Por equipo de Revista La Brújula
Los nombres de las víctimas son ficticios para resguardar su seguridad.
La pandemia por la Covid-19 evidenció la violencia que viven las mujeres en el ámbito digital, de forma latente se percibió diversas agresiones que sufrieron mujeres en las redes sociales, muchas de ellas sin obtener justicia, pues la complejidad del ciberespacio da lugar a la impunidad en este tipo de hechos. Las mujeres y niñas con discapacidad también viven estas violencias.
En la primera entrega «Violencia sexual por medios digitales» hablamos sobre Sonia y el modos operandi de grupos donde se comparte material íntimo a través de los grupos de Facebook y buscadores en internet. En esta segunda entrega abordamos la historia de Ana, además de los impactos y obstáculos a los que se enfrentan las personas con discapacidad.
La violencia trascendió al ciberespacio, en éste se cometen delitos como la sextorción y la difusión no consentida de material íntimo, historia que le sucedió a Ana.
Ana tenía 18 años y conoció a Will por medio de Facebook. Después de tres meses de estar comunicándose por messenger establecieron una relación y comenzaron a compartir fotografías de sus cuerpos desnudos. Ana enviaba fotografías vistiendo solamente bloomer y mostrando la mitad de su rostro, continuaron un tiempo realizando esta práctica pero Will comenzó a pedir fotografías constantemente hasta el grado de “hostigamiento”, según relata Ana.
“Él me pedía fotos a cada rato, yo le decía que le iba a mandar fotos cuando quisiera, cuando me sintiera bien. Entonces, se comenzó a enojar y a quererme obligar a enviar fotos, me empezó a amenazar, a chantajear. Me decía que si no le mandaba más fotos desnuda iba a publicar las que ya tenía, me asusté mucho y le dije no lo hiciera. Él dijo que le enviara un video para no molestarme más, se lo mandé y le dije que me dejara en paz. Después de eso quería más y más, pero ya no le mandé porque si continuaba enviando fotos él tendría más armas para seguir chantajeando”.
El chantaje y acoso al que fue sometida Ana por parte de Will es una modalidad de delito llamado sextorsión, que es el paso previo a la difusión no consentida de material íntimo. El material íntimo pueden ser imágenes de desnudez, semidenudez, contenido sexual explícito o erótico de una persona. Como Ana hay personas que practican el sexting.
En Facebook dicho sujeto se identificaba como Will Will, tenía unos 20 años, le comentó a Ana que era de México y viaja a Estados Unidos, en el perfil tenía supuestas fotografías de él, sin embargo cuando comenzó a compartir sus fotos, Ana notó que no coincidían con las de su perfil, eso le generó dudas de quién era realmente el hombre detrás del perfil, ésta también fue otra razón para no enviar más fotografías de ella.
Ana estaba preocupada por la situación que atravesaba y acudió a un amigo quien escribió al perfil de Will para que no continuara las amenazas, pero dicho sujeto después creó otros perfiles falsos y desde ahí continuaba amenazando a Ana, luego que su amigo siguiera escribiendo a Will, la bloqueó.
“En el tiempo de la pandemia me cayó un mensaje que le mandara 10 fotos mías porque si no iba a publicar las que tenía. Me daba hasta las 2 de la tarde para mandarlas”, relata Ana. Pero ella no le envió las fotos, por lo que Will en represalia publicó las fotografías de Ana en su perfil. Will continuaba escribiendo a Ana. Ella sentía miedo y llamó a la policía tras recibir las mismas amenazas de matarla a ella y a su hijo. La denuncia la interpuso en una UNI-MUJER de San Salvador, presentó pruebas y mencionó a su posible agresor. Sin embargo, comenta que su caso no avanzó, además no le brindaron protección ni la llamaron.
“Él me amenazó que me iba a matar a mi y a mi hijo. Llamé a la policía llorando y me dijeron que ellos no me podían escoltar porque de todas maneras no sabían quién era. Hasta el día de hoy pasó un año del caso y ya no me dijeron nada”.
Ana sospechaba que el hombre que le escribía por messenger era un vecino, pues sus comentarios que la había visto a ella y a su hijo le dieron indicios, así como sus actitudes cuando se encontraban en el mismo lugar. Ya han pasado meses y el sujeto no le ha escrito a Ana pero ella sigue con el temor de que vuelva a aparecer.
La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres mandata a la protección ante cualquier hecho de violencia, sin embargo tiene vacíos cuando se trata de este tipo de delitos.
Las mujeres, niñas y adolescentes con discapacidad también son víctimas de este tipo de violencia, así lo indican datos de Fiscalía General de la República (FGR). Según la Organización Mundial de la Salud, las niñas y los niños con discapacidad son 2,9 más propensos a enfrentar violencia sexual.
