Por Clanci Rosa
Este 17 de agosto estaba programada la audiencia preliminar por el delito de encubrimiento contra los cinco acusados en el feminicidio de Fernanda Nájera, ocurrido en diciembre de 2019. Pero dicha audiencia fue suspendida porque los abogados de la parte acusada presentaron constancias médicas por COVID-19.
María de los Ángeles es la madre de Fernanda Nájera. Desde que el cadáver de su hija fue encontrado no ha descansado exigiendo justicia, sin embargo, el proceso camina muy despacio: lleva 20 meses esperando que se haga justicia en el caso de feminicidio de su hija.
A sus 50 años, “Doña Mari”, como es conocida en su comunidad, nunca imaginó que asumiría la maternidad de su nieto Matías, único sobreviviente de este feminicidio. Con solo un año y medio de edad fue abandonado en unos cafetales por el feminicida de su madre.
El feminicidio ocurrió en diciembre del 2019, pero hasta la fecha no hay sentencia firme contra los implicados. El principal sospechoso de asesinar a Fernanda es Michael Castillo Murga, prófugo de la justicia.
Para poder asistir a la audiencia del martes, que fue suspendida por cuarta vez, María tuvo que pedirle a su mamá, otra señora de avanzada edad, que cuidara al niño. Asimismo, tuvo que contratar a alguien para que atendiera el pequeño negocio del que subsisten ella, su pareja y su pequeño nieto: una tiendita.
La desilusión de las audiencias suspendidas
El 17 de agosto, María se levantó a las 5:00 a.m. para dejar todo en orden, ya que destinaría el día completo para trámites. Esperó que su mamá llegara para cuidar a Matías y se fue al juzgado con su pareja. Estaba emocionada porque al fin la audiencia se realizaría, pues en mayo se había suspendido y se reprogramó para esta fecha. Al llegar al juzgado le indicaron que la audiencia nuevamente se había suspendido.
Desde San Salvador, activistas de la Colectiva Amorales viajaron para acompañarla. Al llegar a Santa Ana se dirigieron al juzgado, donde encontraron a María sentada en la acera, comunicándoles que otra vez la audiencia había sido suspendida. “Nos engañaron otra vez y ni siquiera avisaron, uno tiene que venir hasta aquí e incurrir en gastos”, lamentó doña Mari. Su voz estaba quebrada, entrecortada.
Las activistas le preguntaron si quería dar unas declaraciones, ella asintió. Haciendo un gran esfuerzo, se levanta. Estaba mareada. No había desayunado. Rápidamente, una de las jóvenes le ofrece ir a comprarle desayuno. “Es mentira, así no voy a comer. No puedo. Tengo un gran nudo con esto que ha pasado”, responde, mientras comienza a caminar para pararse frente al juzgado y brindar declaraciones.
“Yo les digo a los padres de familia, jueces, políticos que si un hijo de ellos pierde la vida así como la perdió mi hija, les pregunto: ¿ustedes se quedarían de brazos cruzados?. No, yo no me voy a cansar, ni voy a cruzar los brazos ante este hecho (…) ”
Declaraciones de la madre de Fernanda Nájera sobre suspensión de la audiencia. Video/Clanci Rosa
Doña Mari también está molesta porque su apoderada legal no la esperó. “Yo hubiera querido que aunque sea ella me esperara y me dijera qué sigue ahora, ¿qué vamos a hacer?”. Son las 8:45 a.m. La fiscal la cita a las 10:00 a.m. para conversar con ella sobre el caso. Tiene tiempo, acompañada por las activistas, decide ir a las oficinas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para denunciar la suspensión de la audiencia.
Al llegar, en recepción le preguntan si va a hacer una denuncia o en busca de asesoría. Ella dice que quiere denunciar. La hacen pasar únicamente a ella y afuera la esperan las jóvenes y su pareja. Ha pasado casi una hora. Una activista le escribe para recordarle que a las 10 a.m. debe ir donde la fiscal. En unos instantes sale. Al preguntarle sobre la reunión en PDDH comenta que le dijeron que ellos luchan por los derechos de todas las personas. “Tomaron la denuncia, dicen que van a investigar y que en el transcurso de tres días la señora jueza tiene que resolver, me dieron un número, dicen que quien tome mi caso se va a comunicar conmigo”.
– ¿Y le dieron el nombre de la persona que se va a comunicar con usted?
– No, porque dicen que eso lo van a ver en una junta.
– ¿No conocían aquí de su caso?
– Bien, si ya había venido una vez.
Ahora debe regresar a la fiscalía, no está lejos pero son más de las 10:00 am. En las oficinas fiscales solo reciben a doña Mari y las activistas piden que la fiscal del caso dé declaraciones. Esta reunión resulta más breve que la de la PDDH. Doña Mari comunica a las activistas que la fiscal dijo que no podía salir.
