ADES Santa Marta y organizaciones del movimiento social denunciaron que se está implementando una estrategia dilatoria en el caso de los cinco líderes comunitarios de Santa Marta.
El Juzgado de Sentencia de San Vicente nuevamente suspendió la audiencia de vista pública y reprogramó para 26, 27 y 28 de mayo.
Pese a la dilatación del proceso, las organizaciones y Santa Marta seguirán luchando por la libertad de los líderes y la defensa del territorio ante la minería metálica.
Por: Ana Gómez
ADES Santa Marta y organizaciones sociales y ambientalistas denunciaron que existe una estrategia dilatoria en el proceso judicial de los cinco líderes comunitarios de Santa Marta y ADES, con el fin de perjudicar la lucha que mantienen contra la reactivación de la minería metálica.
El Juzgado de Sentencia de San Vicente notificó en la tarde del martes 8 de abril, la suspensión de la audiencia de Vista Pública que estaba programada para el 9, 10 y 11 de abril, debido a problemas logísticos en la asignación del espacio físico en el Centro Judicial de Segunda Instancia en San Salvador.
Esta no es la primera vez que se suspende la audiencia. El 3 de febrero, el Juzgado de Sentencia de San Vicente la suspendió. Además, manifestaron que realizar el proceso judicial nuevamente, cuando ya tuvieron una sentencia de sobreseimiento definitivo, es parte de la criminalización y estrategia para desgastar el tiempo y energías de la comunidad Santa Marta, ADES y de las organizaciones del movimiento social.
La audiencia se reprogramó para los días 26, 27 y 28 de mayo. “Tenemos este caso abierto para que estemos ocupados y las empresas mineras no tengan resistencia en los territorios” señaló Alfredo Leiva, de la comunidad Santa Marta y miembro de la dirección de ADES Santa Marta.
El aviso del Juzgado de Sentencia de San Vicente llegó a última hora, lo que provocó problemas para las representaciones diplomáticas y organizaciones sociales que estaban en el país para participar como observadores del proceso judicial.
Alfredo Leiva indicó que la suspensión de la audiencia puede estar motivada por el pronunciamiento de las organizaciones ante la participación del juez Hugo Flores, del Tribunal de Sentencia de San Vicente, en la que solicitaron renunciar al caso y no participar en el proceso judicial de los cinco líderes comunitarios.
El juez Hugo Flores perteneció a la Guardia Nacional durante el conflicto armado, lo que representa una falta de imparcialidad para la toma de decisiones en el caso.
“Tiene implicaciones éticas y conflicto de interés porque es un ex guardia nacional que está juzgando a excombatientes que participaron en el conflicto armado”, dijo Leiva.
Señalaron que continúa el uso del aparato judicial para la criminalización de personas defensoras ambientalistas y de derechos humanos debido al interés del gobierno en la reactivación de minería metálica, concretando el pasado 23 de diciembre de 2024.
Vidalina Morales, de Comunidad Santa Marta y ADES afirmó que pese a la dilatación del proceso, seguirán en la lucha por la libertad de los líderes comunitarios y al mismo tiempo en la defensa de los territorios de la minería metálica.
“La resistencia y las expresiones se visibilizan aún más […] hay más acuerpamiento, es una lucha que la siguen abrazando las juventudes, las mujeres, los medios de comunicación”, manifestó Vidalina. «Vamos a seguir luchando por defendernos de los intentos de destrucción de cualquier forma de vida en nuestros territorios”.
En los últimos tres meses, las expresiones organizativas han realizado acciones concretas para detener la reactivación de la minería metálica como la entrega de 150 mil firmas de la Iglesia Católica a la Asamblea Legislativa y las 60 mil firmas de las organizaciones en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, no se ha tenido respuesta por parte de las instancias correspondientes.