Revista La Brújula participó en la investigación «Pandemia Invisible», una documentación de la violencia de género durante la cuarentena en 21 países.
Autora: Clanci Rosa
Ilustración: Pierre Daboin
Infografía: Yordán Somarriba | Denisse Martínez
El Salvador: un Estado que no dimensiona la violencia contra las mujeres
Cuando el COVID-19 llegó al país centroamericano existían “deficiencias estructurales”, de acuerdo con expertos y organizaciones defensoras de los derechos de la mujer. A tal punto es la situación, que el femicidio representó más riesgo para la vida de las mujeres que la misma pandemia por coronavirus.
El Salvador cerró el 2019 con 230 feminicidios, una disminución en comparación con 2018, fecha en la que 383 mujeres fueron asesinadas víctimas de violencia machista. Sin embargo, el número de desaparecidas aumentó y la violencia siguió manifestándose en las vidas de las mujeres, niñas y adolescentes en el país, de todas las formas posibles, incluso desde antes de la emergencia mundial.
La Policía Nacional Civil (PNC) registró 676 denuncias de mujeres desaparecidas, un aumento de 116 casos en comparación con el año 2018, de acuerdo con un informe de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
Por su parte, el Observatorio de Violencia de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), consideró alarmante que 75 % de los abusos se cometió en niñas y adolescentes menores de 17 años de edad, incluyendo 848 casos de niñas menores de 11 años. Según las investigaciones, los agresores de estas niñas son personas conocidas, familiares cercanos, vecinos y otros que viven próximos o dentro de la misma casa.
Mientras que la Procuraduría General de la República registró 1172 denuncias por violencia intrafamiliar y de pareja.
Las cifras anteriores demuestran que el hogar es uno de los lugares más peligrosos para las mujeres, niñas y adolescentes, pues la mayoría de los agresores conviven bajo el mismo techo, revelan los datos de las organizaciones.
En este escenario llegó el COVID-19 y la implementación del confinamiento como medida, sin tomar en cuenta las consecuencias diferenciadas para las mujeres, quienes representan 52.9 % de la población salvadoreña.
Llegada del COVID-19
En el primer trimestre de este año se cometieron 21 feminicidios de acuerdo con ORMUSA. La Fiscalía General de la República (FGR), por su parte, registró desde el 1 de enero al 15 de marzo, 307 hechos de violencia intrafamiliar y 1436 denuncias de violencia sexual.
La cuarentena por la pandemia inició en El Salvador el 11 de marzo. Ese día, miles de mujeres tuvieron que encerrarse con sus agresores. Ninguna campaña por medios masivos se destinó a prevenir la violencia de género durante el confinamiento, pues la atención se centralizó sobre el tema del COVID-19.
De acuerdo con información de las organizaciones, el Instituto Salvadoreño de la Mujer (ISDEMU) tardó tres semanas en habilitar y difundir un teléfono en el que se pudieran procesar las denuncias y asistencia para las mujeres, víctimas de violencia en confinamiento.
ORMUSA fue una de las primeras ONG en visibilizar el aumento de la violencia contra las mujeres, a través de las denuncias recibidas en su Centro Legal: del 17 al 31 de marzo de 2020 contabilizaba, al menos, 100 denuncias, especialmente de violencia intrafamiliar de tipo verbal, física, sexual y económica. Un incremento significativo en comparación con 2019, donde se recibieron alrededor de 40 denuncias en el mismo mes (marzo), es decir, un aumento del 100 %.
Aunque la alerta sobre la violencia contra las mujeres empezó a circular en medios alternativos y masivos, el tema no ocupaba agenda en las cadenas nacionales del Ejecutivo.
El 1 de abril se reportó el primer feminicidio durante la cuarentena. Medios nacionales dieron a conocer el asesinato de Yesenia Menjivar, de 25 años. Siete días después, dos mujeres más fueron asesinadas en menos de 24 horas. Pese a las denuncias en redes sociales, el hecho no tuvo mención en la agenda gubernamental.
Este hecho fue repudiado por las organizaciones feministas, a través de una protesta en Twitter con la etiqueta #FeminicidioEsPandemia. No obstante, el silencio oficial permaneció.
