que deben de haber desde la institucionalidad del Estado
En este sentido, Amalia López, parte de la Alianza, expresó preocupaciones sobre la aplicación del coeficiente C4 igual a cero, especialmente en el contexto de la producción de alimentos. Destacó la falta de transparencia en las acciones del Estado y la carga adicional de costos a las juntas de agua, contradiciendo el derecho humano al agua, proclamado en la Ley General de Recursos Hídricos.
Hay varias preocupaciones que tenemos en torno a la normativa que se está generando para operativizar tanto la Ley General de Recursos Hídricos como su reglamento. Nos preocupa justamente la aplicación del coeficiente C4 igual a cero en donde los considerando vienen y dicen que es para que nosotros tengamos alimentos en nuestra mesa. Cuando, en realidad, lo señalamos antes: las personas que cultivan el alimento en El Salvador no tienen acceso a sistemas de riesgo y por tanto no estaría siendo este C4 igual a cero equitativo para estas personas
Luis González, miembro Alianza, alertó sobre la injusticia hídrica generada por las nuevas normativas, enfocándose en la afectación a las Juntas comunitarias de agua. Lamentó la falta de atención de la ASA a asuntos estratégicos y la priorización de intereses privados sobre el derecho humano al agua.
Hoy por hoy están promoviendo la injusticia hídrica, entonces lo que estamos viendo que estos lineamientos generan condiciones para exacerbar la crisis del agua y no garantizar el derecho cuando el agua de la población entonces en este día estamos viendo las afectaciones a las Juntas comunitarias de agua
La Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua exige una revisión de los lineamientos de transparencia, solicitando regulaciones que obliguen al Estado a rendir cuentas sobre el origen y uso del agua. También, demanda una mayor atención a la protección de ecosistemas, regulación de grandes usuarios y una nueva cultura del agua en colaboración con la población.
Pedro Cabezas, integrante de la Alianza, destacó la falta de diálogo de la ASA con países vecinos sobre el manejo de aguas compartidas y alertó sobre la amenaza a la cuenca del río Lempa debido al proyecto Cerro Blanco en Guatemala. La Alianza presentará una denuncia en Guatemala para defender los resultados de una consulta popular que rechazó proyectos mineros en Asunción Mita.
Por otro lado, la Alianza y organizaciones comunitarias hacen un llamado urgente para revisar y rectificar las normativas actuales, a garantizar la transparencia, la equidad y la protección de los recursos hídricos en El Salvador.