Organizaciones denuncian que la medida de liberar al 50% de las personas acusadas como colaboradoras de agrupaciones ilícitas busca el silencio de las víctimas del régimen y que asuman la culpa de un delito que no cometieron a cambio de su libertad. Lo que provocaría que no exista justicia y reparación por violaciones de derechos, en cambio, vivirían con la incertidumbre de ser capturadas nuevamente sin garantías judiciales.
Por redacción
Organizaciones conformadas por defensores de derechos humanos y familiares de víctimas del régimen de excepción señalaron que las declaraciones de Nayib Bukele sobre la liberación de 50% de las personas acusadas de colaboradoras con agrupaciones ilícitas genera impunidad y busca silenciar a las víctimas de violaciones de sus derechos.
Durante más de cuatro años de régimen de excepción, las familias y organizaciones han solicitado la libertad y justicia de personas inocentes que han sido capturadas arbitrariamente, pero no han logrado una respuesta que garantice un debido proceso. Las declaraciones de Bukele mencionaron que las personas consideradas culpables podrían recuperar su libertad bajo determinadas condiciones.
El colectivo Madres por la Libertad afirmó que las palabras de Bukele evidencia que la discusión no está centrada en reconocer a las personas inocentes. «No pedimos privilegios ni favores, exigimos derechos, justicia y el cumplimiento del Estado salvadoreño» expresaron.
Asimismo, recalcaron que esta medida lleva a silenciar las voces que han evidenciado a nivel público e internacional las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en un estado de excepción.
“Atemorizar a las víctimas para que no sigan hablando y para que no sigan denunciando, es una de las medidas que quieren imponer para recuperar la libertad” señaló Salvador Ruiz, del Comité de Familiares de Víctimas del Régimen de Excepción del Bajo Lempa.
Las familias temen que las víctimas del régimen asuman la culpa de un delito que no han cometido para obtener su libertad, pero que después sean capturados nuevamente. Este patrón se ha visto en casos que han registrado las organizaciones de derechos humanos, donde las personas han cumplido una sentencia y han sido recapturadas por el régimen.
Las organizaciones pidieron que se cumpla el debido proceso y se cumpla el derecho a la presunta inocencia, garantizando juicios justos, tribunales independientes y que las responsabilidades penales dependan de pruebas individualizadas.