Foto/Tomada de la cuenta de Twitter de la Asamblea Legislativa
Por Reina Ponce
¿La Sala de lo Constitucional delega al procurador inconstitucional para que tutele la cuarentena y trata de quitarnos todas las facultades para hacerla cumplir? El chiste se cuenta solo. NINGUNA resolución está por encima del derecho constitucional a la vida y salud del pueblo salvadoreño”.
El texto anterior es de un tuit publicado por el presidente, Nayib Bukele, el 15 de abril 2020, en respuesta a la resolución de la Sala de lo constitucional del 8 de abril que prohíbe las detenciones por incumplimiento de cuarentena, pero que el presidente reanudó el 11 de abril.
La Pandemia por COVID-19 ha profundizado la mala relación del presidente Bukele con los poderes legislativo y judicial. Analistas y profesionales del derecho consideran que el desacato a las resoluciones de la Sala y los mensajes que el presidente ha vertido sobre la institución debilitan el Estado de Derecho y ponen en peligro la frágil y joven democracia salvadoreña.
Erika Saldaña, abogada constitucionalista explica que los Acuerdos de Paz significaron avances, pero no se puede hablar de una total consolidación del Estado de Derecho, porque el país sigue teniendo retos.
“La situación que se ha estado dando en los últimos años, en los últimos meses solamente es reflejo de que todavía hay cierta resistencia para cumplir a cabalidad lo que establece la Constitución sobre el Estado de Derecho”, manifiesta Saldaña. Asimismo, señala que se debe seguir trabajando en la construcción de éste.
Celia Medrano, directora de programas de Cristosal, coincide con Saldaña y enfatiza que el incumplimiento de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional implica un quiebre de la frágil institucionalidad democrática del país.
“Teníamos una democracia débil que se estaba generando después de la firma de los Acuerdos de Paz, procesos para tratar de avanzar en un respeto de poderes que son la base de control entre esos mismos para evitar abusos y arbitrariedades contra la población, pero Ejecutivo ahora se ha impuesto con la fuerza militar y policial. Ni siquiera el fiscal general de la república que es otra arista de los controles entre poderes estatales y ministerios públicos, ha podido hacerse respetar ante un oficial de la Fuerza Armada.
Los enfrentamientos del presidente Bukele con la Sala y la Asamblea legislativa son conocidos a nivel internacional y han generado críticas, sobre todo por organizaciones de Derechos Humanos:
“Hay un socavamiento al Estado de Derecho, hay una falta de respeto a las funciones que son de cada poder del Estado, porque un presidente puede tomar medidas para controlar una epidemia, pero uno tiene que seguir ciertas reglas y buscar la aprobación del parlamento, del poder judicial” expresó La Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bacheleth, en un programa televisivo.
¿Qué contienen las resoluciones de la Sala que el presidente Bukele no puede aceptar?
El 14 de marzo por medio del Decreto Legislativo número 593 la Asamblea Legislativa aprobó el Estado de Emergencia Nacional por la Pandemia del COVID-19, el cual se ha prorrogado tres veces, y que tiene vigencia hasta el 29 de mayo, debido a que la Sala lo revivió en la resolución 63-2020.
Desde el 14 de marzo el país ha estado en cuarentena domiciliar obligatoria. Durante este tiempo el gobierno ha tomado medidas como el cierre del aeropuerto internacional, quedando más de 4 mil salvadoreñas/os es varados en otros países, aunque ya se inició el proceso de repatriación para algunas personas no parece ser efectivo; restricciones a reunirse, a la movilización, suspensión el transporte público, personas que violen la cuarentena son llevadas a centros de cuarentena, entre otras.
La Sala de lo Constitucional en el amparo 167-2020 del 8 de abril ordenó al presidente y las autoridades competentes elaborar un plan de repatriación y rendir un informe sobre el mismo. Al no cumplir las medidas decretadas por el tribunal, y dando continuidad al amparo, el 24 de abril prorrogó el plazo hasta 1 de mayo para que el gobierno presentara dicho plan.
También, durante este periodo de cuarentena han ocurrido vulneraciones a los derechos humanos, del 21 de marzo al 13 de mayo 2020 la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos registra 1,515 denuncias, 549 de ellas con relación a la libertad personal.
Además, 2,424 personas han sido llevadas a centros de cuarentena por supuestamente violar la cuarentena obligatoria, de acuerdo a la información de la plataforma oficial sobre la situación sobre el COVID-19 en El Salvador; pero medio de denuncias se ha conocido sobre vulneraciones a sus derechos dentro de estos lugares.
Ante este tipo de hechos del 13 de marzo al 20 de abril la Sala de lo Constitucional contabiliza 194 procesos de Habeas Corpus, 36 de amparo y 20 de inconstitucionalidad.