En total, del 11 de marzo al 20 de mayo de 2020, se reportaron 26 feminicidios, de acuerdo con datos de las organizaciones de mujeres, sin embargo, la Fiscalía General de la República solo registra diez. La razón radica en la diferencia para clasificar las muertes en el país.
Las organizaciones califican como feminicidio “todas las muertes violentas de mujeres, que ocurren en contextos de discriminación y violencia generalizada porque son muertes que se pudieron prevenir”, explicó Silvia Juárez, abogada de ORMUSA.
Mientras que, para la justicia salvadoreña, los feminicidios se reconocen solo bajo los parámetros la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia (LEIV).
El artículo 45 de la ley tipifica como feminicidio la muerte a una mujer mediando motivos de odio, o menosprecio por su condición de mujer. A su vez, establece una pena de prisión de veinte a treinta y cinco años. También tipifica el feminicidio agravado en el artículo 46 y establece pena de 30 a 50 años de prisión:
- a) Si fuere realizado por funcionario o empleado público o municipal, autoridad pública o agente de autoridad.
- b) Si fuere realizado por dos o más personas.
- c) Si fuere cometido frente a cualquier familiar de la víctima.
- d) Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad, adulta mayor o sufriere discapacidad física o mental.
- e) Si el autor se prevaleciere de la superioridad originada por relaciones de confianza, amistad, doméstica, educativa o de trabajo.
Esto excluye a las muertes de mujeres que perdieron la vida en otros contextos violentos como la violencia que se ejerce en los grupos criminales.
Las organizaciones de mujeres creen que las instituciones deben ampliar el concepto de feminicidio para reconocer a todas las mujeres que mueren por ser asesinadas, porque la LEIV no legisla únicamente los crímenes privados. Consideran que tanto FGR y PNC carecen de enfoque de género a la hora de tipificar las muertes como feminicidio.
Más muertes por feminicidio que por COVID-19
El 29 de abril, Edwin Alexander López, de 38 años, asesinó a su pareja, Susan Daly Regalado, mientras ella dormía. El feminicida fue descubierto por su hija adolescente que se encontraba en la misma casa. De acuerdo con las investigaciones de FGR, Susan tenía años sufriendo violencia de género, pero nunca denunció.
La cantidad de mujeres que han muerto víctimas del COVID-19 es menor a las víctimas registradas por feminicidio. Aún con las cifras oficiales ONU mujeres El Salvador registró desde el 16 de marzo hasta el 30 de abril 10 muertes de mujeres por coronavirus. La cifra contrasta con las 13 víctimas de feminicidio que se produjeron en el país hasta esa fecha.
Mientras que del 11 de marzo al 20 de mayo (es decir, 74 días), la Fiscalía registró 2318 agresiones contra las mujeres, lo que se traduce en alrededor de 33 hechos de violencia diarios contra las mujeres durante ese periodo. Los números, sin embargo, ni siquiera incluyen el total de violencias que han ocurrido, pues son pocas las mujeres que se atreven a denunciar a su agresor. Esto, a su vez, sigue generando un subregistro del problema, alertan las ONG.
Sobre las agresiones, la Fiscalía contabiliza 481 casos de violencia sexual en total. Estos se distribuyen en 60 denuncias por violación sexual en caso de mujeres mayores de edad; 68 violaciones a menores de edad y 66 agresiones sexuales, también a menores de edad. Además, 66 casos de estupro, 39 de otras agresiones sexuales; 75 casos de acoso sexual, 16 casos de violación agravada y siete casos de agresión sexual agravada continuada a un menor de edad.
Entre las medidas que el gobierno decretó en la cuarenta está la suspensión del transporte público. El Decreto Ejecutivo que contenía la medida fue publicado el 6 de mayo en la cuenta de Twitter del presidente, y se ejecutaba a partir del 7 de mayo.
Al día siguiente se desató el caos. Muchas personas desconocían la medida y tuvieron que caminar hasta sus trabajos, porque tampoco hubo servicio de Uber o de taxi. Esta medida trajo consigo consecuencias para las mujeres.
El 13 de mayo, el fiscal general de la República, Raúl Melara, informó mediante Twitter la captura de Ronald Eduardo Durán por violación agravada y privación de libertad en contra de dos gestoras de tráfico quienes, al quedarse sin transporte de regreso a sus hogares, decidieron alquilar una habitación donde el detenido abusó de una de ellas, el pasado 10 de mayo.
