En este especial, se retratan los tres hitos que han marcado la historia de Las 17 y más, mujeres criminalizadas a raíz de la penalización absoluta en El Salvador, y de la Agrupación ciudadana por la despenalización del aborto para liberarlas y procurar que ni una más sea condenada luego de experimentar partos extrahospitalarios y/o emergencias obstétricas.
Por Metzi Rosales Martel, editora para este especial
En la primera entrega, se describe el recorrido para lograr la inmediata libertad de Karina Herrera a través de la revisión de sentencia, quien fue condenada a 30 años de cárcel; en la segunda entrega, la anulación de la condena a 40 años para María Teresa Rivera y la aprobación de la solicitud de asilo político ante la persecución fiscal que sufría; y, en la tercera y última entrega, la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado salvadoreño por la criminalización arbitraria de Manuela y por violarle varios derechos humanos, entre estos, a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, a la igualdad ante la ley y a la salud.
De 2009 a 2022, la Agrupación ciudadana ha logrado que 61 mujeres recuperen su libertad. En esta primera entrega, se aborda el génesis de esta organización feminista, la cual desde hace más de una década, ha logrado despenalizar también el pensamiento social y ha elevado el nivel de discusión sobre la legalización del aborto, basándose en la ciencia y en la realidad salvadoreña, para que primen los derechos a la salud sexual y reproductiva de niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres para que las maternidades sean planificadas, deseadas y no impuestas, en un Estado que ha dejado de lado su laicidad a la hora de abordar este tema, como el de otras violencias basadas en género.
La Agrupación ciudadana, desde 2006, trabaja en la restitución de los derechos de las mujeres privadas de libertad. Es decir, en la justicia igualitaria y de género. Entre 2000 y 2019, la organización ha identificado otros 180 casos de este tipo de persecución a mujeres. Esta persecución y privación de libertad se ha convertido en una forma de tortura y tratos crueles para estas mujeres y sus familias.
De acuerdo con el Informe A/HRC/31/57 del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, del 5 de enero de 2016, numeral 21: «El uso de grilletes y esposas en mujeres embarazadas durante el parto e inmediatamente después de él está absolutamente prohibido e ilustra la incapacidad del sistema penitenciario para adaptar los protocolos a las situaciones que afectan exclusivamente a las mujeres (A/HRC/17/26/Add.5 y Corr.1).
Cuando se utiliza como castigo o medida de coacción, por cualquier razón basada en la discriminación o para causar un dolor intenso, que pueda incluso suponer una amenaza grave para la salud, ese trato puede ser constitutivo de tortura o malos tratos».
Como alternativa al sistema penal actual, diseñado exclusivamente para aplicar castigos y penas severas, carente de un enfoque basado en derechos para la consecución de los fines sociales de garantizar el orden, la justicia y la vida social en paz, surge la justicia igualitaria y de género.
«La justicia de género tiene como propósito eliminar las desigualdades entre las mujeres y los hombres que se producen en la familia, la comunidad, el mercado y el estado. Ello requiere que las instituciones —desde las que se administra la justicia hasta las encargadas de diseñar las políticas económicas— rindan cuentas sobre la atención que dedican a la injusticia y a la discriminación que mantiene a multitudes de mujeres en la pobreza y la exclusión». Así la define Unifem/ONU Mujeres, en la publicación titulada: «Justicia de Género: Clave para Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio».
La historia de Karina Herrera: el parteaguas
Primera entrega. Parte I.
En el 2006, la mediatización del caso de Karina Herrera, una mujer condenada a 30 años de cárcel, luego de experimentar un parto precipitado, visibilizó cómo la penalización absoluta del aborto en El Salvador había trazado un largo y duro camino para criminalizar y torturar a mujeres de escasos recursos. Para conseguir la libertad de ella y de 60 mujeres más, un grupo de feministas se alió en lo que hoy conocemos como la Agrupación ciudadana por la despenalización del aborto.
Por: Clanci Rosa
Edición: Metzi Rosales Martel
Diseño e ilustración: Wendy Castillo y Fátima Cruz
Edición audiovisual: Karen Sibrián
Para conocer la historia de Karina Herrera es fundamental hilarla con la de Morena Herrera, feminista, excomandanta de la Resistencia Nacional (RN), uno de los brazos armados del FMLN, sociafundadora de la organización feminista Las Dignas, integrante de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, fundadora y presidenta de la Agrupación ciudadana y fundadora de la Asociación nacional de mujeres veteranas de guerra.
