La histórica carga de los cuidados ha recaído y desbordado a las mujeres, una realidad que la reciente Política Nacional de Corresponsabilidad de los Cuidados busca cambiar. La Red por la Corresponsabilidad de los Cuidados en El Salvador considera fundamental que esta política no solo sea aprobada, sino que también esté debidamente financiada y que las instituciones responsables de aplicarla estén organizadas para garantizar su efectividad.
Revista La Brújula conversó con Montserrat Arévalo de Mujeres Transformando y Karen Ramirez de Provida que plasman el poscionamiento de la Red sobre la politica, su financiamiento, sus inquietudes y la corresponsabilidad de los cuidados.
Redacción: Fátima Cruz
Audiovisual: Karen Sibrián
Según una publicación del Ministerio de Cultura, se estableció en El Salvador la Comisión Interinstitucional de Cuidados, que tiene como objetivo implementar la Política Nacional de Corresponsabilidad de los Cuidados. Esta busca garantizar el derecho a recibir y brindar cuidados con calidad, igualdad y no discriminación, promoviendo la dignidad y autonomía hacia un Sistema Integral de Cuidados en El Salvador.
Carolina Recinos, comisionada presidencial, expresó en ese momento que con la Política buscan incorporar a las mujeres a los trabajos de cuidados pero con remuneración.“Tenemos que estructurar cadenas de valor, de trabajo, de incorporación de todas esas mujeres cuidadoras que han estado alejadas de la vida productiva y muchas van a ser las mejores calificadas dentro de la currícula para que ellas puedan prestar los servicios, pero ya con remuneración”.
La Comisión Interinstitucional de Cuidados incluyó, en ese espacio, a integrantes del Gabinete de Bienestar Social y representantes de la Fundación Matia, quienes discutieron la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida.
La política, aprobada en 2023, se alinea con el Plan de Desarrollo Social 2019-2024 y el Plan Nacional de Igualdad 2021-2025 y sus líneas estratégicas buscan redistribuir las responsabilidades de cuidado entre el Estado, empresas, comunidad y hombres, reconociendo que estos han recaído mayormente en las mujeres, perpetuando desigualdades. Hasta 2030, la política implementará una estructura de gobernanza y acciones estratégicas para mejorar la sostenibilidad y efectividad de los cuidados.
Montserrat Arévalo explicó que la Política Nacional de Corresponsabilidad de los Cuidados es un avance significativo. Considera que también se ha logrado o impulsado por el movimiento feminista, que ha trabajado para visibilizar las condiciones desiguales que enfrentan las mujeres con las tareas de cuidado. Un hito importante en este proceso es la aprobación de la política, que incorpora reivindicaciones históricas de las mujeres trabajadoras. “La nueva política busca corregir esta inequidad, asegurando que este tiempo no perjudique sus prestaciones futuras. Algunas habremos tenido solo un hijo, pero quienes han tenido tres o cuatro, al final es como un año menos de cotización.”, dijo.
Además, la política incluye promover la ratificación del Convenio 189 sobre Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos de la OIT y desarrollar la armonización de la normativa relacionada. Este convenio se centra en los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, un avance significativo para este sector históricamente desprotegido, afirma Montserrat.
Algunas intervenciones de la politica son ampliar progresivamente la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de cuidado de las personas que se encuentran en situación de dependencia, incrementar y mejorar la infraestructura de los centros de cuidados para niñez y adolescencia, personas en situación de discapacidad y/o dependencia, en corresponsabilidad con los gobiernos municipales, el sector privado y organizaciones sociales, reconocer y valorar el empleo de los cuidados como trabajo decente remunerado y socialmente protegido como sector dinámico y moderno de la economía de servicios.
Por otro lado, la política contempla fortalecer el marco normativo y las políticas públicas que promuevan la corresponsabilidad social de los cuidados y promover el cumplimiento de las prestaciones sociales en instituciones públicas y privadas. También, reconocer buenas prácticas que vinculen la corresponsabilidad social y de género de los cuidados a la productividad laboral.
En este sentido, las líneas de acción de la política buscan que exista una corresponsabilidad en el cuidado. Pero, ¿en qué consiste esa corresponsabilidad? Para Montserrat es fundamental entender y abordar la distribución equitativa de las tareas de cuidado entre diferentes actores sociales. Históricamente, el cuidado ha sido una carga impuesta en su gran mayoría o exclusivamente sobre las mujeres, asumidas por el mandato de deber por ser mujeres y por amor a sus familias.
