Por: Redacción/ Revista La Brújula
Un representante de Junta Directiva por el sector estudiantil en la Facultad de Ciencias y Humanidades de la UES ha sido denunciado por el delito de otras agresiones sexuales contra una estudiante. El Código Penal establece penas de entre tres y seis años por ese delito. El proceso se encuentra en fase de investigación.
A los 21 años, Estela logró ingresar a la Universidad de El Salvador (UES). Ella fue de las 1,501 bachilleres seleccionadas en la facultad de Ciencias y Humanidades, de 4,066 aspirantes, en 2019. Nunca se imaginó que en su primer año de estudios universitarios tendría que enfrentarse al acoso sexual y mucho menos que su agresor sería un representante estudiantil en Junta Directiva de esa Facultad, según relató a Revista La Brújula.
La Colectiva Feminista, junto a su equipo jurídico, acompañan brindando asesoría legal a Estela y pretenden ser querella en el proceso contra Alejandro Ramirez, estudiante de la licenciatura en Trabajo Social de la UES y, además, miembro de Junta Directiva por el sector estudiantil bajo la bandera de Reacción, una organización de la Facultad de Ciencias y Humanidades (CCHH).
De acuerdo con el testimonio de Estela, las acciones constitutivas de acoso sexual iniciaron en 2020, cuando ella era aspirante para estudiar en la UES. Ramírez le enviaba mensajes de carácter sexual y siempre buscaba momentos para estar con ella.
Pero los hechos que la llevaron a la denuncia sucedieron este año. Según relata la estudiante, Ramírez la invitó a “conocer” un local que le habían otorgado a la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social. Siendo ella de esa carrera, le pareció útil conocer dicho espacio. Pero esa solo fue una excusa. Al estar en el lugar hubo tocamientos e insinuaciones sexuales sin su consentimiento. Después de un forcejeo, Estela logró escapar. Un detalle que Estela resalta es que en el piso del local había un presevativo usado.
Ramírez no es el primer hombre denunciado por violencia de género dentro de la UES. En 2017, feministas lanzaron la campaña “Ojos en la UES”, que escaló a la destitución de Boanerges Osorto, antropólogo y docente de la Escuela de Ciencias Sociales, denunciado por una estudiante por agresiones físicas y expresiones de violencia. Tras la presión mediática, la Junta Directiva de Ciencias y Humanidades lo destituyó del cargo en 2018. Además, la investigación “Violencias contra las mujeres dentro de la Universidad de El salvador”, realizada por la Red de Colectivas Feministas en 2020, indicó que la violencia sexual, psicológica y simbólica son los tipos de violencias que más enfrentan las mujeres dentro del campus.
Las abogadas que acompañan el caso, Cindy Rivera y Carmen Martínez, reconocen que la violencia contra las estudiantes es un problema histórico. Por eso, aseguran, es importante denunciar y dejar precedentes para que las agresiones no continúen y romper con la impunidad en los casos. La denuncia fue interpuesta en la Procuraduría General de la República y fue enviada a la Fiscalía General de la República. Las abogadas, además, solicitaron a un Juzgado Especializado medidas de protección que fueron otorgadas a Estela. El delito que FGR investiga es otras agresiones sexuales, tipificado en el artículo 160 del Código Penal e impone penas de 3 a 6 años.
El que realizare en otra persona cualquier agresión sexual que no sea constitutiva de violación, será sancionado con prisión de tres a seis años. Si la agresión sexual consistiere en acceso carnal o bucal, o introducción de objeto en vía vaginal o anal, la sanción será de seis a diez años de prisión”
Denuncié hasta ahora porque ya no puedo seguir con el acoso
Estela es clara en decir que denunció porque ya no podía continuar viendo a su agresor en el campus. Cuando la UES decidió implementar la semi presencialidad este año, también obligó a las víctimas de violencia a juntarse con sus agresores. Este fue el caso de Estela, según su testimonio.
Estela comenta que se sentía perseguida en el campus, y ya no podía continuar de esta forma, por ello, denunció. Además, está convencida que no es momento de callar, “debemos levantar la voz para que a ninguna otra compañera le suceda”, afirma.
La Facultad no se ha pronunciado, sospechan que se encubre al agresor.
Diferente a las universidades privadas y a las mismas instituciones públicas, que al igual que la UES reciben fondos del Estado, la administración y funcionamiento de la única casa de estudios superiores pública está regido por un co-gobierno, consagrado en la máxima normativa interna: la Ley Orgánica, un logro de los movimientos estudiantiles históricos con la Reforma de Córdoba. El co-gobierno significa que tanto docentes, estudiantes y sector profesional no docente tienen poder decisión por la universidad pública y esta se expresa de diferentes formas, la primordial tiene que ver con elecciones de voto popular.