La vida de ambas se cruzó por una investigación periodística del New York Times (NYT), publicada el 9 de abril del 2006. Esta implicó un parteaguas para ambas y para 60 mujeres más criminalizadas, luego de experimentar partos extrahospitalarios y/o emergencias obstétricas. El impacto de la penalización absoluta del aborto, producto de las reformas al Código Penal que entraron en vigencia en 1998, mostraría su peor rostro en el reportaje titulado: «Nación provida».
Jack Hitt y Donna Ferrato, periodista y fotoperiodista, respectivamente, viajaron a El Salvador en el 2006 para retratar las consecuencias de la penalización absoluta del aborto. Y lo hicieron a partir de la historia de dos mujeres, una de ellas, era Karina.
Para realizar su trabajo, Ferrato necesitaba una traductora con conocimientos de derechos sexuales y reproductivos. Y fue Morena Herrera quien conectó a una traductora con la fotoperiodista. Los hallazgos de Ferrato en la cárcel la impactaron: conoció varios casos de mujeres condenadas por aborto, pero consideró que el más dramático era el de Karina porque estaba condenada a 30 años de prisión, luego de que la fiscalía cambiara la tipificación del delito de aborto a homicidio agravado.
-‘¿ Y ustedes se van a quedar tranquilas sabiendo eso?’, nos preguntó, Ferrato.
Le contesté que no sabíamos que había una mujer condenada a 30 años, recuerda Morena Herrera, 16 años después de esa conversación. “Le dijimos, saquen la publicación, nosotras traducimos el reportaje y vamos a estudiar el caso para ver qué hacer”.
Hasta ese momento, las feministas no eran conscientes de las consecuencias de la penalización absoluta del aborto. «Fue una bofetada para nosotras (algunas feministas) que hablabamos del aborto, pero no sabíamos lo que en realidad estaba pasando», explica Mariana Moisa, antropóloga feminista y una de las primeras integrantes de “Solidarixs con Karina”, la plataforma que sirvió para luchar por la libertad de Karina. Y un precedente organizativo de lo que ahora es la Agrupación ciudadana por la despenalizacion del aborto.
La movilización en pro del derecho al aborto
Antes de conocer la historia de Karina, Morena Herrera ya había tenido un acercamiento a la lucha por la despenalización del aborto. En 1990, participó en el Encuentro Feminista de Latinoamerica y el Caribe (EFLAC) y en el taller donde se designó el 28 de septiembre como el Día de la Acción Global por la despenalización del aborto. Esto fue hace 34 años.
Cuando se mediatizó el caso de Karina, los antiderechos -regentados por Julia Regina de Cardenal, la heredera de Evangelina de Sol- presionaron para que Hitt se retractara de lo publicado. Sin embargo, ese texto ya se había convertido en la materia prima de una reunión en la que participaron 26 feministas y un aliado, Alberto Romero. Para esa fecha, algunas organizaciones feministas hablaban de despenalizar el aborto, pero ninguna lo había asumido como una línea de trabajo.
El primer acuerdo que se tomó fue conseguir la sentencia para estudiarla en una próxima reunión.
María Dolores Rosa, quien ya falleció, consiguió una copia de la sentencia. Al revisarla, se percataron que la condena era por homicidio agravado y no por aborto. Estudiar y comprender por qué en los casos de emergencias obstétricas y/o partos extrahospitalarios la acusación fiscal cambiaba de aborto a homicidio agravado fue uno de los primeros aprendizajes para trabajar en en el caso de Karina. Este fue clave para abrir el camino para la libertad de 61 mujeres, condenadas también a 30 o más años de cárcel por haber experimentado emergencias de salud durante el embarazo y el parto.
Este cambio de delito se relaciona con si el producto estaba vivo o muerto al momento del parto, independientemente de las 39 semanas de gestación, explica Aby Cortez, abogada de la Agrupación ciudadana.