La pandemia que siempre está presente
Para Silvia Juárez, abogada de ORMUSA, es importante comprender que la violencia contra las mujeres es una condición preexistente a la emergencia por el COVID-19. Desde mucho tiempo las mujeres venían sufriendo violencia en el hogar.
“Recordemos que dicha violencia es la pandemia más histórica que enfrenta la humanidad”, expresó Juárez. Opina que la falta de protección ante una situación de confinamiento mundial, como ha sucedido durante la pandemia, exacerbó las violencias.
“Debemos reconocer que la violencia de la que estamos hablando y que ha provocado alrededor de 28 feminicidios es aquella ejercida contra las mujeres por razones de sexo, es el terrorismo íntimo el que se ha exacerbado,” detalló.
A juicio de la especialista, la ausencia de políticas públicas orientadas al resguardo de las mujeres contribuye al aumento de las vulnerabilidades que ya enfrentaban antes de la pandemia. En consecuencia, incrementó para ellas la incapacidad de acceder a la justicia y al sistema de protección.
“La emergencia nos encontró con debilidades institucionales (…) Ahora que las mujeres no pueden salir de casa a interponer la denuncia, el sistema pone en evidencia que es incapaz de actuar por sí solo en detectar y prevenir esa violencia, pues no buscó otras estrategias que les permitieran a las víctimas denunciar”.
De acuerdo con Laura Morán, miembro de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, a inicios del confinamiento ni la policía ni la Fiscalía estaban preparadas para atender las denuncias de violencia en dicho contexto.
“Nosotras llamamos a la policía y no nos contestaban, también llamamos a Unimujer, pero nos decían que no tenían patrullas y que la mayoría estaba atendiendo la emergencia por COVID-19”.
Las UNIMUJER-ODAC son unidades de atención especializada para la atención de mujeres en situación de violencia. Estas se encuentran en las sedes de la Policía Nacional Civil y cuentan con un personal totalmente capacitado en tema de los derechos de las mujeres, desde que fueron creadas bajo el nuevo modelo de trabajo policial comunitario.
Para la representante de Ormusa existe una “negligencia sistemática” por parte de las instituciones del Estado cuando el sistema advierte casos de violencia contra las mujeres, pero no es capaz de intervenir para prevenirla.
“Tenemos casos de mujeres asesinadas, donde había hechos de violencia previos en los que la comunidad lo advierte. Sin embargo, son incapaces de interrumpir esas muertes, incluso las mismas instituciones fueron y lo sabían y tampoco fueron capaces de interrumpirlas”, manifestó.
Papel del gobierno y el ISDEMU
En junio de 2019, Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador. Su plan de gobierno retomó las principales demandas de las organizaciones de mujeres, entre ellas se comprometió a generar mejores condiciones para resguardarlas y mejorar su calidad de vida. No obstante, a un año de su mandato la realidad muestra un panorama en peores condiciones.
Una de las primeras decisiones fue recortar el presupuesto a los programas y políticas destinadas para las mujeres, para el año 2020. Ejemplo de ello es el programa Ciudad Mujer, referente en otros países de la región, a quien le recortó más de 2 millones de dólares.
De igual forma, redujo $1 912 720 del presupuesto nacional destinado para el cumplimiento de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la discriminación contra las mujeres (LIE) y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), que designan al ISDEMU como organismo rector.
La situación contrasta con lo dicho en la cadena nacional del 4 de junio de 2020. Ese día, el presidente dijo que las mujeres en El Salvador están más seguras en su gobierno, tomando como base la reducción de feminicidios de estos meses en comparación con el año pasado. En lo más parecido a una rendición de cuentas, el informe del ministerio de Seguridad aseveró una reducción de 61 % de los feminicidios en el país.
Esta fue la primera vez en la cuarentena que el presidente se refería a la violencia en contra las mujeres en el país, donde ya existen 26 feminicidios y otras cifras alarmantes.
En una situación similar a la de otros países, las organizaciones feministas reaccionaron en rechazo por medio de las redes sociales con la etiqueta #NosotrasTenemosOtrosdatosSv, que fue tendencia nacional.