El 8 de abril la Sala en el Habeas Corpus 148-2020 emitió medida cautelar para el presidente de la república, PNC y la Fuerza Armada en relación al confinamiento de las personas. Dando continuidad a este Habeas Corpus, el día 15 del mismo mes la Sala emitió una serie de medidas para las mismas autoridades donde establecía abstenerse de violar derechos humanos, no realizar detenciones arbitrarias, además asignó al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos para verificar el cumplimiento de las medidas.
La Sala afirmó “las resoluciones emitidas por este Tribunal en los procesos constitucionales no son peticiones, solicitudes ni meras opiniones sujetas a la interpretación o valoración discrecional de las autoridades a quienes se dirigen, sino que se trata de órdenes de obligatorio e inmediato cumplimiento”.
Sin embargo, el presidente, Nayib Bukele, ha mostrado una negativa para acatar las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Construcción del enemigo: de las maras a las instituciones
El artículo 235 de la Constitución de la República mandata que todo funcionario civil o militar debe cumplir con las leyes, decretos, órdenes o resoluciones.
“Hay algo indiscutible en todos los gobiernos: al poder no le gusta ser controlado y cuando aparecen órganos de control como la Sala de lo Constitucional su actuar comienza a ser cuestionable” señala Saldaña.
En este sentido, Andrea Cristancho, comunicadora social y catedrática de la Universidad José Simeón Cañas, explica que en los discursos de polarización se construye un enemigo “en el país antes se hablaba de las maras y grupos al margen de la ley como el enemigo público, pero ahora discursivamente parece ser la Asamblea Legislativa, la Sala de lo Constitucional, la empresa privada, la academia e incluso la ciudadanía”.
Además, advierte que dichas prácticas se han visto reflejadas en otros países de América Latina, “es un discurso de deslegitimación de la institucionalidad, de los movimientos neo populistas donde se comienza a deslegitimar la institucionalidad, como por ejemplo cuestionar las decisiones de la Sala aludiendo a que estos magistrados impiden tomar medidas en favor de la población” comenta.
Y en un acto sin precedentes, la @SalaCnalSV le quita una facultad a la Presidencia de la República, una facultad que HAN TENIDO Y UTILIZADO TODOS LOS PRESIDENTES DE EL SALVADOR, en tiempos de emergencia.
Y lo hacen en la emergencia más grande que el mundo ha tenido en 100 años.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 18, 2020
Entre las funciones de la Sala de lo Constitucional está vigilar el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado como un Órgano y los derechos de las personas. “La Sala es el último intérprete de la Constitución y la última vía que tiene un ciudadano para que se protejan sus derechos” indica Saldaña.
En esta vía, expresa que desconocer sus resoluciones, “después de haber pasado por tantas crisis institucionales desde 2010” es muestra de un total desconocimiento sobre cómo funciona el Estado de Derecho en El Salvador o la manifestación de proteger ciertos intereses. “Podemos estar en desacuerdo pero lo que no podemos poner en duda es que las resoluciones de la Sala se tienen que cumplir” dice Saldaña.
Medrano advierte que las consecuencias del desacato pueden ser régimen autoritario sin contrapeso y que la primera que debe imponerse es la misma Sala de lo Constitucional pero “hay timidez” por parte del ministerio público para confrontar a un gobierno que tiene apoyo popular y que tiene la fuerza militar y policial.
Bukele considera como opositores a todos aquellos que no coinciden y aceptan sus decisiones y ha arremetido contra el máximo tribunal en materia constitucional y contra la Asamblea Legislativa, pues ha manifestado como “intromisión” sus decisiones.
La @AsambleaSV NO ESTÁ FACULTADA para emitir un decreto de Emergencia Nacional, si no es a petición del Presidente de la República, previo informe del Director Nacional de @PROCIVILSV.
Lo que pretenden la mayoría de diputados es una INTROMISIÓN en las facultades del Ejecutivo. pic.twitter.com/P4UbVdpmqy
— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 19, 2020
“Este día la @SalaCnalSV, cometiendo una invasión de poder, declaró inconstitucional la declaratoria de emergencia hecha por este Gobierno. Es un precedente nefasto, porque la próxima vez que ocurra una tragedia vamos a tener que esperar a los diputados”, Presidente @nayibbukele.
— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) May 19, 2020
“El problema es que al regresar de esta crisis vamos a encontrar que primero fue una serie de medidas justificadas sobre COVID-19, dejar pasar esto será dejar pasar cualquier otra cosa, después podrá ser cualquier otra razón por la que se emitan decretos y acciones violatorios a los derechos humanos y derechos constitucionales que simplemente se irán acumulando frente a las acciones que hemos permitido y que van a ir consolidando a un gobierno cada vez más poderoso” manifiesta Medrano.
