Por primera vez en 7 años, el sistema de justicia ha condenado a Esme a 30 años de prisión, luego de enfrentar una emergencia de salud durante su embarazo. El juez ha omitido la sentencia de la CIDH que exige a El Salvador garantías de no repetición sobre estos casos.
Por: Krissia Girón / Foto:
Hace 2 años, Esme fue separada de su hija y mantenida en prisión preventiva. Había enfrentado una emergencia obstétrica y, en lugar de obtener atención médica, fue acusada por la fiscalía y detenida. El pasado 9 de mayo, un juez la condenó a 30 años de prisión, emitiendo una sentencia que no se veía en el sistema de justicia desde hace 7 años.
Organizaciones feministas y activistas señalaron que esta condena también es la primera que se produce durante el gobierno de Nayib Bukele, quien había prometido ponerle fin a la persecución sistemática de mujeres que enfrentan problemas obstétricos durante su embarazo.
La abogada de Esme, Karla Vaquerano, dijo que la versión de la Fiscalía General de la República, fue favorecida por el juez del caso. Dicha versión, asegura, estuvo cargada de estigmas y estereotipos de género.
Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, señaló que dichos estereotipos y estigmas de género iniciaron desde que Esme buscó atención médica. “A Esme se le denunció en un hospital público con base a prejuicios de género, con base a la violencia obstétrica que también se reproduce en un país donde, la justicia, es patriarcal”, expresó.
García agregó que el caso de Esme recoge todos los patrones de persecución que viven las mujeres que atraviesan una emergencia obstétrica, como María Teresa, Karina o Manuela, a quienes no se les garantizó el derecho profesional, “en dónde hay un sistema que persigue las mujeres en base al prejuicio de género del mandato de la maternidad. Es por eso que nos parece sumamente grave este proceso que está enfrentando Esme”, apuntó.
En un fallo histórico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Salvadoreño por violar los derechos a la vida y salud de Manuela, una mujer que sufrió una violencia obstétrica y fue acusada y condeada por homicidio agravado. En la sentencia de la Corte IDH, establece que ninguna mujer que experimente una emergencia obstétrica y busque atención médica puede ser criminalizada.
“Estamos ante un país que no está retomando la sentencia de la Corte, estamos ante un país que sigue reproduciendo la justicia patriarcal y no está escuchando las recomendaciones de las diferentes instancias internacionales y las medidas de no repetición que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo.
Entre las garantías de no repetición establecidas por la Corte IDH, se encuentran garantizar la certeza legal del secreto profesional médico, así como la “adaptación de los protocolos y guías médicas de atención de las emergencias obstétricas». Además, solicita que el país regule la imposición de prisión preventiva ya que, en el caso de Manuela, esta acción fue contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Corte agregó en su sentencia que se deben realizar capacitaciones a funcionarios públicos a fin de “eliminar el uso de estereotipos discriminatorios sobre el rol de las mujeres tomando en cuenta su impacto negativo en las investigaciones penales”.
En ese sentido, Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, dijo que esta sentencia es un “duro golpe” al camino por superar las emergenias obstétricas que, como ya lo señaló la Corte IDH, “deben ser tratados como problemas de salud pública y de garantía de derechos de las mujeres”.
“Seguiremos luchando para que todas las mujeres criminalizadas injustamente por estas circunstancias, recuperen su libertad y tengan la oportunidad de rehacer y reconstruir su proyecto de vida”, expresó Herrera.
Tras conocer la sentencia, Esme aseguró que continuará luchando por su hija y su familia. “Gracias por apoyarme y acompañarme en esta injusticia que estoy viviendo”, expresó.
Según datos de la Agrupación Ciudadana, 64 mujeres han sido liberadas, luego de ser enviadas a prisión tras sufrir emergencias obstétricas. Estos procesos de liberación han sido gracias a la lucha de diferentes organizaciones sociales, afirman. “Desde 2006, se conformó un movimiento de personas defensoras de Derechos Humanos que han trabajado por la libertad de estas mujeres y por un cambio en la legislación de este país”, expresó la Agrupación a través de un comunicado.
Fruto de esta lucha es la campaña “Libertad para las 17: No dejemos que sus vidas se marchiten», donde solicitaron indulto al Estado para 17 mujeres condenadas sin el debido proceso.
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