Para Elba Chacón de la Red Salvadoreña de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad, es importante que la Fiscalía empiece a brindar datos porque considera que la denuncia de estos delitos ha sido un talón de aquiles en el tema. Mucho de esto tiene que ver con patrones culturales, dice Chacón.
“Nuestros patrones culturales están arraigados a prácticas discriminantes por motivos de discapacidad y por motivos de género en los cuales con el uso de las tecnologías se vuelve más propicio para hacerlo”.
Elaboración propia, con datos de FGR.
Para Chacón una de las debilidades del Estado salvadoreño frente a estas violencias es no tener mecanismos de protección para personas con discapacidad. “Desconocemos si en estos casos que se han logrado identificar han activado algún protocolo de protección, alguna medida cautelar que protegen a la víctima de cualquier hecho violento, producto de estas agresiones que han sido denunciadas”.
Además, considera que los esfuerzos por parte del Estado en la protección de las personas con discapacidad aún es incipiente “las instituciones débilmente están abordando el tema de la discapacidad y no propician el debido proceso para llegar a un acceso a la justicia de las personas con discapacidad en este caso mujeres niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia digital”.
“Es importante mencionar que las agresiones digitales llevan un fuerte elemento de discriminación por condición de capacidad por condición de género la cual está arraigada con percepciones negativas en las cuales se ridiculizan se manifiestan prácticas de odio contra personas con discapacidad llenas de morbo y de imágenes que tienen que ver con pornografía y de la cual se vuelve un daño directo a la dignidad de las personas”.
Impacto de estas violencias en las personas con discapacidad
De acuerdo con Chacón este tipo de agresiones significan para las personas con discapacidad generalmente un daño directo, no sólo la parte psicológica y emocional sino a su dignidad y a su imagen, sobre todo cuando son niños y adolescentes que tienen una discapacidad psicosocial”.
Por ello considera que debe haber un mecanismo de apoyo para las niñas y adolescentes, que incluya el cuido por su misma condición de discapacidad porque se ven mayormente vulneradas al no contar con el debido a proceso de defensa ante cualquier agresión.
Obstáculos para perseguir los delitos informáticos
Laura Nathalie Hernández, especialista en derechos digitales, considera que existen cuatro obstáculos principales en la persecución de los delitos informáticos.
Entre éstos se encuentra el temor, pues el acto de denuncia puede ser intimidante; aún más, el seguimiento o impulso de un caso de denuncia por parte las víctima, pues es desgastante. Habiendo denunciado es importante que las víctimas cuenten con el apoyo y asesoría necesaria para hacer frente a posibles amenazas o intimidaciones posteriores a la denuncia. Sufrir amenazas o intimidaciones podría obstaculizar obtener más información para dar continuidad a una denuncia.
Otro de los obstáculos es el manejo de la evidencia digital, por lo que es importante conservar la mayor cantidad de evidencia posible. Si bien existen organizaciones que comparten sus recomendaciones a través de diferentes medios, es importante también adoptar las medidas técnicas necesarias para conservar y manipular la evidencia digital.
En estos tipos de delitos es necesaria la asistencia oportuna que contribuya a recabar toda la información para que la persecución no se vea obstaculizada, y al mismo tiempo, realizarlo de manera efectiva con el objetivo que la víctima pueda eliminar o solicitar la eliminación de contenidos difundido de manera ilegal y con ello evitar su revictimización.
Ante cualquier situación es importante la sensibilización de los diferentes actores, competentes y que intervienen en la persecución del delito, pues éstos deben ser sensibilizados en la tutela de los derechos digitales de las mujeres, niñas, adolescentes y personas con discapacidad. Como personas humanas, que tienen derecho a desarrollarse, interactuar y ejercer derechos en ambientes virtuales y a través de las tecnologías, y así mismo, a ser protegidas ante cualquier vulneración a los mismo.
Propuestas para combatir estos delitos y proteger a las víctimas
Para la especialista en derechos digitales, Laura Hernández, es fundamental denunciar aunque sea una decisión difícil, es necesario para que las instituciones hagan el trabajo de tutelar los derechos, proteger y dar seguridad. Además, menciona que éstas deben asesorar de manera legal y técnica a las personas.
Hernández explica que es necesaria una educación y sensibilización sobre las afectaciones que provocan los delitos digitales, así como se debe evitar la revictimización y mejorar las vías de acceso y procesos de denuncia.
En caso de adoptar tecnologías para facilitar la denuncia es importante hacerlo con especialistas. Previo y durante la pandemia, hubo algunas iniciativas para facilitar denuncias, sin embargo, no venían acompañadas de medidas seguras para resguardar la confidencialidad de la información.