La Ley de Minería aprobada establece que el Estado será el único para explorar, exportar y extraer riquezas naturales, a través de instituciones o de sociedades con participación accionaria. El dictamen favorable se aprobó en la Comisión de Turismo, Tecnología e Inversión, sin consultar a expertos u organizaciones ambientalistas que han investigado los impactos de la minería en El Salvador. Organizaciones sociales se manifestaron, previamente a la plenaria, para exigir a los diputados no derogar la Ley que prohíbe esta industria, aprobada en 2017.
Por: Ana Gómez, Krissia Girón, Eugenia Olan, con reportes y fotos de Fátima Cruz
Con 57 votos a favor, las y los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la Ley General de Minería Metálica, la cual establece la regulación de los estudios de reconocimiento, exploración, explotación y extracción, procesamiento y comercialización de actividades extractivas, según el art. 1 de la ley.
La ley deja en manos de la Dirección General de Energías, Hidrocarburos y Minas la regulación de estas actividades. Además, delega al Ministerio de Medio Ambiente y a la Autoridad Salvadoreña del Agua, la vigilancia de las condiciones medioambientales y preservación del recurso hídrico.
El artículo 6 de la Ley de Minería expresa que el Estado “será el único autorizado para explotar, extraer y procesar las riquezas naturales del país, producto de la minería metálica, a través de instituciones específicamente creadas o a través de sociedades en la que posea participación accionaria”. Para ello, el Estado y dichas sociedades no requerirán el otorgamiento de concesión ante la Asamblea Legislativa. Esto último fue duramente criticado por la diputada de ARENA, Marcela Villtoro.
El proyecto se aprobó en la sesión plenaria 36, a pesar de no haber sido consultado previamente con la población, con expertos ni con organizaciones de la sociedad civil. Este fue dictaminado favorablemente el sábado, en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión.
La diputada Cesia Rivas, de VAMOS, destacó que la ley fue aprobada sin consultar a la población ni a las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos medioambientales, durante la Comisión del pasado sábado.
Asimismo, la diputada Marcela Villatoro, de ARENA, instó a los diputados de Nuevas Ideas a no comparar la implementación de la minería en otros países, señalando que en El Salvador ya enfrentamos un grave problema hídrico.
Hace siete años, la población salvadoreña, organizaciones ambientalistas y comunidades organizadas lograron la prohibición histórica de la minería en el país.
Fue una lucha de 12 años con el único objetivo de proteger los bienes naturales y la vida de la población, logrando el retiro de las empresas mineras en los territorios.
Con la derogación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, la cuál tuvo vigencia por menos de una década, las comunidades nuevamente se enfrentarán a proyectos mineros, que en el pasado, representaron un peligro para la integridad y vida de las y los defensores.
“Tiro de gracia para el agua y el ambiente en El Salvador”
Previo a la sesión, diversas organizaciones de la sociedad civil realizaron un plantón frente a la Asamblea Legislativa para exigir que no se apruebe la ley, debido a los impactos ambientales, especialmente en los recursos hídricos.
“Como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, El Salvador es un país donde la minería es inviable. Por eso ahora estamos aquí, no venimos a pedirle a nadie, venimos a exigirles que no deroguen la ley que por consenso nacional se aprobó en 2017”, dijo Vidalina Morales, lideresa de Santa Marta y miembra de ADES.
“Que no se nos olvide que quien promovió esta iniciativa fue el presidente de la República. Quiere consolidarse como uno de los más poderosos de este país. Los y las legisladoras deben recordar que El Salvador tiene compromisos internacionales con los derechos humanos, que son progresivos, no regresivos”, expresó Amalia López, defensora de derechos humanos.
Al cierre de este año, el país enfrenta problemas ambientales como las minas transfronterizas, contaminación de agua, deforestación, permisos ambientales para proyectos extractivos, el aumento de crisis hídrica y climática. La minería se suma a la larga lista de problemas que ya enfrentan las y los salvadoreños.
“Son responsables de destrucción del medio ambiente, desplazamiento de la población, generan conflictos. En la región centroamericana tenemos más de 30 conflictos ambientales relacionados a empresas mineras”, comentó Pedro Cabezas en una conferencia de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica.
Asimismo, la percusión a personas defensoras ambientales y de derechos humanos persiste. Pese a este panorama, las organizaciones y comunidades han expresado que continuarán con la lucha por la protección de los bienes comunes.