Minuto a minuto - Audiencia Caso Beatriz vs El Salvador en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Sigue los detalles de nuestra cobertura especial, de la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el caso de Beatriz vs El Salvador

Por: Krissia Girón

El presidente de la Corte, Ricardo Pérez Manrique, dio inicio a la audiencia pública del caso Beatriz y otros vs El Salvador, realizada en el marco del 156 período ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los jueces que conocerán el caso son: Nancy Hernández – Costa Rica, Rodrigo Mudrovitsch – Brasil, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot – México, Verónica Gómez – Argentina, Ricardo Pérez Manrique – Uruguay (presidente), Humberto Sierra Porto – Colombia.
Durante la presentación, el presidente anunció que la jueza chilena, Patricia Pérez Goldberg se excusó de conocer el caso. Goldberg, según su perfil en la web, padece de lupus eritematoso, la misma enfermedad que padecía Beatriz. Debido a esa dolencia, en 2014 (dos días tras el parto de sus gemelas), fue internada en el Hospital Naval Almirante Nef de Viña del Mar, por una mononeuritis múltiple.

La representación de la @CIDH está conformada por: Julissa Mantilla, Comisionada sobre los derechos de las mujeres, Tania Renaum, Secretaria ejecutiva de la CIDH
La representación de las demandanes: Morena Herrera, Agrupación Ciudadana; Irma Lima y Angélica Rivas, Colectiva Feminista; María Antonieta Alcalde, María Fernanda Díaz y Marisol Escudero Martínez, Ipas Latinoamérica y el Caribe; Gisela De León. Directora jurídica de CEJIL; Marcela Martino. Sub directora de CEJIL para Centroamérica y México; Camila Ormar. Abogada litigante de CEJIL.
La representación del Estado de El Salvador: Conan Castro, Secretario Jurídico de la presidencia, Carlos Gabriel Alvarenga Cardoza, Viceministro de Gestión y Desarrollo en Salud del MINSAL, Gloria Evelyn Martínez Ramos, Jefe del Departamento de Casos Internacionales de Derechos Humanos de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y 11 personas más que fueron presentados como asesores: Juana Inés Acosta López, Ana María Idarraga Martínez,Ana María Moya Silva, Julíán Ricardo Murcia, Manuel Acosta, Manuel de Jesús Acosta, Cindy Vanesa Espitia Murcia, Neydi Casillas, Maria Ane Quiroga, Sebastian Schuff.

La representación de la CIDH presenta el caso de Beatriz ante la Corte.
«Informes médicos consideraron que era un embarazo de alto riesgo». La comisión resalta que este es el primer caso que la corte conocerá sobre los impactos de la prohibición del aborto: «La comisión identificó el impacto desproporcionado que genera la penalización del aborto en las mujeres y niñas salvadoreñas»

En su declaración, la madre de Beatriz habló sobre los impactos del embarazo de riesgo en el cuerpo de Beatriz.
La madre de Beatriz relató los últimos momentos donde, expresa, «el Estado le volvió a fallar» a su hija.
Declara el dr. Guillermo Ortíz, quien atendió a Beatriz: «La primera vez que la veo, tenía 26 semanas de embarazo y una exacerbación de lupus, artitis reumatoidea, además de una nefritis lúpica, ya existía un daño renal que había sido documentado».
«Debido al estrógeno, eso causó cambios en su salud, especialmente en los riñones, en la piel, en el cerebro, en el mismo sistema cardiovascular.», explica el Dr. Ortíz sobre el primer embarazo de Beatriz. «Se trata de llegar lo más adelante posible para lograr la sobrevivencia de la criatura. En el segundo embarazo, estaba con 12 semanas y empezamos a hacer la evaluación del riesgo».
«Ella era conocida en el Hospital Rosales. En el primer estudio documentaban que el feto no había desarrollado cerebro, lo que llamamos anencefalia, lo cual no es compatible con la vida extrauterina», relata el Dr. Ortíz.
Dr. Ortíz: «Ella tenía llagas, se le habían bajado las defensas pero ya estaba saliendo de la crisis. Ella ya tenía la información de que su embarazo no tenía pronóstico. Me dijo «Si mi hijo no va a vivir, no me quiero arriesgar».
Ortíz: «Decidimos en conjunto llevar el caso al Hospital de Maternidad para analizar el caso con 15 especialistas. Entre ellos estaba el director, sub director, jefe de División Médica, jefe de Neonatología, enfermeras, etc».
Dr. Ortíz: «Se determinó que existía un riesgo alto de complicaciones si el embarazo continuaba. Se hiciese lo que se hiciese no se iba a corregir la anomalia congenita. Nos queda nada más que proteger la vida de la joven».
Dr. Ortíz: «No se pudo llevar a cabo el tratamiento porque la terminación del embarazo no era permitido por la ley. Empezamos a buscar alternativas, algún permiso, enviamos varias notas a diferentes instituciones».
Ortíz: «Se le hizo un procedimiento mayor que se pudo haber evitado, una cesárea. Perdió más sangre de la que esperamos y presentó riesgos de que se le subiera la presión, cosa que en los primeros meses es menos el riesgo».

