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Representantes de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador advierten sobre los retrocesos en la búsqueda de justicia para las víctimas de la guerra y denuncian los intentos por borrar la memoria histórica del país.
Por. Eugenia Olán
La Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador, en el marco del 33º aniversario de los Acuerdos de Paz, exigió al Estado salvadoreño investigar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los doce años del conflicto armado.
Asimismo, recordaron que la creación de la Policía Nacional Civil tuvo como objetivo principal garantizar los derechos humanos de la población; sin embargo, en los últimos años, los cuerpos de seguridad han sido utilizados para amedrentar y acosar a voces disidentes del discurso oficial.
Entre las instituciones creadas tras la firma de los Acuerdos de Paz se encuentra la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), cuyo propósito es controlar el ejercicio del poder público, actuar ante violaciones a los derechos humanos, erradicar las raíces del autoritarismo y democratizar la administración estatal. No obstante, los representantes de la comisión lamentaron que, en la actualidad, el trabajo de la PDDH es prácticamente inexistente, y su postura frente a las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Ejecutivo y otros funcionarios deja mucho que desear.
Después de tres décadas, podemos afirmar que la implementación de los Acuerdos de Paz fue truncada y que existe un rompimiento del orden constitucional”
defensores de derechos humanos
Además, señalaron que el actual gobierno no ha ratificado el Protocolo Facultativo contra la Tortura, cuyo objetivo es promover la participación de entidades gubernamentales, la PDDH, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales como las Naciones Unidas, para verificar posibles casos de tortura en los centros penales del país.
“¿Por qué no se emite? Porque se sabe que se están cometiendo violaciones a los derechos humanos en los centros penales. Los informes presentados por las organizaciones el año pasado así lo evidencian, pero la respuesta de este gobierno ha sido negar toda la información disponible. Actualmente, las autoridades están replicando prácticas de represión y detenciones similares a las de hace más de 30 años. La población vive con miedo porque la política de seguridad, basada en el régimen de excepción, que inicialmente buscaba erradicar las pandillas, ahora también violenta a cualquier persona que contradiga el discurso oficial”, denunciaron.
En el informe titulado “De la Locura a la Esperanza: La guerra de 12 años en El Salvador”, elaborado por la Comisión de la Verdad para El Salvador como parte de los Acuerdos de Paz, se reconoció el derecho de las víctimas y sus familiares a un resarcimiento moral y material, así como a conocer la verdad, esclarecer los hechos y exigir justicia por las graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, a pesar del compromiso asumido, han transcurrido 33 años desde la firma de los Acuerdos de Paz y el país aún carece de una Ley de Justicia Transicional.
En mayo de 2024, el diputado Caleb Navarro, del partido oficialista Nuevas Ideas, archivó la propuesta de Ley de Justicia Transicional con unanimidad de votos de la bancada oficialista. Esto ocurrió en la primera sesión de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, bajo el argumento de que los expedientes no cumplían con las exigencias de la nueva comisión.
Frente a esta situación, las organizaciones defensoras de derechos humanos aseguran que seguirán luchando para que El Salvador sea un país donde nadie sea perseguido y criminalizado por pensar diferente o exigir justicia.