Dos años después del feminicidio de la lideresa comunitaria Rosa Elvira, el sistema judicial salvadoreño emitió una condena en ausencia contra su agresor. Sin embargo, la sentencia llega sin captura. En esa misma semana, la Asamblea Legislativa ratificó las reformas penales que avalan la cadena perpetua en El Salvador, en medio de cuestionamientos sobre la eficacia real del sistema penal.
Por. Redacción
El pasado 21 de marzo de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la condena en ausencia de Edwin Antonio Cáceres Ramírez por el feminicidio agravado de Rosa Elvira . Sin embargo, a pesar de la sentencia, el hombre no ha sido capturado.
La resolución judicial llega en un contexto marcado por el endurecimiento del sistema penal. El 26 de marzo, la Asamblea Legislativa ratificó la reforma penal que permite la cadena perpetua en El Salvador, una medida presentada -según los legisladores- como respuesta de justicia a los altos niveles de criminalidad. Pero casos como el de Rosa Elvira evidencian una tensión de fondo: la imposición de penas más severas frente a las limitaciones para garantizar justicia efectiva.
Rosa Elvira Flores tenía 47 años y era una lideresa comunitaria del cantón Santa Isabel Ishuatán, Sonsonate. Desde su comunidad, acompañaba procesos organizativos y formaba parte del trabajo territorial impulsado por organizaciones de mujeres. Su vida transcurría entre ese compromiso y su familia, con quienes vivía en una finca que cuidaba como hogar.
Su caso no solo significó la pérdida de una defensora, sino que también expuso los riesgos que enfrentan las mujeres que lideran en contextos rurales. A dos años, este hecho adquiere un nuevo peso: mientras el Estado apuesta por el aumento de las penas, la ausencia del condenado plantea preguntas sobre la capacidad real de las instituciones para garantizar justicia, especialmente en los casos de violencia contra mujeres.
De acuerdo con la FGR, Edwin Antonio Cáceres Ramírez fue condenado a 75 años de prisión por el feminicidio agravado y desaparición de Rosa Elvira Flores. Las investigaciones señalan que el hombre la habría citado luego de que ella retirara dinero de una entidad bancaria, en el lugar le robó el dinero y sus pertenencias. La autopsia reveló que la víctima tenía un golpe contuso, estableciendo así la causa de muerte.
Según la acusación fiscal, tras los hechos abandonó el cuerpo en un cañal del municipio de San Julián y posteriormente huyó del país por un punto ciego para evadir la justicia. La sentencia fue emitida en ausencia por el Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana. Hasta la fecha, el condenado no ha sido capturado.
La condena en ausencia fue incorporada en 2022 tras un reforma al Código Procesal Penal que permite a los tribunales emitir sentencias aun cuando la persona acusada no se encuentre presente. Aunque esta figura ha sido impulsada como una medida para evitar la impunidad, especialistas y organizaciones señalan que no resuelve uno de los principales problemas del sistema de justicia: la incapacidad de capturar a los responsables y garantizar que las condenas se cumplan.
A diferencia de lo que suele asumirse en este tipo de casos, Cáceres era una persona de confianza de la familia, que realizaba viajes frecuentes desde el cantón Atiluya donde vivían hacia San Julián y Sonsonate, mencionaron sus compañeras del Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM) que conocían y articulaban talleres junto a Rosa Elvira en los territorios.
Sin embargo, señalan que el proceso también ha estado marcado por estigmas y obstáculos institucionales. Cuando la familia denunció la desaparición, recuerdan, la respuesta inicial fue que Rosa Elvira “quizá se había ido con alguien”. Mientras que, a las representantes del Movimiento la Fiscalía les cuestionó por haber difundido la alerta de desaparición, bajo el argumento de que esto habría “contaminado” la investigación.
Nosotras esperamos que la policía, los investigadores en realidad se esfuercen por capturarlo y porque esta condena sea una realidad. Porque condenar y no agarrarlo, no está pagando nada de todo lo que hizo”
Los límites de un sistema que prioriza el castigo en el discurso
Para la Asamblea Feminista, el caso de Rosa Elvira no puede leerse de forma aislada, sino en el contexto de las políticas de seguridad que el Estado ha impulsado en los últimos años. Desde esta perspectiva, señalan que el énfasis en el endurecimiento de las penas —como la reciente ratificación de la cadena perpetua— responde más a una lógica punitiva que a una estrategia integral para prevenir la violencia contra las mujeres.
“Se sigue apostando por aumentar las condenas, cuando ya existen penas sumamente altas, pero no se está resolviendo lo más básico: investigar de forma adecuada, proteger a las víctimas y evitar que estos hechos ocurran”, apuntan.
En la plenaria 103, la Asamblea Legislativa ratificó una reforma al artículo 27 de la Constitución de la República para permitir la aplicación de la cadena perpetua «a los homicidas, violadores y terroristas». Esta modificación implica un cambio en uno de los principios históricos del sistema penal salvadoreño, que hasta ahora establecía un límite máximo de años de prisión.
Para su implementación, la reforma deberá articularse con cambios en la legislación secundaria, como el Código Penal y el sistema penitenciario, donde se definirán las condiciones concretas de aplicación, cumplimiento y posibles revisiones de la pena. En la práctica, especialistas han señalado que esta medida no necesariamente transforma el panorama actual, donde ya existen condenas que superan los 300 años de prisión mediante la acumulación de delitos.
El Movimiento Salvadoreño de Mujeres y la Asamblea Feminista advierten que este tipo de medidas puede generar una sensación de respuesta estatal frente a la criminalidad, pero no necesariamente impacta en la reducción de la violencia ni en el acceso real a la justicia.
En ese sentido, insisten en que casos como el de Rosa Elvira evidencian la necesidad de fortalecer la prevención, la atención temprana y los mecanismos de búsqueda, especialmente en contextos rurales donde las mujeres enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.