En el comunicado emitido por las organizaciones en respuesta, estas expresaron que la violencia de género “no puede analizarse partiendo únicamente de un número. Las vidas de las mujeres no son estadísticas, tienen familias, hijos e hijas a quienes dejan en la orfandad”.
En el documento, las ONG mostraron preocupación por la posición del Ejecutivo que, en su opinión, lleva al Estado a ignorar “la responsabilidad” sobre la muerte de “mujeres por razón de género” y de que ninguna familia quede fracturada por un feminicidio o muerte violenta de una mujer”, expresaron.
En 2019 hubo 230 feminicidios. Un año antes, en 2018, se cometieron 383 feminicidios, mientras que en 2017 se registraron 471.
Aunque “hay una tendencia a la baja desde 2018 (…) el problema persiste, tenemos 56 familias que lloran la muerte de sus hijas”, apuntó Juárez.
Lo cierto es que, en 72 días de cuarentena, la FGR registró 2318 hechos de violencia contra las mujeres.
Deficiente papel del ISDEMU
Las organizaciones critican también el papel del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) durante la emergencia del coronavirus. Argumentan que el Estado debió proveer un plan de emergencia activado por el organismo, más con el historial de violencia que registra en El Salvador, sobre todo contra las mujeres.
Gilda Parducci, quien fue directora del ISDEMU durante algunos meses en la administración de Bukele, piensa que el accionar del ISDEMU ha sido “bastante deficiente” en el tiempo de la cuarentena al no tomar en cuenta las desigualdades estructurales que ya afectan a las mujeres.
“En la atención al problema siento que el gobierno lo está tomando como si las mujeres no corrieran peligro al quedarse en casa, cuando la cifras demuestran el peligro. ¿La pregunta que nos seguimos haciendo es qué medidas especiales se ha planteado o se van a proponer desde el Ejecutivo para disminuir o prevenir esta violencia ante un escenario como el confinamiento?”, cuestionó.
Parducci llama la atención sobre la importancia de los lineamientos que las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) ha instado a los gobiernos a cumplir para brindar medidas específicas que salvaguarden a las mujeres en momentos de confinamiento.
Entre ellas se encuentran asegurar que las líneas directas y los servicios dedicados a las víctimas de violencia doméstica sean tomando en cuenta como servicios esenciales. Ello implica que se mantengan abiertos y que los organismos de seguridad estén concienciados en la necesidad de responder a tiempo a las víctimas.
Para Parducci, El Salvador no estableció la necesidad ni la urgencia de incluir las líneas de ayuda a la mujer como servicios esenciales.
Asimismo, piensa que no se garantizaron todas las medidas de bioseguridad para que el personal que trabaja en primera línea evite contagiarse, tal como también lo aconseja ONU Mujeres.
“Como mínimo, significa asegurar que productos de higiene menstrual como compresas y tampones se encuentren disponibles para las proveedoras de cuidados y personal de primera intervención. Estos deben formar parte del equipo de protección personal”, resaltó.
Tanto las organizaciones defensoras de las mujeres como activistas en el país piden con urgencia al gobierno implementar campañas masivas para entender la violencia contra las mujeres, de la misma manera que se valora el riesgo a perder la vida por el COVID-19, tal como lo demuestran en la actualidad las cifras de feminicidio que revelan la muerte de 57 víctimas de violencia machista, asesinadas en lo que ha transcurrido el 2020.
Bajo la mirada de un enemigo inesperado
Carmen tiene 30 años y es madre de un niño de 11. Del padre de su hijo no supo nada, ella ha trabajado duro para sacar adelante a su pequeña familia.
La pandemia por COVID-19 impactó la vida de Carmen, en primer lugar, porque perdió su empleo por los recortes de personal que hubo en las pequeñas empresas. En segundo lugar, porque, al ser despedida, no pudo pagar el alquiler del lugar donde vivía y se vio obligada a volver a la casa de su padre.
“Decidí venirme a la casa de mi papá, pues él se quedaría solo. Mi hermano y su esposa compraron una casa y se iban a mudar”.
El 20 de abril, Carmen llegó a la casa de su papá acompañada de su hijo. Sin embargo, las cosas serían diferentes. “Hablaba con mi papá y vi cómo él empezó a verme con una mirada con la que jamás me había visto, tipo acosadora. Me sentí incómoda de cierta manera”, explicó.