Esa obligación genera una desigualdad persistente en la distribución del trabajo no remunerado y genera un ahorro económico considerable para el Estado, las empresas, la comunidad y los hombres (relegando a mujeres a trabajos con menor remuneración o sin ella). Oxfam Internacional expone que las mujeres y las niñas cargan con la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerado, haciendo más del 75% de estas tareas a nivel mundial. Este trabajo consume 12.500 millones de horas diarias. Si se les pagará el salario mínimo, su contribución a la economía mundial sería de al menos 10,8 billones de dólares anuales, triplicando la industria tecnológica global. En todo el mundo, el 42% de las mujeres no puede trabajar en empleos remunerados debido a responsabilidades de cuidado, frente al 6% de los hombres. Del total de 67 millones de empleados domésticos en el mundo, el 80% son mujeres, y el 90% de ellas carecen de acceso a prestaciones de seguridad social y trabajan sin límite de horas.
Ante esta desigualdad y obligatoriedad, la corresponsabilidad implica que este cuidado debe ser compartido no solo entre los miembros del hogar, sino también con la empresa privada, hombres y el Estado. «La corresponsabilidad tiene que ver con el involucramiento de otros actores en las tareas del cuidado, que históricamente se han asignado a las mujeres. No es justo ni sostenible que esta carga recaiga únicamente en las mujeres.» explicó.
Según Montserrat, este trabajo invisibilizado y no remunerado beneficia a las empresas al mantener a su fuerza laboral en condiciones óptimas sin que estas tengan que invertir en ello. Señaló que las empresas deben invertir en sistemas de cuidado dentro de sus espacios laborales y facilitar la conciliación para sus empleadas y empleados. Además, mencionó que la falta de infraestructuras adecuadas como guarderías y centros de cuidado para personas mayores o enfermas, añade una carga adicional sobre las mujeres.»La empresa tiene responsabilidad a través de generar inversión en este sistema del cuidado dentro de sus espacios.».
En este sentido, la Red aboga por una inversión significativa por parte del Estado, las empresas y las comunidades para crear estos espacios necesarios. Señalan la importancia de que todos los sectores involucrados asuman su parte de responsabilidad. En muchos hogares, son las mujeres quienes se encargan de que los miembros de la familia estén bien alimentados, con la ropa limpia y sin preocupaciones adicionales, permitiendo así que los hombres acudan a sus trabajos sin distracciones, enfatizó.
Desafíos en la implementación de la política de corresponsabilidad
Aunque la reciente aprobación de una Política Nacional de Corresponsabilidad de los Cuidados representa un avance, existen preocupaciones sobre su enfoque y ejecución. “Realmente la corresponsabilidad de los cuidados como nosotras la concebimos no se evidencia fuertemente en la política. Hay vacíos y preocupaciones.», mencionaron. Montserrat Arévalo y Karen Ramirez explican que desde la Red se observa un énfasis excesivo en la profesionalización del cuidado, lo cual podría llevar a una privatización de estos servicios, marginando aún más a las mujeres que no pueden acceder a una certificación profesional. » La certificación podría excluir a mujeres de áreas rurales o con menos educación, que no podrían seguir trabajando si no cumplen con los requisitos”, mencionaron.
La política cita que el Ministerio de Economía (MINEC) y Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) son las instituciones responsables de promover la creación de pequeñas y medianas empresas, así como sistemas de cooperativas de la economía del cuidado; y que el Despacho de Comisionada Presidencia para Operaciones y Gabinete de Gobierno (DCPOGG) y la Comisión Intersectorial son responsables de diseñar una estrategia de formación para personas cuidadoras en el ámbito familiar.
Mientras que en el apartado de estrategias de implementación, el documento menciona que se deben desarrollar procesos de formación y capacitación que contribuyan a la profesionalización y certificación de quienes trabajan de forma remunerada en este sector, con el fin de aumentar sus capacidades laborales, salarios y productividad». Pero, la política no menciona plazos exactos para definir estas acciones, solo señala la progresividad en su aplicación.
La Red de Corresponsabilidad de los Cuidados insiste en la necesidad de incluir a las mujeres que históricamente han asumido estas tareas sin remuneración ni reconocimiento, como aquellas que dejaron sus estudios para cuidar a familiares. Es por eso que la Red considera que la política debe reflejar acciones concretas que apoyen a estas mujeres y no sólo a las que pueden profesionalizarse. Al respecto la política describe que se debe de diseñar una estrategia de formación para personas cuidadoras en el ámbito familiar.
En este sentido, califican como insuficiente el enfoque en mujeres cuidadoras no remuneradas ya que consideran que la política no refleja adecuadamente las necesidades de mujeres que cuidan sin remuneración, como las que han dejado de estudiar o trabajar para cuidar familiares y eso podría excluir a las mujeres más vulnerables, especialmente en áreas rurales.
