Foto/Andrea Carazo, La Nación
Por Sombrilla Centroamericana
El acoso sexual contra las mujeres es violencia basada en género. Es una manera más en que las mujeres somos sometidas por medio de la intimidación y el miedo. De acuerdo con la Ex Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas, el acoso sexual callejero “viola el derecho de la mujer a su integridad corporal, su educación y su libertad de movimiento”.
La problemática del acoso sexual no es un tema nuevo para nosotras las activistas feministas, sino una lucha de décadas. Micaela di Leonardo en la Economía política del acoso callejero se refiere a la gama de acciones que constituyen acoso sexual y a las sutilezas que acompañan el acoso de vez en cuando que dificultan su individualización y por consecuencia su penalización. Por último debemos estar conscientes que conforme más mujeres ocupamos el espacio público, por los cambios en las dinámicas económicas, laborales y sociales, más expuestas hemos estado a la reacción violenta por parte de hombres ante estos cambios.
Rara vez el acoso que percibimos trae consecuencias a quien nos agrede. Está enraizado en nuestra cotidianidad y en muchos casos minimizado reduciéndolo a un comportamiento cultural.
Recientemente en Costa Rica hemos dado algunos pasos hacia adelante con tal de frenar la impunidad en este tipo de casos. Según nuestra II Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del 2015, 3 cuartas partes de las mujeres costarricenses reportaron haber sufrido actos de contenido sexual indeseado y alto impacto para su salud integral en espacios de acceso público; tres de cada cuatro.
Desde hace ya algunos años organizaciones de sociedad civil propusieron una medida para mitigar el acoso sexual callejero. Organizaciones como Acción Respeto, Peras del Olmo y ACCEDER participaron en el proceso de construcción de una propuesta de proyecto de ley que viniera a regular el acoso callejero y principalmente que tipificara el comportamiento como delito para poder procesar las agresiones que hasta entonces no desencadenaban investigación o proceso alguno. Ese primer intento por avanzar con el proyecto de ley no fue exitoso, sin embargo gracias al trabajo de mujeres feministas organizadas, diputadas y asesoras en la Asamblea Legislativa y personal del Instituto Nacional de las Mujeres una nueva versión logró posicionarse.
Lucha para aprobar la ley
Sería genial contarles que se aprobó la iniciativa sin mayor reparo por parte de nuestra Asamblea Legislativa pero estaría mintiéndoles. Lo que siguió fueron intentos repetitivos por parte de algunos sectores por frenar el proyecto de ley que venía a regular el acoso sexual. La emoción por parte de los sectores feministas era palpable, estábamos a las puertas de una conquista que había tardado años. Los cuestionamientos enfrentaron resistencia feminista por todos los flancos, artículos en médicos de comunicación, presión en campañas coordinadas en redes sociales, el boulevard frente a la Asamblea Legislativa empapelado con mensajes de apoyo a la ley y peticiones en línea con más de 9000 firmas. La atención mediática estaba sobre ese voto.
Los diputados que se oponían cuestionaron la necesidad de la ley, la gravedad del acoso y finalmente enviaron el texto a consulta de constitucionalidad, solo para que se confirmara que no había problema alguno con el texto. El día de la votación rompieron quorum y repitieron votaciones pero no hubo manera de detener la votación y a la hora de la hora se aprobó la ley 20.299 que define el acoso sexual callejero como “toda conducta o conductas con connotación sexual y con carácter unidireccional, sin que medie el consentimiento ni la aceptación de la persona o las personas a las que está dirigida, con potencial de causar molestia, malestar, intimidación, humillación, inseguridad, miedo y ofensa, que proviene generalmente de una persona desconocida para quien la recibe y que tiene lugar en espacios públicos o de acceso público”.
No hay respuesta mágica para lidiar con la violencia sistemática que recibimos por ser mujeres o por la percepción de femineidad de terceros. Estamos conscientes que el cambio necesario es uno socio-cultural y no meramente legal pero dotar a las mujeres de mayor protección jurídica ante la violencia cotidiana es a su vez una herramienta de incidencia social. Juntas vamos a cambiar imaginarios y vivencias.