Si vemos a la UES como un pequeño país, estas autoridades son como las que tenemos a nivel nacional. Las Juntas Directivas de cada facultad son como los Consejos Municipales, los decanos y decanas como alcaldes. La Asamblea General Universitaria (AGU) tiene funciones como las de la Asamblea Legislativa. También está el Consejo Superior Universitario (CSU) compuesto por los decanos y decanas de todas las facultades, más la representación del sector docente y estudiantil. El Rector o Rectora serían como el presidente o presidenta de la nación.
Dirigir a esta Universidad, que en 2021 recibió $126 millones 997 mil 551 dólares para su funcionamiento, se ha convertido en un campo de batalla. Y al igual que en la política nacional, el co-gobierno ha sido señalado de padecer los mismos males, alianzas perversas que favorecen la corrupción, el nepotismo, y el uso de la institucionalidad para cubrir o validar la violencia contra las mujeres. En medio de este panorama, hay una lucha que muy lentamente se ha ido abriendo paso, la legítima demanda de las mujeres universitarias a una vida libre de violencia.
Sin embargo, esta demanda se ve traspasada por toda la dinámica política. Feministas como la Colectiva Amorales han denunciado que la violencia de género se instrumentaliza para fines políticos dentro de la Universidad.
Pese a que el caso ha sido viral en redes sociales, con diversos comunicados de la organizaciones, dentro de la UES no ha habido mayor apoyo. Una de las denuncias es que la Junta Directiva no sesiona para no abordar este punto, ya que si se comprueba el delito, Ramírez sería separado del cargo. Estela concuerda con esta versión y señala específicamente a la vicedecana, Sandra Serrano.
Este señalamiento se fundamenta en que Serrano fue apoyada por Reacción para ser Vicedecana. A partir de esos apoyos se presume existe una alianza entre la representación estudiantil de Reacción y la vicedecana. Una publicación del 21 de febrero de este año emitida por Reacción, manifiestan el respaldo político a Serrano y revela que en la Junta Directiva de esa facultad existen dos bloques. Uno liderado por el decano, Wilman Herrera, pero sin representación estudiantil y otro por la vicedecana en alianza con Reacción.
Estela dijo a Revista La Brújula que estuvo en el Consejo Superior Universitario entregando información sobre la denuncia a Ramírez y se encontró a Serrano. “Ella me dijo cosas, yo la verdad entré en pánico, no puedo decirle exactamente que me dijo porque me perdí, mis amigas me ayudaron”. Al consultarle a Serrano sobre el caso y si conocía a la víctima, dijo que no conoce el caso y tampoco a la denunciante.
La denuncia contra Ramírez pretende encontrar justicia para Estela, dicen las abogadas, lograr su destitución, pero sobre todo, incidir para que este tipo de hechos ya no continúe en la Universidad de El Salvador. “Ya no queremos que haya más víctimas”, apunta Cindy Rivera.
Desde Revista La Brújula se llamó por teléfono a Ramírez para una entrevista, pero dijo que en cinco minutos devolvería la llamada, sin embargo no lo hizo.
Las universidades otros espacios de reproducción de la violencia de género
Como Estela, hay otras mujeres dentro de la UES que han enfrentado violencia de género. Diversos estudios a nivel internacional dejan en evidencia que la academia es un lugar donde se produce y reproduce la violencia contra las mujeres. Las universidades se convierten en otro ámbito donde las mujeres son agredidas por su condición. Dejando en evidencia que se trata de un problema estructural.
Para Keyla Cáceres, de Colectiva Amorales, la violencia dentro de la UES continúa por la impunidad.
“Hace falta un castigo de parte de las autoridades a los agresores, pero como esas mismas autoridades a las que les pedimos que castiguen, prevengan y erradiquen la violencia, resultan ser también quienes agreden, esto se complica. Mientras la impunidad, el control sobre la universidad continúe en manos de personas señaladas por corrupción y agresiones las mujeres universitarias seguiremos corriendo peligro en el campus”
Cáceres también se refirió al silencio de las autoridades universitarias “Lamentablemente, las mujeres que están en puestos de toma de decisiones no tienen suficiente poder para cambiar está realidad. Por otro lado, hay personas en esos puestos que se encargan de esconder y de silenciar la violencia, me atrevo a decir que incluso personas externas a la UES”, enfatizó Cáceres.
El proceso interpuesto contra Ramírez se encuentra en etapa inicial. De ser encontrado culpable se espera que sea destituido del cargo y además que se repare a Estela.
*Estela es un pseudónimo para proteger la identidad de la víctima
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