«Antes si nacía muerto lo tipificaban como aborto porque había muerto en el vientre. Cambiaban el delito a homicidio agravado en la Audiencia Inicial, donde verificaban si nació vivo. Pero claramente esa no es una prueba de que la madre atentara contra esa vida».
Este y otros expedientes han sido fuentes de aprendizaje y actualización de conocimientos no solo jurídicos y de derechos, también de salud. Es decir, estudiar estos casos ha permitido que feministas, profesionales del derecho y de la salud aprendan que las rupturas espontáneas de los cordones umbilicales existen, que el trastorno de la negación del embarazo existe, que no se puede culpabilizar a una mujer por la aspiración de las primeras heces de un recién nacido o que la docimasia pulmonar es una prueba desfasada para determinar si un feto nació muerto.
En todas estas «evidencias» y en la reproducción de roles y estereotipos basados en género, como el instinto materno, se basan las «pruebas científicas» de una Fiscalía General de la República (FGR) que carece de una perspectiva de género y de derechos humanos cuando se trata de criminalizar a mujeres que guardan un perfil común: resisten en condiciones de pobreza o extrema de pobreza y con un nivel educativo bajo.
Pero no solo la FGR, jueces y juezas también permean los argumentos de sus sentencias judiciales prejuicios basados en género como en la especulación de embarazos producto de infidelidad, en no haberse inscrito para recibir atención prenatal y en que los embarazos producto de violencia sexual intentan ocultarse.
Mariana Moisa reflexiona sobre la lectura que se hace alrededor del expediente de Karina y de las otras 61 mujeres: «Las mujeres no tienen la oportunidad de hablar, de contar lo que les ha pasado. Todo mundo afirma cosas de esas mujeres privadas de libertad, relacionadas al aborto, a partir de lo que dice el expediente, de lo que dice la prueba cientifica, pero incluso esa prueba científica no es fiable, cuando está traspasada por estereotipos machistas, como se demostró en el caso de Karina”. Así, después del estudio de la sentencia, solo tres personas estaban comprometidas a conseguir que recuperara su libertad: Morena Herrera, Mariana Moisa y Alberto Romero. Ese fue el génesis de la Agrupación ciudadana.
Mariana Moisa, Morena Herrera y Alberto Romero fundan Solidarixs con Karina. Desde 2006 a 2009 esta plataforma sirvió para luchar por la libertad de Karina. Fotos/cortesía Mariana Moisa
“Estábamos seguras de que la condena de Karina era injusta y teníamos que sacarla de la cárcel. Esa era nuestra convicción”.
Morena Herrera, presidenta de la Agrupación ciudadana por la despenalización del aborto.
La verdadera historia de Karina
“La More es terca”. Así la describe Mariana Moisa. «Pero sin esa terquedad, no hubiéramos logrado la libertad de tantas mujeres. Morena estaba consciente de la necesidad de conocer la historia de Karina, para eso tenía que hablar con ella, es decir, ingresar a la cárcel y platicar con ella».
El hilo que conecta a Morena con Karina guarda relación también con un apellido en común: Herrera. Esto permitió a la activista feminista hacerse pasar por tía de Karina e ingresar a la penitenciaria en varias ocasiones. Para ese entonces, aún se permitían las visitas de las tías. Así, conoció la verdadera historia de Karina.
Karina tenía 23 años cuando sucedió la emergencia obstétrica. Trabajaba en una maquila, tenía tres hijos y se había esterilizado en el Hospital de San Bartolo. A pesar de esta intervención quirúrgica, quedó embarazada, algo que nunca imaginó. Tuvo una hemorragia fuerte y un parto precipitado en la casa. Su familia llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir atención médica. Karina fue trasladada al hospital y procesada, inicialmente por aborto. Durante el proceso judicial, la FGR cambió el delito a homicidio agravado. La condenaron a 30 años de prisión, como sucedió con Evelyn, Manuela, Kenia, Sonia y otras.
Con el pasar de los años y la denuncia de las organizaciones, este patrón en la condena de mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas ha quedado revelado. Pero en aquel entonces, esa aseveración le costó a Jack Hitt, el periodista del NYT, una rectificación. Y a Karina una serie de vulneraciones a sus derechos humanos. Fue expuesta en medios de comunicación sin tomar en cuenta las repercusiones que esto tenía para ella y su familia, incluso para su seguridad dentro de la cárcel.