Inicia su declaración Rafael Barahona, médico ofrecido por el Estado. Ginecólogo Obstétra. Fue sub jefe del servicio de Perinatología cuando Beatriz fue atendida en el Hospital de Maternidad.

Afirma que Beatriz tenía una variante del lupus eritematoso, que no era contraindicado con el embarazo. «Durante el segundo embarazo se mencionó que estaba estable. Nunca hubo una falla renal».
En repetidas ocasiones el médico que atendía a Beatriz dice que está estable y por eso se decidió hacer la cesárea. No tuvo una preclamsia. La vida de beatriz en la segunda gestación nunca estuvo en riesgo». Afirma Barahona.
El Dr. Barahona considera que el dictamen firmado de forma unánime por 15 médicos del Hospital de Maternidad, que afirman que la vida de Beatriz estuvo en riesgo es equivocado.
Barahona: «Es equivocado porque los 15 no tienen competencia en embarazos de alto riesgo. No tienen la formación porque son los perinatologos». Gisela de León: «En ese comité participó el jefe de perinatología».

Después de un receso, declara de forma virtual, la perita Isabel Sierra, ofrecida por la Comisión. Hablará sobre la compatibilidad de la prohibición absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo con la Convención Americana.

Sierra expresa que, según la OMS, cada año el 4,7% del 13,2% de muertes maternas se deben a un aborto peligroso. «Es la tercera causa de mortalidad materna en LATAM. Donde se ha despenalizado se reduce la mortalidad en un 91%».
Sierra: «En relación con la atención del aborto como servicio médico, la OMS recomienda la despenalización. En el caso que se considere una reforma gradual, recomiende que se tenga en cuenta el riesgo para la salud».
Sierra: «En cuanto a los servicios, la OMS señala que el aborto debe ser gratuito, debe ser clara la ruta para acceder al servicio, garantizar la información. Hay incluso puntos como la objeción de conciencia».
«Estudios que conozco muestran efectos significativos en la mortalidad materna por abortos inseguros (luego de la despenalizacióno) Tenemos todavía despenalizaciones muy recientes o estudios que no lo abordan de forma específica».
Sierra: «No es dificil estimar el impacto sobre la salud y la mortalidad materna mientras el sistema no está garantizando acceso efectivo a las mujeres y estas siguen realizandose abortos fuera del sistema».
«Es importante que el Estado incluya causales de exclusión de la responsabilidad penal. Este es un paso que puede ayudar a mejorar el acceso a las mujeres a un tratamiento y reducir la vulneración de derechos», expresa la perita.

Finalmente, declaró en inglés, el perito Paolo Carozza, abogado y experto en Derechos Humanos ofrecido por parte del Estado. Carozza, desde la filosofía del derecho, expuso sobre las dimensiones de la dignidad humana y la protección requerida por el derecho internacional de los derechos humanos a todos los seres humanos.
El profesor Carozza mencionó que es un deber de los Estados proteger en igualdad de condiciones la vida de la mujer embarazada y la vida en gestación, e insistió en que cualquier tratamiento debe buscar salvar las dos vidas. Cuestionado sobre las situaciones concretas en las que esto no es posible, el experto reconoció que son situaciones complejas.
“Entendemos que desde su punto de vista la protección del feto y del derecho a la vida es absoluto desde el momento de la concepción ¿es así?”, preguntaron las representantes. Carroza respondió: “Depende de lo que usted entienda por “absoluto”. Esto no significa que nunca pueda haber un
propósito directo de acabar con esa vida, pero también se dan casos, como el que estamos conociendo en esta Corte, que puedan haber situaciones en los que la vida de la mujer embarazada está también en riesgo. Si lo que usted quiere decir con absoluto es que no puede haber terminación del embarazo aun y cuando la vida de la mujer esté claramente en riesgo. No estoy de acuerdo con eso”
Y qué pasa cuando hay una colisión de derechos entre la vida de la madre y la del feto ¿cómo se resuelve esa colisión? Existen casos, médicamente hablando, en que puede haber una colisión de derecho.
A lo que respondió: “Reconozco que es una decisión médica muy compleja, deben considerarse los riesgos, hacer predicciones sobre las consecuencias de las intervenciones particulares y creo que es imposible tomar esas decisiones en lo abstracto y creo que eso es precisamente la razón por la que hay un caso en el artículo 4.1 donde los Estados pueden incorporar excepciones sobre la riminalización del aborto y mantiene algunos margenes de discrecionalidad precisamente porque no es idoneo para el derecho internacional tratar de resolver estos conflictos. Los estados tienen la discrecionalidad para tratar de regular en maneras complejas.

