Las organizaciones que se tomaron las calles este 9 de marzo, denunciaron que el gobierno busca “maquillar con pintura, cemento y luces led” el hambre, los feminicidios y las violaciones a derechos humanos en El Salvador. Exigieron un alto a los desalojos de vendedoras informales en el centro histórico, respuestas para las madres de personas desaparecidas, respeto a las disidencias sexo genéricas y a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Texto y fotos: Krissia Girón / Video: Karen Sibrián
Aproximadamente mil mujeres, adolescentes, niñas, periodistas, madres de personas desaparecidas, ecofeministas, lesbofeministas y diferentes colectivas y organizaciones se volcaron a las calles este sábado 9 de marzo. A 20 años del decreto legislativo que declara cada 8 de marzo como “Día Nacional de los Derechos Humanos de las Mujeres”, ellas consideran que se viven los más graves retrocesos en la historia del país, como la eliminación de la Educación Integral en Sexualidad (EIS) y Salud Sexual y Salud Reproductiva dentro de la currícula educativa y en otras instancias; las irregularidades en el proceso electoral que fraguaron un fraude; y la falta acceso a la justicia para las mujeres.
Keyla Cáceres, representante de la Asamblea Feminista, señaló los retrocesos para las víctimas de feminicidios. “Es necesario decir que se utiliza la excusa de revisión de sentencias. Existen retrocesos en el acceso a la salud sexual y reproductiva, en los espacios de acceso a los derechos de las mujeres, lo cual está relacionado a la consolidación de este gobierno y de un partido único, donde lamentablemente no existe discusión en una Asamblea que es, además, totalmente conservadora”.
Sara García, del movimiento ecofeminista, afirmó que son las mujeres las más afectadas por proyectos extractivistas. “Traemos nuestras reivindicaciones del cuerpo y los territorios. Estamos luchando en las comunidades contra los megaproyectos y sabemos que el Estado es cómplice de todas las empresas que están destruyendo, nos están despojando de los bienes comunes y por ello, traemos acá estas luchas, como mujeres organizadas en las comunidades”.
La marcha inició en los alrededores de la Universidad de El Salvador (UES) y transitó por la 25 avenida norte. Su recorrido también fue un tributo a la memoria de las y los estudiantes mártires del 30 de julio de 1975, reprimidxs y asesinadxs por la dictadura militar de la época. “Mujeres diversas, no binaries y disidencias sexuales nos hacemos presentes a las calles de San Salvador, en un lugar que guarda la memoria de estudiantes que perdieron su vida en búsqueda de libertad, autonomía y la construcción de una sociedad justa”, expresaron en su comunicado.
Las organizaciones lamentaron que El Salvador haya alcanzado la canasta básica más cara de la historia, como lo señalaron colectivos ambientalistas en 2023. Exigieron un alto a los desalojos de vendedoras informales en el centro histórico, el cual sucede en medio de un régimen de excepción donde prima, según su comunicado, la estigmatización para criminalizar a las grandes mayorías. “Mientras tanto, el gobierno busca maquillar con pintura, cemento y luces led que hoy El Salvador ya no padece de hambre, a la vez que nos quitan los frijoles para comer y para vender”.
“La estigmatización para criminalizar sigue siendo la mayor arma de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada (FAES) para capturar a toda persona que se vea sospechoso. Las madres, hoy, no solo están buscando a sus hijxs desaparecidxs por la violencia social, hoy lxs buscan porque la FAES o la PNC se los llevó y no saben donde se encuentran, un costo extra que representa un nuevo gasto económico que tienen que cubrir la mayoría de las mujeres en El Salvador”, afirmaron.
Estas fuerzas de seguridad, sentenciaron, son también uno de los principales actores que agreden a las mujeres y niñas en el país, los cuales provocan desplazamientos forzados para las víctimas. Exclamaron justicia por Melissa, de 7 años, víctima de feminicidio en una comunidad de Soyapango, hecho que sucedió bajo un cerco militar; y por una niña de 13 años del canton Mizata, en el departamento de La Libertad, sobreviviente de violencia sexual perpetrada por un militar y que, posteriormente, diputados del oficialismo negaron la vinculación del caso con el estado de excepción.
Señalaron que las familias víctimas de feminicidios continúan esperando justicia, ya que, bajo el discurso que nombra a El Salvador como “el país más seguro del hemisferio occidental”, como recientemente declaró el vicepresidente de la República, Félix Ullóa, se esconden 47 feminicidios del 2023, 9 registrados entre el 1 de enero y el 10 de marzo de 2024 y más de 5 mil víctimas de violencia sexual durante 2022, según datos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, de la Organización de Mujeres por la Paz (ORMUSA). “Las madres siguen esperando que el Estado les dé una respuesta por sus hijas e hijos desaparecidos, la madre de Carlos, Raquel, Cristina y las miles que siguen esperando. Las madres de Fernanda, Priscila, Edi, que esperan justicia para sus hijas víctimas de feminicidios y de violencia sexual. Hoy también pedimos justicia para Beatriz a quien el Estado salvadoreño le negó la interrupción de un embarazo que exponía su vida. Acompañamos a su madre en la espera de una sentencia justa por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Por otra parte, rechazaron las irregularidades cometidas por el oficialismo para fraguar un fraude electoral en las pasadas elecciones de febrero y marzo de este año. Cuestionaron el cambio de reglas de último minuto desde la Asamblea Legislativa, aprobando reformas al Código Electoral y la nueva división política del país. “(El oficialismo) se tomó el Tribunal Supremo Electoral para consolidar un país con un partido único, una visión única y una sociedad dividida por intereses de grupos económicos que respaldan el gobierno de Nayib Bukele. Para ocultar el fraude electoral, retomó una vieja estrategia usada por el fascismo a lo largo de la historia: construir un enemigo para ocultar que nos están robando las pensiones, los impuestos y solo un grupo económico se hace rico a costa del pueblo”. Por tanto, le recordaron al presidente de la República, que el enemigo no son las mujeres ni la población LGBTIQ+, “son los violadores, los feminicidas en serie que deja libre el Estado, como es el caso de Hugo Osorio, porque no olvidamos que este país sigue siendo una fosa clandestina que quedó al descubierto en Chalchuapa”.
“No dejaremos que nos roben la tierra, el agua, la vida a través del extractivismo. Nuestras demandas y luchas son históricas y nadie nos las ha regalado, todo derecho lo hemos ganado en las calles y organizadas. Estamos presentes porque el mundo guarda silencio ante el genocidio que el Estado de Israel y sus aliados lleva acabo en contra del pueblo Palestino. Nos pronunciamos por las mujeres y las niñas de la República Democrática del Congo, que están siendo expulsadas de sus tierras y violentadas ante un mundo que calla. Una vez más queremos expresar: El Salvador no es la finca de los Bukele, ni de nadie que quiera venir a tomar por la fuerza las tierras bañadas con sangre en búsqueda de dignidad y justicia. Le decimos al oficialismo en un grito colectivo: DICTADURA NUNCA MÁS”, finalizaron.