El 4 de enero de 2007, el Diario de Hoy (EDH) dedicó las páginas dos y tres para hablar del reportaje de Hitt. El titular era: “Engañan al New York Times”. Y en la portada el titular era “Polémica por falsa abortista”, acompañado de dos líneas: “ONG promotora de aborto solicitaba dinero por internet para liberar a una mujer que estranguló a su hijo recién nacido”. Las notas no estaban firmadas por ningún periodista, solo decían El Diario de Hoy. Para este texto, citaban como fuente a Regina de Cardenal, activista de Sí a la Vida y columnista del periódico, que buscaba revictimizar a Karina.
El poder político y económico movía la agenda antiderechos en los medios de comunicación para esa fecha. Aún lo sigue haciendo, pero en 12 años de lucha, la Agrupación ciudadana ha logrado informar ante la desinformación y posicionar el tema con base en argumentos científicos, con perspectiva de género y de derechos humanos. De justicia igualitaria y de género.
La campaña antiderechos había iniciado y estaba encarnada en seguir culpabilizando a Karina, como más tarde lo continuarían haciendo con las otras 60 mujeres condenadas y contra cualquier mujer que apoyara y promoviera la liberación de ellas. Así a la persecusión de las mujeres criminalizadas por las emergencias obstétricas y/o partos extrahospitalarios se sumaría el acoso hacia las activistas feministas que buscaban visibilizar el impacto de la penalización absoluta del aborto y liberar a las condenadas.
Para el 5 de enero, EDH dedicó la página 14 para informar que Cristopher Smith, congresista republicano, calificó al reportaje “Nación Pro Vida” como amarillista. Al día siguiente, publicaron una nota en la que citaban a una vocera de Cemujer y a Marta María Blandón, una activista feminista nicaragüense.
Blandón era en ese momento Directora del IPAS, una de las primeras organizaciones que apoyó el caso de Karina. EDH envió a sus corresponsales a Nicaragua para buscarla. En una publicación señalaron a IPAS de realizar una estafa cibernética porque estaban realizando una campaña de crowdfunding para apoyar al proceso de liberación de Karina. “Había incluso miedo de las compañeras feministas a ser criminalizadas por apología del delito”, recuerda. Para el 21 de enero, publicaron una nueva nota con el titular: «New York Times no aclara el error”. La persecusión también alcanzó a este periódico desde Aciprensa, el medio de comunicación del Vaticano.
La lucha por la liberación de estas mujeres y por la despenalización del aborto ha logrado, en más de una década, sensibilizar a periodistas, propietarios de los medios tradicionales y columnistas. Para Mariana Moisa, coordinadora de comunicaciones de la Agrupación ciudadana por la despenalización del aborto, esta metamorfosis guarda relación con la pérdida de hegemonía de los grupos antiderechos ante periodistas mejores informados y que se están especializando en coberturas con perspectiva de género y respeto de los derechos humanos.
Este avance también guarda relación con la victoria en el caso de Karina. Pero encontrar la forma de liberar a estas mujeres nunca ha sido una tarea sencilla: ante la maquinaria mediática para criminalizarlas, las feministas han ideado distintas campañas de sensibilización, las cuales iniciaron con Solidarixs con Karina, IPAS y Cemujer. A esta lucha, de más de un decenio, se han sumado otras organizaciones nacionales e internacionales, defensoras de derechos humanos, no solo de las mujeres, al igual que la cooperación internacional, quienes no han descansado hasta lograr la libertad de Las 17 y más.
Una hoja de ruta inequívoca
La rectificación en el NYT no fue lo único que sucedió a nivel mediático. Hubo columnas de opinión, textos, notas en televisión donde señalaban a Karina como homicida. “A ese poder nos tuvimos que enfrentar y nosotras no éramos tan fuertes”, recuerda Moisa.
Para poder liberar a Karina se necesitaba un trabajo colaborativo, transfronterizo, profesionales del derecho, especialistas en el área penal, pero además en derechos sexuales y reproductivos, profesionales de la salud con experiencia en el peritaje de emergencias obstétricas y/o partos extrahospitalarios y en derechos sexuales y reproductivos, especialistas en comunicaciones y dinero. Esta ha sido la fórmula que ha funcionado a lo largo desde el 2006.