Día 2:

Inicia el día 2 de la audiencia sobre el caso Beatriz vs El Salvador, en la Corte IDH. Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana, Inicia los alegatos finales por parte de la parte demandante.

Continúa con los alegatos la representación de Cejil: Beatriz estuvo internada 81 días, pero el Estado niega qué tenía riesgos. Tenía enfermedades de base, pero el Estado niega que tuviera riesgos». El expediente médico registra qué Beatriz tuvo pensamientos suicidas mientras estuvo a la espera del aborto. Esto provocó graves riesgos en su vida. «De acuerdo con el peritaje clínico, luego de su muerte por accidente de tránsito, el retraso de la interrupción del embarazo en el 2013 pudo haber deteriorado su salud».
La parte demandante pide se declare responsable al Estado Salvadoreño por la violación a los derechos de la vida de Beatriz. «Ha quedado demostrado que esto causó un grave impacto en ella y su familia. Las experiencias de Beatriz significaron un quiebre de confianza en el mundo, perdida de apoyo, por no poder tomar la decisión».
Irma Lima, de la Colectiva feminista, cierra los alegatos de la parte demandante: «» Hoy las mujeres como Beatriz tienen solo dos opciones: La cárcel o el cementerio. Ustedes son la última posibilidad para hacer justicia, por la salud, la vida, la dignidad de las mujeres».

Inician los alegatos por parte de la representación del Estado.

Las abogadas del Estado aseguran que el Estado no está obligado a crear causales de aborto a partir de este caso. «Ningún tratado de derechos humanos lo establece expresamente», señala la asesora Juana Acosta.
Los alegatos del Estado insisten en que la vida de Beatriz nunca estuvo en riesgo.

Las asesoras de la representación del Estado aseguraron que la falta de actuación de los médicos no fue por el artículo 133 A del Código Penal, qué penaliza el aborto en toda circunstancia y que criminaliza a toda persona que participe en ello, ya que, según dijeron, «en El Salvador ya se habían practicado interrupciones del embarazo por riesgo para la vida de la madre, previamente (al caso), sin requerir ninguna autorización legal», y que ningún médico «ha sido investigados ni amenazados con la apertura de procesos penales».
Para la representación del Estado de El Salvador, llamar «anti-derechos» a las personas que dicen «defendender la vida» es un retroceso y una «tergiversación del lenguaje».
En respuesta a los alegatos del Estado, Gisela de León, de Cejil, expresó a la Corte que el Estado ha buscado minimizar el riesgo que vivió Beatriz, alegando que nunca lo tuvo. Agregó que el testimonio del Dr. Barahona debe ser desechado, ya que «él manifestó en esta audiencia que no participó en los hechos de este caso y que, lo que hizo fue revisar el expediente. Eso mismo pasa con los otros dos testigos que ofreció el Estado porque no participaron en los hechos y están actuando como una especie de peritos, porque participan a través de la revisión del expediente».
Ante el señalamiento de haber minimizado el riesgo que vivió Beatriz, el Estado reconoció que la vida dde Beatriz si estuvo en riesgo y que sus enfermedades «le causaron un sufrimiento tremendo, que el Estado también reconoce». Sin embargo, consideraron que no estaba «en un riesgo inminente de muerte».
Inician las observaciones de la Comisión Interamericana. Esta ha sido enfática en que la penalización absoluta del aborto en El Salvador causó graves consecuencias a la vida de Beatriz.

Inicia la ronda de preguntas por parte de las y los jueces. El juez Brasileño, Rodrigo Mudrovitsch, dijo que le preocupa que el Estado no se esta centrando directamente en la vida de Beatriz, que es la principal causa por la cual se esta haciendo la audiencia. Además, cuestionó que el doctor Barahona mencionó que él no fue médico tratante de Beatriz, es decir, solo reviso el expendiente de ella pero no fue uno de los tratantes Beatriz.
Ante esto, las asesoras del Estado justificaron la presencia del Dr. Barahona diciendo que el Estado presentó una serie de pruebas que evidencias «que el Dr. participó en el caso de Beatriz en distintos niveles. Fue parte del Comité clínico que tomaba las decisiones, además fue uno de los tres cirujanos que participó en la cesárea que se le hizo a Beatriz, entonces tuvo una interacción directa con ella».
La jueza Verónica Gómez cuestionó: «Lo que vemos es una trayectoria donde aumenta el riesgo para Beatriz. ¿Cuál es el impacto para su sufrimiento y su salud mental. Cómo entiende el Estado su responsabilidad?, ¿cómo se vincula con la falta de protocolos para las emergencias obstétricas?
La parte del Estado responde qué existe un protocolo desde 2016 sobre qué hacer en caso de que la vida de la madre esté en riesgo.
Así se justificó el Estado ante la pregunta de la jueza Gómez.

«Toda la justificación que ha dado el Estado no está documentada. Reconozco la creatividad, pero toda esa historia no está documentada», dice Gisela de León, ante la respuesta del Estado hacia la jueza Gómez.