A partir de ese momento, Carmen comenzó a sentir miedo, pero no tenía otro lugar a dónde ir con su hijo. “Me dije: Son ideas mías, es mi papá, yo soy su hija”. No obstante, dejó de usar shorts y decidió ponerse únicamente pantalones en casa.
El padre de Carmen tiene 63 años, carece de un empleo y vive de la pensión que recibe, además, hace cinco años tuvo graves problemas de alcohol.
Carmen creyó que la situación no se repetiría o al menos quiso creerlo, pero ese no fue el caso. “Pasaron los días y de nuevo me senté a conversar con él, de repente observé cómo su mirada se desviaba hacia mis pechos, me paré y me fui a mi cuarto”.
Para ese día, Carmen ya tenía una habitación y podía cerrar la puerta, pues su hermano se había ido de casa y le dejó el lugar para que se instalara con su hijo. Antes tuvo que permanecer despierta, vigilando.
“Hoy duermo mejor, las primeras veces no podía porque compartimos el cuarto con mi papá y era incómodo para mí”.
Ante esta situación, Carmen buscó ayuda con un amigo. Él le facilitó los números del Instituto Salvadoreño de la Mujer. Llamó y contó lo que le estaba pasando. “Me asesoraron sobre qué hacer en caso de que pasara algo más”.
El organismo le dio asesoría psicológica y le informó que podía volver a llamar si él se sobrepasa con ella. Sin embargo, no le ofreció un lugar para resguardarse como las Casas de Acogida porque no entraba dentro de los criterios “de mayor prioridad”, por lo que, con la ayuda de la autoridad, Carmen se convenció de que el miedo que le produce convivir en este momento con su padre biológico y de ser potencial víctima de abusos, no es tan grave.
“No, porque debería tener prioridad”, respondió. “Por suerte me explicaron que lo mío no era tan grave. Y si hubiese algún tipo de agresión física creo que sí estuviera mal, pero me puse a pensar en las mujeres que tienen problemas peores, y sí, creo son más graves si no prestan atención a esos casos”, reflexionó sin darse cuenta de que la violencia que padece no es menor a la que cualquier otra mujer.
Por los momentos, Carmen consiguió un trabajo cerca de la casa de su padre. Cuida a la mamá de una amiga. “Prácticamente no estamos en la casa. En el día trabajo donde la señora y donde mi papá llegamos solo a dormir”.
– Si tuvieras un lugar seguro donde ir ¿te irías?
-Sí, me iría urgente.
Para la activista feminista Keyla Cáceres, muchas mujeres siguen creyendo que son culpables de los hechos de violencia que padecen. En su opinión, ese en el mensaje que se siguen dando desde la sociedad machista. “Se sigue creyendo que los cuerpos de las mujeres pertenecen a los hombres y por tanto pueden tomarlos cuando quieran”.
Deudas que el Estado acumula con mujeres como Carmen
La Ley Especial Integral para una Vida libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) establece en el artículo 26 la creación del programa de Casas de Acogida, que estarán bajo la coordinación y supervisión del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. El objetivo es atender a las mujeres y su grupo familiar afectado que se encuentran en riesgo y desprotección generadas por situaciones de violencia.
De acuerdo con las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en El Salvador, el programa como se estableció en la LEIV sigue siendo una deuda pendiente con esta población.
En 2019, la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa discutió destinar 1 % del presupuesto del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) a la administración de las Casas de Acogida, como parte del debate a las reformas a la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.
No obstante, hasta el momento, El Salvador cuenta con albergues temporales a la espera de que se establezca, de forma definitiva, la puesta en marcha de estas casas, tal como lo exige la ley. Se trata de espacios físicos gratuitos, confidenciales distribuidos en todo el país, según indica el ISDEMU en su página web.
Karla Reyes, abogada y asesora de la comisión, explica que aún insisten en hacer la petición a la directora de ISDEMU, para que brinde información sobre la situación de violencia contra las mujeres en confinamiento y la atención de refugios para las víctimas.
