Bajo la energía de Ce, Acat, comunidades indígenas conmemoraron 532 años de resistencia y dignidad desde la invasión española, denunciando siglos de incumplimiento a sus derechos y violencia estatal. Exigen el respeto a sus territorios, autonomía y la aplicación de convenios internacionales que garanticen su bienestar y justicia.
Por: Fátima Cruz
Con el permiso de sus ancestros y siguiendo el calendario Nahuat, pueblos indígenas conmemoraron 532 años desde la invasión española. Señalaron que su lucha por la defensa de sus territorios ha perdurado más de 2,500 años, resistiendo a colonizadores europeos hasta la represión estatal a lo largo de la historia, como ocurrió en 1932 durante la insurrección indígena.
Las comunidades denunciaron que el Estado salvadoreño ha heredado estructuras coloniales que siguen oprimiendo a los pueblos originarios, incumpliendo la promesa de proteger sus derechos y garantizar su bienestar. «A menudo somos invisibilizados o marginados», expresaron, destacando que, pese a las promesas gubernamentales, estas rara vez se cumplen, beneficiando en su lugar a grandes corporaciones que afectan sus territorios.
Hacen un llamado urgente a detener la expansión de megaproyectos como hidroeléctricas, plantas solares, aeropuertos y cultivos industriales los cuales, aseguran, desplazan a las comunidades indígenas y ponen en peligro sus formas de vida. «Estos proyectos avanzan sin consulta y sin considerar el impacto que tienen en nuestras poblaciones”.
“Demandamos un desarrollo basado en la consulta a las comunidades afectadas, protección del medio ambiente y patrimonio cultural. Externamos a la comunidad. Internacional la realidad actual de proyectos como las hidroeléctricas, las urbanización, el aeropuerto del Pacífico y la destrucción del Cerrito, Valle del Ángel, plantas fotovoltaicas, expansión de la caña de azúcar están devastando nuestro entorno y desplazando a nuestras poblaciones. Seguimos luchando por la defensa de nuestros territorios y recursos naturales frente a estas amenazas «, afirmaron.
Entre sus demandas, destacan la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la aplicación del Convenio 107 para la protección de las comunidades indígenas y la reparación de las víctimas. También, exigen la creación de un Fondo Indígena Nacional que destine el 1% del presupuesto público a acciones de reparación, así como una comisión que investigue los crímenes cometidos durante el genocidio indígena de 1932 y la revisión de leyes que todavía vulneran sus derechos.
«Es urgente la autonomía de los territorios indígenas y la defensa de nuestras tierras frente al turismo y otros intereses privados», subrayan en su manifiesto. Además, proponen la creación de un Consejo Nacional de Tierras Comunitarias para garantizar el acceso justo a la tierra.
Extendieron un llamado de unidad a los pueblos indígenas a nivel local e internacional para fortalecer la resistencia conjunta. «Solo mediante una acción colectiva podemos enfrentar las amenazas que este sistema representa para la humanidad y la supervivencia de nuestras culturas ancestrales», concluyeron.
Poblaciones ancestrales denuncian violaciones a DDHH
Comunidades indígenas denunciaron violaciones de derechos que continúan viviendo, vinculadas a la herencia colonial, la criminalización de sus pueblos y la devastación ambiental.
Entre los testimonios, que dieron a través de un micrófono abierto, cuestionaron la permanencia de símbolos como las estatuas de Cristóbal Colón y la Reina de España, argumentando que perpetúan la opresión y el colonialismo en un país independiente, comparando esta situación con la colocación de monumentos que honran a genocidas. “Ahí están las estatuas de Cristóbal Colón y la Reina de España los que asesinaron a millones de personas”, expusieron.
Las comunidades denunciaron que el régimen de excepción impuesto por el gobierno ha afectado a los pueblos indígenas y sus jóvenes, señalando que las autoridades judiciales y policiales actúan en conjunto para encarcelar a sus familiares inocentes, que califican como una violación de derechos humanos y capturas de personas inocentes. “No sabemos nada de ellos, ni cómo están y es cruel porque (el presidente) no se toca el corazón. Que el presidente ponga en libertad a nuestros hijos porque son inocentes”, afirmaron.
Además, las comunidades denunciaron el saqueo del Cerrito de Quezaltepeque, una fuente vital de agua para más de 3,000 personas. La minería extractivista ha devastado el área por más de 50 años, afectando tanto el ambiente como la salud emocional y física de las personas, generando pobreza y migración. Pidieron al gobierno y al Ministerio de Medio Ambiente detener estas actividades y proteger sus recursos naturales.
Destacaron la importancia de respetar las particularidades culturales de los pueblos indígenas, especialmente en el oriente del país, donde se subrayó que no se pueden imponer dinámicas culturales o educativas de otras regiones. “No se puede generalizar una realidad desde una parte del Salvador para meterla en otra que no cabe”.
Pidieron al Ministerio de Educación incluir la diversidad cultural en sus planes para evitar la pérdida de la identidad local. “Nosotros somos lencas y hablamos la lengua potón”. “El oriente necesita una mirada desde los pueblos indígenas. Desde la educación, con pequeños detalles, se puede promover el respeto por las culturas indígenas”, afirmaron.
Se cuestionó la influencia del capitalismo y el neoliberalismo que promueven valores materialistas y controlan a la población a través de la alienación cultural. Las comunidades resaltaron que sus luchas por la paz y la justicia no son actos terroristas, sino esfuerzos por preservar la vida, la dignidad y el medio ambiente. “Nosotros protegemos la tierra porque respetamos el medio ambiente”, enfatizaron.
Al finalizar, expresaron su orgullo por su identidad indígena, señalando que los verdaderos guardianes del medio ambiente son los pueblos ancestrales, en contraste con los gobiernos y empresas que devastan al mismo. Este llamado buscó visibilizar las luchas ancestrales por la dignidad y el respeto hacia las comunidades y continuar reivindicando su derecho a vivir en armonía con su territorio y sus tradiciones.