“En este contexto está a prueba la institucionalidad porque hay un discurso de deslegitimar también a la Sala de lo Constitucional […] Nosotros tenemos antecedentes el 9 de febrero, pues ya hemos visto este discurso de desprecio” manifiesta la Cristancho.
Medrano comenta que si no hubiera ocurrido el 9F las decisiones del Ejecutivo en atención a la pandemia podrían ser cuestionables, pero al llevar a la Asamblea la Fuerza Armada como medida de presión para la aprobación de un préstamo destinado al plan control territorial no es la forma adecuada de gobernar indica. Además de que voceros y seguidores del presidente realizaron llamados a la insurrección popular.
“Eso es importante destacar porque da pie a una tendencia que con el argumento de proteger la salud de la población para evitar contagios masivos del COVID-19 se ha generado una serie de acciones desde el poder Ejecutivo que no nos pueden dar otra explicación de la instrumentalización y el aprovechamiento de la pandemia del COVID-19 para poder concretar esa imposición ante cualquier otra instancia”.
Al poder no le gusta ser vigilado: ataques previos a la Sala de lo constitucional
“Algunas de las últimas acciones de la Sala de lo Constitucional, ya sean sentencias en firme o la simple admisión a trámite de algunas demandas, han crispado los ánimos de altos cargos del FMLN, incluyendo al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén. Las primeras críticas del mandatario hacia la Sala tuvieron lugar el 1 de mayo, durante el acto de celebración del Día del Trabajador. A partir de allí, la maquinaria del partido de izquierda inició una campaña contra cuatro de los magistrados, secundada por un coro de funcionarios, en la que se les acusa de pretender gobernar y, en especial, de dañar al país y al pueblo salvadoreño con sus actuaciones”. Editorial de la UCA “Ante el acoso a la Sala de lo Constitucional” publicado el 29 de junio de 2015.
Los conflictos entre poderes no son nuevos- explican las profesionales del derecho- “uno de los casos fue la inconstitucionalidad de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 2006 y 2012, cuando la misma Asamblea Legislativa eligió dos veces a las y los magistrados, en ese tiempo se desató un choque de poderes y una crisis entre ambos órganos del Estado (Legislativo y Judicial)”. Manifiesta Karen Rivas, abogada de Las Mélidas.
Fuente/FUSADES.
Algunas de las resoluciones de inconstitucionalidad entre los años 2010-2013 hacia los Órganos del Estado, entre ellas las elecciones de magistrados por parte de la Asamblea Legislativa.
Pese a ello, Saldaña considera que al final prevaleció la sensatez, porque aún con los múltiples desacuerdos que tuvo la Sala con la presidencia de la República en temas transparencia, en temas electorales con el Tribunal Supremo Electoral, con la Asamblea Legislativa, con el Ejecutivo, quedó demostrado que un Estado de Derecho tiene que funcionar conforme a lo establecido en la Constitución-.
Sin embargo, Celia Medrano considera que el actual conflicto es diferente “Ha habido conflictos entre poderes, pero no teníamos antecedente reciente de que un poder dijera que va a desacatar lo resuelto por otro poder”.
Bukele en conferencia de prensa, el 20 de mayo, aseguró que interpondrá una demanda en contra de la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “por violar el derecho a la salud y la vida del pueblo salvadoreño durante esta emergencia mundial”. Esto luego que la Sala emitira medida cautelar del Decreto Ejecutivo número 18.
El Presidente @nayibbukele anuncia sobre la denuncia que se hará a la @SalaCnalSV y a la @AsambleaSV ante la @CIDH por violar el derecho a la salud y la vida del pueblo salvadoreño durante esta emergencia mundial. pic.twitter.com/nz8i3Wc12f
— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) May 21, 2020
Rivas explica que la intención del presidente es improcedente “la naturaleza misma de la CIDH es sancionar a los Estados que violen derechos humanos de las y los ciudadanos siendo que son las únicas personas facultadas a presentar la denuncia y/o organizaciones no gubernamentales”.
Impacto de las decisiones del Ejecutivo
La crisis entre los poderes también tiene un impacto en las mujeres pero sobre todo las medidas del Ejecutivo repercuten en sus vidas.
Karen Rivas de Las Mélidas afirma que durante la cuarentena no han existido medidas con enfoque de género, por el contrario se han incrementado las agresiones contra niñas, adolescentes y mujeres. Además, las mujeres se han visto afectadas en el desempleo y la carencia de ingresos, como las que laboran en el comercio informal o se dedica al trabajo doméstico,
“Las mujeres son quienes en este período están bajo la responsabilidad de asumir el trabajo de los cuidados y el apoyo con las tareas escolares de niñas y niños; provocando el incremento de las responsabilidades sin obtener remuneración” subraya.
