Las capturas de personas LGBTIQ+ se han conocido solamente a través de las redes oficiales, a través de imágenes y tuits cargados de estereotipos y discriminación, así lo han denunciado organizaciones de derechos humanos. Hasta la fecha se reportan 5 personas capturadas, pero no se descarta exista un sub registro.
Por: Eugenia Olan / Foto: Reiny Ponce
La opacidad en la actuación del gobierno, entidades fiscales y judiciales durante el régimen de excepción, no ha permitido conocer el número de personas LGBTIQ+ privadas de libertad, durante este periodo. El pasado 8 de mayo, en Soyapango, Kery Mena, una mujer trans, fue detenida por agentes policiales que se presentaron sin una orden de captura, únicamente mencionaron que sería detenida por delito de extorsión.
Asimismo, a través de redes sociales, se conoció la captura de dos mujeres trans que fueron exhibidas mostrando sus torsos desnudos y colocando el nombre con el que se identifican como un alias utilizado en grupos delictivos, lo que da lugar a comentarios que reflejan un alto grado de burlas e insultos, provenientes de la discriminación basados en una cultura homofóbica y transfóbica, la cual ha dado paso a los crímenes de odio y a la normalización de la violencia en contra de esta población.
Para Rina Montti, Directora de Investigación de CRISTOSAL, la captura de personas pertenecientes a la población LGTBIQ+ estarían quedando totalmente invisibilizadas por el Estado, debido a la falta de una Ley de Identidad de Género y de la nula garantía de aplicación de los enfoques diferenciados y de no discriminzación.
“La exposición de la fotografía de las mujeres trans y utilizando el nombre de acuerdo al documento de identidad es una grave vulneración de derechos porque no se ha caminado en absolutamente nada en cuanto a poder reivindicar y poder tener el derecho a su identidad de género de acuerdo a una ley”, expresó.
Montti aseguró que la forma en la que se están haciendo en este momento las detenciones son absolutamente contrarias al debido proceso ya que no garantizan los derechos de las personas privadas de libertad ya sea que estén con una condena o con proceso de investigación apegados a los principios fundamentales de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandelas) de las cuales El Salvador es firmante.
El principio fundamental de las Reglas Mandelas es que no habrá discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Sin embargo, durante este periodo, el secretismo y la incomunicación no permiten documentar la vulneración de derechos de las personas privadas de libertad y su familia que se encuentran en la búsqueda constante de sus familiares.
“Cómo estarán las personas dentro de los centros penitenciarios, no tener conocimiento de que se haga una segregación en los recintos de detención para una protección a su integridad, porque al no tenerla se aumenta el riesgo de estigmatización y la posibilidad de sufrir violaciones por parte de otras personas privadas de libertad”, agregó la investigadora de CRISTOSAL.
Las implicaciones de estas medidas demuestran que en el país la discriminación y exposición bajo este contexto siguen vulnerando los derechos de la población LGBTIQ+, que han luchado durante muchos años por contar acciones que permitan denunciar la discriminación y violencia, de la cual sobreviven a diario.
El informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos reveló que Venezuela, Nicaragua y El Salvador son 3 de los peores países para ser una persona de la comunidad LGBTIQ+. El informe expresa que la policía y las pandillas continúan cometiendo actos de violencia contra las personas LGBT+. Estas acciones fueron toleradas por el gobierno y los perpetradores rara vez fueron procesados”, señalan.
Hasta el 11 de mayo CRISTOSAL tiene contabilizadas cinco personas de la comunidad LGBTIQ+ que han denunciado detenciones arbitrarias. En cuanto a las características de las detenciones, afirman que hubo un trato homofóbico por parte de la policía en las detenciones de las mujeres trans donde claramente se ve una vulneración adicional a los derechos de las personas.
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