Además, le comunicó que la audiencia probablemente se reprograme para septiembre porque este mes los juzgados están llenos. Doña Mari tenía sospechas de que los abogados alegaron tener Covid, pero no sabía si habían presentado pruebas. Le preguntó a la fiscal, ella le dijo que la jueza tenía las pruebas, ella no. También le comunicó que hizo el acta para hacer saber que los testigos (de fiscalía) vinieron.
– ¿Sabe el nombre de la jueza?
– Sí. Es Paula Enríquez Olivares.
¿Desde cuándo lleva el caso?
– Hmmmm, desde que inició. Lo ha dejado guardado como dos años. Ahí porque desde los derechos humanos se le ha presionado. Porque la fui a denunciar.
¿Y usted ha hablado alguna vez con ella?
– Sí
¿Y qué le ha dicho?
– Que está en la disposición de terminar el caso. Pero que la fiscalía no le daba las pruebas. Y la fiscalía decía que ella no pedía el señalamiento de los imputados. Y hoy que están viniendo los testigos, ella (la jueza) no procede.
– ¿Por qué cree usted que esté pasando eso?
Pienso que quizás ellos están ayudando a los imputados. Como el fiscal (uno de los acusados) es abogado saben cómo detener los procesos, en cambio nosotros no, qué vamos a saber de leyes. Y a la apoderada legal poco le importa que nosotras estemos perdiendo el tiempo.
Para Guadalupe Hernández, activista de la Colectiva Amorales, este retraso en el proceso es violencia institucional al no haber una comunicación con la familia de la víctima y una forma de desgastar tanto a la familia como a las organizaciones y colectivas que acompañan.
Declaraciones de Guadalupe Hernández, Colectiva Amorales.
Implicaciones económicas y emocionales de retardar los procesos
“Para hacerle una muestra del dinero que he gastado en este proceso, le digo que cuando empezamos en 2019 yo había logrado tener una cuenta con seis mil dólares, pregúnteme cuánto tengo hoy: 10 dólares. Es todo lo que hay en esa cuenta que con un gran sacrificio había ahorrado”.
El dinero con el que cuenta doña Mari no incluye los gastos de los viajes y la atención médica para Matías, aclara. Además, cada vez que vienen a una audiencia pierde ingresos, porque debe pagarle a alguien que trabaje en la minitienda.
“Yo vendo perfumes en la tienda. Cada dólar que me llega, va para las audiencias, para tener dinero y movilizarme” dice, doña Mari.
El exfiscal, acusado de fraude procesal, delito que ha cambiado a encubrimiento, le ofreció $500 de indemnización. “Ahí lo dijo en la audiencia, a mí me dio risa y cólera porque eso no cubre ni lo que he gastado en el proceso, ni lo que gasto en el niño”. Cabe destacar que los otros imputados no han ofrecido nada.
– Después de todo el proceso, ¿cómo se va de ánimos?
– Por el suelo. Los ánimos están botados porque pienso que están jugando con nosotros y no proceden estas cosas porque los implicados son conocedores de leyes.
Aún en ese momento de desmotivación encuentra un lado positivo.
“Agradezco el apoyo moral que nos están dando las compañeras de Amorales. Imagínese si anduviera sola, me sentiría peor”. Reitera el malestar que siente con la apoderada legal. “Lamento el actuar de la apoderada. Solo le dijeron que no había audiencia, se dio vuelta y se fue. Digo yo que ella tenía que haberme esperado, decir: “esto pasó, vamos a hacer esto”, pero yo le he hablado. Ayer le llamé y no me contestó. Para mí, se me hace penoso porque no le estoy pagando, siento que no le puedo exigir. Me quedo ahí nomás. ̈
Además, le manda un mensaje a la jueza:
“Yo quisiera decirle a la señora jueza que se ponga la mano en la conciencia y que debería actuar ya. Que esto de detener las audiencias me está deteriorando más. He dejado a un lado mi salud. Aunque digo que voy a ir a chequearme nunca voy. A mí lo que más me interesaba es que se diera la audiencia, no me interesaba si me comía un pan o no.”
Desde 2019, María de los Ángeles, o doña Mari, como la llaman, libra una batalla legal en la que considera no ha tenido respaldo suficiente del Estado. Sin embargo, reafirma su compromiso de seguir luchando hasta que haya justicia por Fernanda Nájera y su nieto Matías.
Doña Mari espera sentada en la acera a activistas de la Colectiva Amorales, las únicas que la acompañan en el proceso. Foto/Clanci Rosa
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