“Ella ya ha sido invitada dos veces a la Comisión de la Mujer y ha dicho que no puede por la emergencia del COVID-19. Pidió que se le enviaran las invitaciones con 15 días hábiles de anticipación, esperamos que lleguen en esta ocasión. Se le enviará nota también al Ministro de Hacienda, solicitando informe y opinión sobre este mismo tema, por la asignación presupuestaria”, informó.
Laura Morán, abogada de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, y que acompaña la coordinación del eje “una vida libre de violencia para las mujeres”, considera urgente instalar el programa con el espíritu que se planteó en la normativa.
“Las Casas de Acogida, como tal, son una deuda desde la creación de la LEIV, con el propósito de garantizar espacios seguros a las mujeres para llegar antes o después de realizar una denuncia, brindar apoyo inmediato, cuidar la integridad física, emocional y dar la atención psicosocial”, señaló.
Gilda Parducci, exdirectora del ISDEMU, explica que esta institución, desde su creación, tuvo un albergue para mujeres que enfrentan violencia, pero que con el mandato de la LEIV sobre la creación de Casas de Acogida no se ha dado ninguna acción para la creación de más “albergues”, término con el que se trabaja desde el ISDEMU, manifestó. Es lo único que se ha hecho.
“Salvo la elaboración de los lineamientos para acreditación y funcionamientos de Casas de Acogida, en el 2013, y en ese mismo documento se trabaja una Guía de Monitoreo y evaluación para la acreditación de las casas de acogida”, detalló.
Además, explica que el ISDEMU cuenta únicamente con un albergue, el cual tiene “más o menos las funciones que se exigen para su funcionamiento”, sin embargo, no alcanza a cubrir toda la demanda de mujeres que lo necesitan en el país.
“El detalle es que la prioridad se enfoca en las mujeres que carecen de la posibilidad de un apoyo desde su familia o comunidad y que sus vidas estén en inminente riesgo, se aceptan mujeres de todo el país, lo que hace que sea muy pequeña la atención a las solicitudes de apoyo que recibe”, manifestó.
La complicada situación de los refugios en El Salvador revive los temores que dejaron caso como el de Ana Miriam González, en 2018. La mujer, de 21 años de edad, fue asesinada por su esposo cuando regresaba de denunciarlo por violencia. Ella iba a solicitar las medidas de protección que establece la LEIV, pero no fue atendida y tampoco se le brindó un lugar seguro para resguardar su vida. Dos horas más tarde fue asesinada.
Mariana Moisa, antropóloga y feminista, resalta que, cuando se niega un servicio de este tipo a las mujeres, se ejerce violencia institucional y sistemática desde el Estado.
“Hay una relación de poder patriarcal, entendiendo que el sistema está sentado sobre la base del sistema patriarcal que nos sigue viendo como ciudadanas de segunda categoría y, por lo tanto, no procuran garantizar lo que nos corresponde como mujeres”.
Carmen es una de las mujeres a las que el sistema le negó la posibilidad de dormir tranquila y segura todas sus noches, porque “su caso no era tan grave”.
“No puedo hablar con nadie, no puedo tener amigos porque mi papá se enoja, siento que sus celos son extraños, la verdad nunca se ha querido sobrepasar conmigo, pero siento que no es buena manera de comportarse con una hija”, reconoció.
Carmen espera que termine el confinamiento por la otra pandemia, buscar otro trabajo y poder pagar un lugar seguro donde vivir con su hijo. “No sé si eso sea una agresión, pero esta es mi historia”.
Tener “personas con quien contar” es clave para salir de la violencia
Un trabajo eficaz de las instituciones del Estado, romper el silencio y buscar redes de apoyo son esenciales para acabar con el ciclo
Para la psicóloga Ileana Merino, técnica de Atención a Víctimas de Violencia del programa de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS), es importante entender el trauma por el que pasan las mujeres que enfrentan violencia machista y la razón del por qué es tan difícil para ellas salir de ese ciclo de violencias.
“Cuando una mujer enfrenta violencia de género, que no es un hecho aislado, sino una violencia sistemática, se crea un trauma, una experiencia que constituye una amenaza para la integridad física, psicológica o emocional de una mujer y generalmente ella lo experimenta con mucho caos y terror porque es desconcertante, y le cuesta contarlo”, argumentó.
