Corrresponsal, Santa Marta
Este miércoles 11 de enero de 2023, en horas de la madrugada, miembros de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, irrumpieron en la comunidad Santa Marta en el departamento de Cabañas, para arrestar arbitrariamente a tres habitantes de la comunidad.
En voz de miembros de la FGR, ante la petición y exigencia de la comunidad, procedieron a dar lectura a una de las órdenes de detención en la que les atribuyen el delito de crímen de guerra, como argumento para la detención de los habitantes.
Paralelamente, este mismo día, entraron a las instalaciones de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) deteniendo a Antonio Pacheco, Director ejecutivo de la instancia social comunitaria que desde hace 30 años trabaja por la defensa de los derechos humanos de las comunidades empobrecidas y el desarrollo de las juventudes en Cabañas. También fue detenido Saúl Rivas, Abogado de la misma ONG.
Ante el hecho que aún sigue en desarrollo, la comunidad Santa Marta y ADES han hecho pronunciamiento público a través de un comunicado y denuncia urgente, en las diferentes plataformas digitales de la comunidad, así como la denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos en el departamento.
Entre las peticiones y exigencias de la comunidad está la pronta liberación de las cinco personas detenidas, así como la protección e integridad, vida y salud de las personas detenidas y un proceso transparente apegado a la ley.
Hasta el momento, los detenidos están en una de las delegaciones policiales del departamento de Cabañas, mientras que la comunidad se sigue organizando para desarrollar acciones públicas y comunitarias, y así acompañar a las personas que sospechosamente han sido detenidas, todas vinculadas con la comunidad Santa Marta.
Santa Marta es una comunidad organizada y unida, con un fuerte sentido de pertenencia y defensa del territorio. Política y socialmente, es una de las comunidades golpeadas fuertemente por la guerra civil y masacrada en múltiples ocasiones por el ejército salvadoreño en los años ochentas. La comunidad ha pedido justicia por más de 40 años por los crímenes de lesa humanidad y nunca ha sido escuchada por el Estado salvadoreño.
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