“Un día estaba sentada, pensando en cómo haríamos para liberar a Karina. Y de repente me escribió una amiga que había conocido por mi hermana que vive en Canadá. Ella me preguntó cómo estaba y le dije preocupada, le conté sobre el caso de Karina. Ella me dijo que era abogada penalista con 25 años de experiencia y tenía un despacho jurídico. Me dijo que le enviaran el expediente y que lo iba a estudiar. Esa semana con Mariana buscamos cómo y se lo mandamos para Argentina”, relata Morena.
Meses después, la abogada se puso en contacto con Morena y le explicó que la salida legal era solicitar la revisión de sentencia. Además, sometió el expediente a análisis forense. Entre los forenses estaba René Valló, uno de los peritos que más adelante participó en la Audiencia de Revisión de Sentencia de Karina. Estos forenses concluyeron, con una serie de argumentos, que “el análisis forense está equivocado”.
Ante esta noticia, Morena Herrera recuerda que para realizar la revisión de sentencia, les pareció importante buscar opiniones que tuvieran el mismo peso de las pruebas utilizadas para condenar a Karina. En términos científicos la única prueba contundente era el ADN. Es decir, que Karina y el feto compartían el mismo ADN. Para ese año, la prueba sobre la información genética de las personas no se realizaba en El Salvador. Las hacían en España, en una universidad de Granada. Pensamos que debíamos conseguir una opinión de esa universidad, recuerda Herrera.
Sí a la vida volvió a activar su maquinaria al enterarse de que iba a solicitarse la revisión de la sentencia. Comenzaron nuevamente una campaña de desinformación a través de artículos de opinión y de noticias publicadas en El Diario de Hoy. Eso no era todo, en la cárcel, Karina era obligada a dar entrevistas a periodistas para publicaciones en las que luego era revictimizada.
¿Quién defiende a una mujer criminalizada por aborto y condenada por homicidio agravado?
Identificar la ruta para liberar a Karina y encontrar opiniones relevantes fue un proceso de más de dos años. “Teniendo esa estrategia empezamos a buscar el abogado o abogada que defendería a Karina. Fuimos a Fespad y les dijimos: ‘Aquí está el caso de esta mujer, defiéndanla’, pero nos dijeron ‘es cosa juzgada y no se puede hacer nada’. También acudieron al Idhuca y la respuesta fue la misma: ‘es cosa juzgada, no podemos hacer nada'».
En ese camino, conocieron a un abogado salvadoreño que les cobraba 100 mil dólares. No tenían esa cantidad de dinero. Además, al investigarlo descubrieron que él había defendido a violadores. La reflexión fue que no se podía remediar un problema a un costo tan alto, a cualquier precio», así que le pidieron la devolución del expediente, describe Morena Herrera.
La búsqueda continuó. En el 2008, Morena viajó a Madrid. Tuvo una reunión con una asociación de abogadas quienes consiguieron la opinión de la Universidad de Granada.
Ubicar a quien sería el defensor de Karina fue parte de esos hilos que permitían tejer la historia de las mujeres y de la Agrupación ciudadana. Morena estaba investigando la historia de la penalización del aborto en El Salvador para un trabajo. Entrevistó a Victor Hugo Mata, abogado y especialista en derechos humanos, sin experiencia en el área penal. «Sus opiniones respecto al aborto eran favorables a los derechos de las mujeres, entonces, le pregunté: ¿Y usted no podría defender a una mujer? Ya tenemos la estrategia jurídica. ‘Como no’, me dijo él”.
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El martes 22 de marzo publicaremos la segunda parte del camino recorrido para lograr la libertad de Karina Herrera. Y cómo la historia de ella logró que un grupo de mujeres creará la Agrupación ciudadana por la despenalización del aborto, organización que a la fecha ha logrado que otras 60 mujeres regresen a sus hogares, esto en un país que criminaliza los partos extrahospitalarios y/o emergencias obstétricas, debido a la penalización absoluta del aborto.
“Esta publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Revista La Brújula y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea”.
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