La violencia contra las mujeres es cíclica y generalmente contempla tres fases: acumulación de tensión, explosión y luna de miel. “Son dinámicas de relaciones donde los agresores crean un régimen de terror hacia las mujeres. Se extiende más allá de ellas cuando las aíslan de sus posibles redes de apoyo y generan terror sobre las personas que quieran acercarse”, apuntó Merino.
Sin embargo, afrontar el trauma depende de varios factores, entre ellos la capacidad de cada mujer para enfrentarse al evento traumático y reaccionar ante la violencia que vive. Merino advierte que “no todas las mujeres van a reaccionar antes de llegar a la violencia feminicida, algunas no lo van a lograr. Cada caso es particular, porque ninguna historia es igual a la otra”.
Romper el silencio, el primer paso para salir del ciclo de la violencia
Romper el silencio es fundamental, ya que es un momento clave para que una mujer tome una decisión critica que puede decidir su vida.
“Cuando conversa y comparte su experiencia de violencia eso puede traducirse en toma de decisiones. Implica para ellas revelar la situación de violencia y entenderla fuera del espacio privado, porque al narrarla deja de ser íntima”, expresó.
Por eso, cuando finalmente la mujer se atreve a hablar y denuncia, brindarle apoyo puede significar salvarla de la muerte.
La psicóloga destaca que es fundamental que todos los actores de la sociedad eviten esperar que una mujer en situación de violencia se ayude a sí misma. Exigirle que lo haga, incluso, puede ser algo cruel si no se entiende que es una víctima que no sabe pedir apoyo, añadió.
“Es importante que el Estado desde los servicios institucionales, las redes de apoyo, pero también la comunidad, así como la familia y los amigos se acerquen a la víctima y no esperar lo contrario”.
¡Tú vales y mucho!
Es importante que las mujeres se reconozcan a sí mismas como personas afectadas por la violencia. Concienciar que su situación no es normal y que dicha violencia está basada en las vulnerabilidades que padece como mujer, enfatizó Merino.
“Posteriormente, se deben buscar factores impulsores que las motiven a tomar las otras decisiones dentro de esas rutas críticas, que las ayuden a salir de la violencia”. Y esto es buscar apoyo sin dudarlo, expuso.
La especialista reitera la importancia de que esas redes de apoyo las constituyan amigas, compañeras de trabajo y todas esas mujeres que se encuentran a su alrededor, ya que son piezas claves para que puedan salir del ciclo de la violencia, recomendó.
Estas redes ─explica─ facilitarán que ellas encuentren el apoyo inmediato que necesitan. En la mayoría de los casos, cuando estas se constituyen, permiten la búsqueda de soluciones e incluso de respuestas institucionales. En el caso de El Salvador, estas instancias son la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, servicios de emergencias y organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, entre otros.
Por su parte, Silvia Juárez, abogada de Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), destaca también la urgencia de que las mujeres recuerden que su vida es lo más importante ante todo.
“Cualquier plan de vida que incluya a sus hijos, trabajo o responder a una serie de responsabilidades, nunca puede ser más importante que poner a salvo su propia vida”, dijo.
Responsabilidad del Estado y de la comunidad
La abogada Juárez explica que la responsabilidad de parar la violencia es esencialmente del Estado, porque tiene poder y recursos, pero también es una responsabilidad colectiva.
“No es posible que la comunidad sepa de la violencia y no haga nada”, cuestionó.
Por ello cree que las campañas de prevención de la violencia y atención a las víctimas también deben dirigirse a la comunidad, para que intervengan y contribuyan a detener hechos de violencia.
La abogada también exhorta a las mujeres a exigir el respeto de sus derechos al Estado para que se les garantice una vida libre de violencia. Además, las insta a hacer contraloría permanente sobre los servicios públicos de atención que se brindan a las mujeres.
Esta investigación es un proyecto trasnacional y colaborativo que se realizó en alianza con los medios Te Lo Cuento News (Estados Unidos), La Lupa (Nicaragua), Expediente Político (México), Periódico laCuerda y Asociación La Cuerda (Guatemala), La Tribuna de Todos (Venezuela), y Revista La Brújula (El Salvador).
Puedes leer la investigación completa en: https://pandemiainvisible.lalupa.press/