Organizaciones ambientalistas, religiosas, academias y liderazgos comunitarios que han trabajado en la defensa de los bienes comunes en El Salvador presentaron el Colectivo de Incidencia Ambiental Andrés McKinley.
Por. Redacción
La iniciativa surge en reconocimiento a la trayectoria de Andrés McKinley, investigador con más de 46 años de experiencia y acompañamiento a organizaciones internacionales, especializado en los impactos de las industrias extractivas, particularmente de la minería metálica. Su trabajo ha contribuido al análisis de las consecuencias sociales, culturales y ambientales en la región.
Ante la crisis climática y los problemas de acceso al agua que enfrenta el país, las organizaciones que integran el colectivo buscan impulsar investigaciones, acompañar a las comunidades y formular propuestas que contribuyan a informar a la población y a frenar el deterioro ambiental.
“Como comunidades que sufrimos día a día la escasez del agua, resequedad y que actualmente se ve en la falta de productos que no se cultivan por sequía. Consideramos que activar un movimiento ambiental ayude a que las comunidades nos manifestemos y estemos al tanto de toda la situación en la que está nuestro país en relación a todas las amenazas de minas, escasez, que directamente afecta a la población”
Según los estudios citados por el colectivo, El Salvador se encuentra entre los países de la región más expuestos al estrés hídrico. Además, advierten sobre la contaminación del río Lempa, principal fuente de abastecimiento de agua del país. De acuerdo con las cifras mencionadas, el 80 % de sus aguas estaría contaminado, una situación que representa riesgos para las comunidades que dependen de este recurso para el consumo y el riego de cultivos.
Omar Serrano, integrante del colectivo, señaló que en el país se actúa como si no existiera el cambio climático, dando permisos en zonas de recarga hídrica o áreas protegidas.
“A pesar de que la evidencia científica demuestra que el cambio climático es una realidad, hay gente que lo niega, voces poderosas en el mundo lo niega. Aquí no se ha negado, pero se actúa como que no existiera y se dan permiso en zonas de recarga hídrica en zonas de área protegida y nosotros estamos convencidos de que eso no nos va a llevar a buen término”, agregó, Serrano.
Además, señaló que los proyectos de construcción en estas zonas no deberían justificarse únicamente en nombre del desarrollo, debido a las consecuencias que pueden tener sobre los ecosistemas y la disponibilidad de agua.
Reforma forestal genera preocupación
Según datos de Global Forest Watch (GFW), presentado en 2024. El Salvador entre los años 2021 y 2024 perdió aproximadamente 85,400 hectáreas de cobertura arbórea, equivalentes al 8.6 % de la superficie que tenía cubierta de árboles en el año 2000. La pérdida de cobertura arbórea se asocia con emisiones de gases de efecto invernadero; para incluir la cifra de 39 millones de toneladas de CO₂ equivalente, es necesario confirmar que corresponde al mismo período.
En 2020, 39% de la cubierta terrestre en El Salvador eran bosques naturales y 0.48% era cubierta arbórea no natural. FUENTE: Global Forest Watch, 2024.
A este escenario se suma la reforma al artículo 12 de la Ley Forestal, aprobada por la Asamblea Legislativa en la plenaria # 131 del 21 de octubre. Los cambios permiten modificar el uso de suelo en terrenos cubiertos de árboles correspondientes a las clases VI, VII y VIII, que comprenden suelos de protección moderada, terrenos de montaña y suelos no aptos para determinados usos productivos.
Con la reforma, la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT) queda facultada para autorizar cambios de uso de suelo con fines de construcción en zonas forestales, incluidas áreas naturales protegidas, sitios Ramsar y bosques salados, según lo establecido en la disposición aprobada.
Para las organizaciones ambientalistas, estos terrenos cumplen una función fundamental en la regulación del ciclo del agua, pues la cobertura boscosa favorece la infiltración y la recarga de los mantos acuíferos. Por ello, advierten que la deforestación asociada a proyectos urbanísticos podría reducir la capacidad de los suelos para absorber agua y agravar los problemas de escasez hídrica que enfrentan distintas comunidades del país.
La incertidumbre sobre el abastecimiento de agua para más de 2,000 hogares en Apopa
Las comunidades de Valle Verde 1 y 2 de Apopa acudieron a la Asamblea Legislativa para exigir la intervención del Gobierno ante la crisis de desabastecimiento de agua que enfrentan desde hace meses por parte de la empresa privada Administradora de Pozos, Sociedad Anónima de Capital Variable (AMPO).
Las familias denunciaron que continúan recibiendo facturas de cobro por parte de AMPO pese a no contar con el servicio. Esta situación las obliga a destinar hasta $60 mensuales adicionales a la compra de fardos de agua y al abastecimiento mediante proveedores privados, un gasto que afecta la economía de los hogares.
Ante la presión de las comunidades, la empresa anunció que dejará de prestar el servicio en la zona. Sin embargo, esta decisión mantiene en incertidumbre a más de 2,000 hogares, que desconocen qué institución asumirá el abastecimiento de agua y garantizará la continuidad del servicio.
Durante la sesión plenaria, la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, solicitó que se requiriera a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) un informe detallado y un estudio técnico de factibilidad para evaluar la posibilidad de que el Estado asuma integralmente el suministro de agua y la red de distribución de estas comunidades. Sin embargo, la propuesta no tuvo resolución, ya que los diputados de Nuevas Ideas no respaldaron la iniciativa.
Estos casos evidencian los desafíos que enfrenta El Salvador en la protección de sus bienes naturales y la garantía del acceso al agua. Ambos escenarios ponen sobre la mesa la necesidad de políticas públicas que protejan los ecosistemas y garanticen el acceso al agua como un derecho fundamental para la población.