Foto/Reina Ponce
Por Keyla Cáceres
En el año 2013, dentro de las instalaciones del Palacio Legislativo se aprobó una nueva Ley de Partidos Políticos, la cual tenía como principal novedad el establecimiento de una cuota mínima del 30% de participación de mujeres en las candidaturas para optar a cargos públicos, tales como diputaciones y concejos municipales. Sin embargo, dicha Ley representa apenas un mínimo avance en las aspiraciones que tenemos las mujeres para participar en espacios importantes de toma de decisiones pues que exista una cuota mínima de mujeres en las planillas para elección de cargos públicos no implica que en su totalidad serán elegidas diputadas o parte de los concejos Municipales.
En ese sentido, teniendo en cuenta que todos los partidos políticos están siendo liderados por hombres, las cuotas mínimas de mujeres se cumplen únicamente para que estas instituciones políticas no sean sancionados por el Tribunal Supremo Electoral, ya que, aún con la actual Ley de partidos políticos y después de dos elecciones municipales y legislativas, posterior a su aprobación, únicamente el 10% de las alcaldías están siendo lideradas por mujeres, es decir de 262 alcaldías en el país, solo 27 tienen a una mujer al frente de la misma, mientras que 235 están a cargo de un hombre, lo cual representa una diferencia abismal en cuanto a temas de igualdad en la política.
Asimismo, en el caso de la Asamblea Legislativa, de 84 plazas disponibles, únicamente 27 son ocupadas por mujeres, es decir la tercera parte. Por consiguiente, a pesar de tener 27 mujeres tanto en las alcaldías como en la Asamblea Legislativa, no existe en discusión una agenda eminentemente feminista que contemple temas de vital importancia para las mujeres como la erradicación total de una sociedad patriarcal, la cual como sabemos, arrebata la vida de mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes a diario.
Muestra de lo anterior es que, en las pasadas elecciones, la gran mayoría de diputadas y diputados del pleno legislativo firmaron un manifiesto conservador y antiderechos, promocionado por la campaña “yo voto por valores”, por el contrario, fueron muy pocos los que se pronunciaron a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres en El Salvador.
Parte del trabajo que realizo desde hace más de cuatro años es la incidencia política parlamentaria, que implica buscar espacios para presentar o dialogar estrategias y argumentos científicos que sirvan de insumos para plantear políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva, sin embargo, en muchas ocasiones ha significado rogar literalmente, por una reunión, y al final no se logra plantear estos temas en la Asamblea Legislativa.
Un ejemplo claro de lo anterior es que nos encontramos a 10 meses de finalizar el actual periodo legislativo y no se llevó a cabo un debate por la despenalización del aborto. Asimismo, no se han tenido avances en una legislación por la educación integral en sexualidad, y hasta hace apenas un mes se retomó el estudio de la Ley de Identidad para las personas Trans en El Salvador.
Como feministas no podemos seguir pensando que con las cuotas mínimas en las planillas para elecciones obtendremos mayores oportunidades de participación política, y mucho menos que las mujeres que ya se encuentran en puestos de toma de decisión van a incorporar una agenda feminista, por lo cual, en estas próximas elecciones debemos trabajar por ser parte de los espacios de decisión, ya que, los partidos políticos no incluirán las demandas del Movimiento Feminista dentro de sus plataformas, y el Movimiento no puede seguir esperando a que sea el momento ideal (para ellos) para debatir y hablar de nuestros temas.
Las feministas necesitamos garantizar nuestros derechos desde diferentes ámbitos, las luchas en la calle y en el Parlamento no deben estar separadas, ya que si logramos unir estas dos estrategias lograremos romper el miedo al debate y obtener mejores resultados.
En este momento histórico, las feministas que hemos estado en la calle dando la batalla, también debemos estar librando las mismas luchas en el Órgano legislativo, porque es claro que el bloque antiderecho tiene sus agendas desarrollándose ahí, ya que, en las precandidaturas que hemos visto a la fecha no se tiene disposición de abogar por los derechos sexuales y reproductivos y mucho menos por la despenalización de aborto.
Algo que debemos destacar de nuestro movimiento y de lo cual estoy plenamente convencida es que hemos aprendido a hacer contraloría social de forma permanentemente, es algo que no dejaremos de hacer, aunque una de nuestras compañeras llegue a los puestos de decisión, ya que, no podemos solo votar y sentarnos a esperar que se cumplan nuestras demandas.
Hoy por hoy, no tenemos un partido feminista, un instrumento político que nazca fuera de las lógicas patriarcales, pero esa seguirá siendo la meta, este proceso solo marca un camino, pero que debemos ir revisando, cuestionando y mejorando para acercarnos a la utopía.
Al igual que lo hicimos en la academia, el arte, la ciencia y otros espacios que eran solo para hombres, tenemos que involucrarnos en la política partidaria para colocar esa voz disonante, subversiva, feminista, por lo cual, dentro de mi ética feminista jamás apoyaría decisiones que vayan en detrimento de la clase popular.
Estas elecciones deben romper la forma hegemónica en la que se ha hecho política en este país, yo particularmente quiero que se pierda el miedo de hablar de despenalización del aborto, de abogar por la laicidad y la defensa de los recursos ambientales sin tener el miedo de perder votos. Es el momento de apoyar y respaldar candidaturas abiertamente feministas, sin miedo a la crítica y los ataques de los grupos antiderechos.
Para esto es necesario que el proceso electoral 2021 encuentre un movimiento feminista cohesionado por la defensa de nuestros derechos, claras políticamente en no permitir retrocesos en lo que hemos logrado, y dispuestas a acompañar, fiscalizar el ejercicio de quienes accedan a espacios de decisión, porque es una lucha colectiva, es una lucha feminista.