Silvia Juárez de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) considera que las decisiones del poder público deben estar orientadas a los sectores más vulnerables.
Las mujeres representan el 52.9% de la población y el 40.8% de la población económicamente activa de acuerdo a la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de la DIGESTYC.
“A veces se ha pensado que si las mujeres del sector informal debería salir dado que no tienen que comer. ¿Qué hacen? o salen a contagiarse o se mueren de hambre en casa ¿Qué tengo elegir?» Cuestiona Juárez. Para la profesional pueden respetarse todos los derechos de manera que se permita resolver, pues el ciudadano/a no debe enfrentarse a una elección entre derechos sino que el Estado de garantizar una mejor protección a la población.
En ese sentido, recalca que la toma de decisiones debe estar orientada hacia las personas más afectadas como el sector informal y de acuerdo a ello proteger estos escenarios, verificar condiciones, ingresos, desarrollar iniciativas que favorezcan las MYPES donde están representadas las mujeres, pero por el contrario se han visto “decisiones basadas en la estructura económica privilegiada”.
El presidente aludiendo a la protección y resguardo de cuarentena ha hecho un despliegue militar y policial en el territorio nacional.
Juárez considera inadmisible el uso de la fuerza militar y de cuerpos uniformados en un escenario de crisis porque agudizan los mensajes de miedo, además de representar valores de los sistemas patriarcales y dictatoriales.
“Recordemos los escenarios de los países que han enfrentado una guerra quienes más han padecido de manera diferencial este efecto han sido las mujeres porque los valores del patriarcado están puestos, personificados en alguien que está uniformado, armado y que es hombre”.
Impacto en las elecciones 2021
De acuerdo a LPG Datos el 92.5% de la población aprueba el primer año del mandatario. Al parecer el presidente tiene gran aceptación de la población. Uno de sus elementos potenciales es el discurso del mandatorio.
Andrea Cristancho, comunicadora social y catedrática de la UCA, explica que el discurso del presidente, Nayib Bukele se basa en una hegemonía comunicacional muy fuerte insertado dentro de un esquema político caracterizado por la alta concentración del poder en el Ejecutivo y un excesivo personalismo.
“En la cultura política salvadoreña, digamos que la gente gusta o se siente atraída por un modelo personalista e incluso hiper personalista como el que estamos viviendo y eso facilita que el Ejecutivo pueda concentrar una enorme cantidad de poder” como lo muestran las encuestan, indica Cristancho.
La comunicadora expresa que en una cultura favorable a los personalistas fuertes, a los elementos religiosos y con un discurso con un líder que hable de una nación de héroes, que destaque la Fuerza Armada como una institución importante, que hable sobre temas que le afectan directamente a la población conecta con ésta. “Además porque los opositores, como los partidos políticos, que tendrían que hacer la contra hegemonía han perdido favorabilidad de acuerdo a las encuestas”.
Las decisiones que se han tomado durante la crisis sanitaria inciden en la coyuntura política como las elecciones de 2021 por la conformación de la Asamblea Legislativa. Por ello, los partidos políticos piensan en las decisiones que toman, pues cualquier actor político que se oponga a Bukele le generará costos políticos, pues el mandatario tiene mucha legitimidad y poder hegemónico añade Cristancho.
Sin embargo, el panorama está cambiando y se comienza a generar otro escenario donde los partidos políticos han frenado decisiones y propuestas del gobierno, en este ambiente está inmerso el costo político de las elecciones del próximo año.
Celia Medrano de Cristosal dice que el gobierno no ha “ocultado” que su objetivo es tener la mayoría de la Asamblea Legislativa en las elecciones del próximo año “por este camino si puede lograrlo y eso implicaría que desde la Asamblea el poder Ejecutivo podrá nombrar al presidente de Corte de Cuentas, al procurador, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general de la república generando un control total de los poderes del Estado”.
“Poco a poco irá evidenciando que no es para nada en favor de la población (las medidas) pero que probablemente la población tarde mucho en darse cuenta del error que ha implicado apoyar estas medidas y un gobierno de esta naturaleza» señala Medrano.
La noche del 22 de mayo, en un ambiente de incertidumbre en la población salvadoreña, la Sala de lo Constitucional dejó sin efecto el Decreto Ejecutivo donde el gobierno declaraba Estado de Emergencia, y llamó a los Órganos, Legislativo y Ejecutivo a dialogar entre ellos, para poder consensuar una ley en atención a la pandemia del COVID-19.
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