Foto/Reiny Ponce
Por Reiny Ponce
En el marco del 28 de septiembre, Día de Acción global por un aborto legal y seguro, la Asociación de Mujeres Ixchel desarrolló el conversatorio “Construyamos los espacios para la vivencia del derecho a decirdir”, actividad que se llevó a cabo en el Centro Cultural Femnista “Casa de Safo”.
Ixchel considera necesario visibilizar el 28 de septiembre, debido a que El Salvador pertenece a uno de los cinco países de América Latina que tiene penalizado el aborto en todas sus formas.
El 28 de septiembre se convierte en un día para la acción a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y para exigir el acceso al aborto legal, seguro y gratuito en todo el mundo y para todas las mujeres",
Verónica Cruz, activista feminista y fundadora de Las Libres y de redes de acompañamiento en México, relató que desde el año 2000 aborda los temas sobre la discriminalización y desestigamatización social del aborto, experiencia que compartió como panelista del conversatorio.
Algo diferente que hemos hecho en México es nunca dejar las calles, las comunidades, nunca dejar de luchar a pesar de todas nuestras diferencias entre nosotras mismas, por eso creo que hemos logrado que la población tome el derecho al aborto. Hemos construido el derecho colectivo al aborto y dejado esa idea clásica de que el aborto es un derecho individual o un problema de las mujeres. El aborto es un problema social”,
Por su parte, la colectiva Ixchel demanda al Estado salvadoreño el acceso al aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres, la eliminación de los estereotipos de género y el reconocimiento de las mujeres como sujetas de derechos. Asimismo, insta a erradicar todas las violencias hacia las mujeres y brindar educación sobre salud sexual y reproductiva. “El acceso al aborto no es un problema de las mujeres, es un problema social con cargas negativas, que también le corresponde a la sociedad erradicarlo”, dijo Elizondo.
Cruz planteó que el Estado es el que debe garantizar los derechos, pero que, ante esta falta de la garantías para las mujeres en derechos universales como la salud, las redes de acompañamiento son una respuesta no estatal a un problema social.
Cuando se restringen los derechos, en este caso, el derecho al aborto se pone en riesgo la salud, libertad y vida de las personas, especialmente de las mujeres, por eso cuando la sociedad toma en sus manos el garantizar derechos, no está cometiendo ningún delito. Tenemos que poder traducir este tema de la criminalización como un delito o como algo ilegal porque es un derecho a la salud, es un derecho universal”.
