El acceso al aborto en El Salvador es una de las grandes deudas históricas de nuestra democracia.
Por Keyla Cáceres
En 2023, 55,097 salvadoreños y salvadoreñas cayeron en la pobreza, un incremento del 2.9% respecto al año anterior. La pobreza en el país sigue creciendo, y la criminalización absoluta del aborto impacta de manera desproporcionada a las mujeres y personas gestantes en condiciones de vulnerabilidad. Es crucial comenzar esta columna con este dato, porque la desigualdad económica y la falta de acceso a derechos reproductivos están profundamente entrelazadas. Desde 1998, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto ha documentado 199 casos de mujeres criminalizadas debido a la ley penalizadora, todas ellas viviendo en pobreza o en situaciones de extrema precariedad.
La penalización absoluta del aborto solo representa un retroceso en la garantía de derechos. En El Salvador, como país, no avanzaremos mientras tengamos políticas y leyes como el régimen de excepción, la negación del acceso a la educación integral en sexualidad, y mucho menos al criminalizar la pobreza de diversas formas. En 2023 cerramos con dos victorias para el movimiento feminista: una fue la libertad de todas las mujeres que el Estado salvadoreño había criminalizado tras sufrir una emergencia obstétrica; la otra fue el juicio que se llevó a cabo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado salvadoreño por someter a tortura a Beatriz, una mujer que solo pedía vivir.
En 2024, en medio de la instalación de una dictadura conservadora, claramente alineada con todos los grupos de ultraderecha que se oponen a los derechos que todas las personas debemos tener, hemos conocido casos como el de Dina, una mujer con un embarazo de alto riesgo que fue capturada bajo el régimen de excepción. A raíz de la falta de garantía del derecho a la salud, su embarazo no terminó como lo presentan los anuncios publicitarios de la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, con su ley «Nacer con Cariño».
Dina, al igual que otras mujeres, ha perdido a sus hijxs debido a la falta de garantías de derechos humanos, principalmente el derecho a la salud. Las infancias víctimas del régimen de excepción que han muerto en manos del Estado no cuentan con la protección del derecho a la vida que, supuestamente, resguarda la penalización absoluta del aborto. El Salvador protege la vida de un feto que se alimenta de cuerpos gestantes con carencias, con poco o nada para comer, y sin las condiciones necesarias para gestar sin riesgos.
Cuando el embarazo llega a término, el Estado lo olvida, los antiderechos no se preocupan, todxs esos diputados que se niegan a discutir técnicamente la legislación desaparecen en la protección de la vida de lxs infantes, un recién nacidx ya no cuenta para ser protegido con el fervor de los grupos de ultraderecha, y mucho menos por la Primera Dama Gabriela, el funcionariado de Nuevas Ideas o la bancada oficialista.
Este 28 de septiembre de 2024 también nos encuentra con una nueva víctima de la criminalización absoluta del aborto. Se ha registrado el caso de una mujer de 19 años, víctima de una ley absurda que la está condenando por pedir ayuda al sistema de salud pública, un sistema que carece de insumos, personal y medicamentos. Un sistema que, en definitiva, no está bien, pero que insiste en incumplir protocolos. Esto sucede a pesar de que el Estado salvadoreño ya fue encontrado culpable de criminalizar a mujeres por emergencias obstétricas, como en el caso de Manuela.
Estamos lejos de ser un país desarrollado porque tener desarrollo significa brindar dignidad a las personas que habitan en un país. En los últimos años, lo único que nos ha quedado claro es que a este gobierno inconstitucional lo único que le interesa es recordarnos que ser pobre está mal, que es sospechoso, y que no merecemos la mínima oportunidad de tener las garantías que todxs lxs seres humanxs deberían tener.
Como movimiento feminista sabemos que cuando se trata del derecho a decidir, nos topamos con una pared impuesta por las élites que deciden sobre nuestros cuerpos desde las leyes. Pero, para nosotras lo más importante han sido las transformaciones culturales. Nuestra apuesta ha sido avanzar en la práctica de nuestras vidas. Sabemos que las leyes norman el pensamiento desde las élites, pero nosotras apostamos por desmontar las prácticas culturales y convertir el derecho a decidir en un derecho en la vida de las comunidades.
No vamos a esperar a que nadie nos diga: «Aquí está una propuesta para despenalizar el aborto», porque ni las mismas diputadas que se autodenominan oposición en este contexto político han sido claras en decir que no están dispuestas a acompañar ni a las feministas ni a las víctimas de la penalización absoluta del aborto.
El camino es largo, pero sabemos que ningún derecho sobre nuestros cuerpos ha sido regalado, y la lucha no ha sido fácil ni antes, ni mucho menos hoy. Pero nos acompaña la memoria de Beatriz, Manuela, Claudia y todas las víctimas de la penalización absoluta del aborto que nos heredó la democracia salvadoreña.
El aborto es un derecho humano, y las feministas, las niñas y toda la población salvadoreña lo sabemos: una ley no norma nuestro pensamiento.