La Caminata Ecológica lleva 25 años de camino, resistencia y defensa del medio ambiente, en esta ocasión, entregaron una pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa solicitando la derogación de la Ley General de Minería Metálica, pero no hubo respuesta en el pleno del órgano legislativo.
En la caminata pidieron la libertad para Alejandro Henríquez, José Ángel Pérez y Ruth López, que son criminalizados por su labor de defensa de derechos humanos.
Por: Redacción
La Caminata Ecológica conmemora sus 25 años de resistencia y defensa por el medio ambiente con la entrega de una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa, en esta solicitan la derogación de la Ley General de Minería Metálica.
“Hoy 5 de junio nuevamente nos organizamos, nos congregamos para caminar y demandar la transformación del programa económico de muerte, impulsado desde el actual gobierno, en vida”, señalaron las diversas organizaciones que junto con la Iglesia Católica han caminado por 25 años en la defensa de la Madre Tierra.
Con la reactivación de la minería metálica el 23 de diciembre de 2024, la Conferencia Episcopal presentó una demanda de derogatoria a la Asamblea Legislativa, el 18 de marzo de 2025, y que fue respaldada por 150 mil personas que rechazan la ley.
También, el 24 de marzo, organizaciones sociales y ambientales entregaron la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, acompañada con 59,906 firmas. La Caminata Ecológica solicitó que se dé por admitida la demanda y que la Asamblea resuelva apegada a derecho.
Respaldaron las luchas de las comunidades por defender sus territorios, la vida, la biodiversidad y los ecosistemas, que enfrentan un abandono de parte del Estado para el acceso al agua, suelo y alimentación adecuada.
Además, demandaron al órgano ejecutivo a que no instrumentalice las instancias del Estado para favorecer intereses corporativos particulares, reprimir y criminalizar a personas defensoras de derechos humanos como ha sucedido contra los cinco líderes comunitarios de Santa Marta, el abogado Alejandro Henríquez, el pastor José Ángel Pérez y la abogada y activista, Ruth López.
“Somos defensoras de un ambiente sano, porque nadie quiere vivir en un ambiente destruido, sin árboles, sin agua”,comentó Sara García, integrante del colectivo ecofeminista Kawoq, ante la criminalización hacia las personas defensoras, “caminar por el agua es defender la vida, no es delito”.
Asimismo, Vidalina Morales, defensora y lideresa comunitaria dijo que los 25 años por la lucha ambiental ha tenido triunfos significativos como la prohibición de la minería en 2017, pero que fue derogada el año pasado. Se refirió al difícil contexto de El Salvador, donde el Estado no garantiza los derechos humanos y donde existe incertidumbre y temor para defender derechos.
“Yo entiendo que estamos en un momento crítico, pero en medio de las crisis hay esperanza y eso nos mantiene en pie de lucha. Tenemos esperanza de que haya cambios significativos para las grandes mayorías, las y los empobrecidos”, señaló Vidalina Morales.
Sin respuesta de parte de la Asamblea Legislativa
La pieza de correspondencia fue recibida por la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, el diputado Francisco Lira y la diputada suplente Lidia Serrano, del partido ARENA.
“No ha pasado nada porque la Asamblea Legislativa se rehúsa a escuchar a la gente”, dijo Claudia Ortiz, sobre la falta de respuesta de las solicitudes de población para derogar la ley de minería.
En la sesión plenaria ordinaria N° 58, la diputada Marcela Villatoro, de ARENA, solicitó el ingreso de la pieza de correspondencia con dispensa de trámite, pero, solo hubo dos votos a favor, sin votos en contra.
La bancada oficialista y sus aliados no votaron para que la pieza ingresara al pleno.