Karen mencionó que otros vacíos importantes que han identificado, tienen que ver con la territorialización y el financiamiento, especialmente en áreas rurales y con las mujeres más vulnerables. La política propone mecanismos de implementación que dependen de instancias públicas, pero hay preocupación sobre cómo se financiarán estas acciones. «La política dice que será financiada con ingresos corrientes del Estado y proyectos de desarrollo social, pero hay dificultad para identificar mecanismos claros de financiamiento», agregó. Existen muchas dudas sobre cómo se implementará la política a nivel territorial, especialmente considerando la reciente reducción de municipios y la transición en las instancias públicas.
Al respecto, la política cita que la financiación de las acciones estará incluida en el presupuesto de cada institución encargada, es decir más de 20 instituciones ejecutoras estratégicas deberán contemplar incorporarla a sus presupuestos. Menciona que eso requerirá un análisis interno para ajustar los presupuestos y asignar los fondos necesarios para las acciones prioritarias de la política. El presupuesto gubernamental se podrá reforzar con fondos de cooperación y otras fuentes de financiamiento. Las instituciones podrán gestionar financiamiento en coordinación con las instancias de cooperación del país. También, se promoverá la participación del sector privado, academia y organizaciones de la sociedad civil bajo un enfoque de corresponsabilidad social y de género, detalla la política.
En este punto no hay un lapso de partida en la política para que las instituciones inicien a incorporarla en sus presupuestos pero sí menciona que cada año deberán hacerlo. Respecto a la cooperación, asocios y alianzas menciona que se desarrollará una estrategia, pero no especifican cuándo se presentará o desarrollará la misma.
Por otro lado, la Red observa que el involucramiento de los hombres es insuficiente en las tareas de cuidado debido a la falta de normativas específicas que promuevan la corresponsabilidad masculina en estas actividades. Aunque la política reconoce el papel central de los hombres en los sistemas integrales de cuidado, como un factor indispensable para lograr el desarrollo sostenible y busca eliminar la sobrecarga injusta que recae sobre niñas y mujeres, no incorpora intervenciones específicas o acciones dirigidas a hombres. Solo se menciona la palabra hombres en una línea de intervención: actualizar la currícula educativa para fomentar la corresponsabilidad de cuidados entre mujeres y hombres con hijos e hijas y personas dependientes.
Propuestas de la Red para mejorar la política
La Red ha identificado varios vacíos en la política actual y propone que se consulte y colabore con organizaciones que han trabajado en el tema para fortalecer o superar los vacíos de la política. «Es importante que se nos tome como referente para acompañar y fortalecer esos vacíos que hay para incorporar aspectos que han quedado sueltos.», destaca Karen.
Además, la Red destaca la importancia de mecanismos claros de financiamiento y territorialización de la política. Consideran esenciales la construcción y mejora de infraestructuras de cuidado, así como el apoyo a las mujeres cuidadoras. “Es vital que estas estrategias se diseñen para ser inclusivas y accesibles para todas las mujeres, especialmente aquellas en zonas rurales con menos oportunidades de profesionalización”. Karla destaca la importancia de que la gestión del conocimiento y la profesionalización de los cuidados sean inclusivas y no segmentadas para que todas las mujeres puedan beneficiarse.
La corresponsabilidad no sólo es un tema de equidad de género, sino también de justicia social. La crisis del cuidado afecta desproporcionadamente a las mujeres, particularmente a aquellas en situación de vulnerabilidad. Los datos muestran que el 21.4% del tiempo de las mujeres se dedica a trabajos no remunerados en el hogar, comparado con una fracción significativamente menor para los hombres.
Para superar esta crisis es clave que la corresponsabilidad sea vista como un derecho fundamental. Todos los actores, incluyendo al Estado, la empresa privada y la sociedad, deben involucrarse activamente. La corresponsabilidad en el cuidado no es solo una obligación de las mujeres; es una responsabilidad compartida que necesita ser abordada de manera integral para lograr una sociedad más equitativa y justa. «La crisis de cuidado tiene varias aristas, incluyendo la carencia de instituciones de formación sobre el tema de corresponsabilidad y la falta de normativas que promuevan la corresponsabilidad de los hombres.», agregó.
La crisis de cuidado se agrava por la falta de normativas que promuevan la corresponsabilidad de los hombres. El tema de la paternidad irresponsable es relevante porque, según registros, los padres regularmente no cumplen sus obligaciones de cuidado en los hogares. Esta falta de responsabilidad contribuye a la brecha de género y a la desigualdad económica que enfrentan las mujeres. Las demandas de cuota alimenticia en la Procuraduría General de la República por paternidad irresponsable reflejan esta realidad.
Sin embargo, estas cuotas suelen ser insuficientes y no cubren los gastos reales. Así, no solo hay una falta de ejercicio de la paternidad dentro de los hogares, sino también una negación de las responsabilidades paternas incluso cuando ambos padres están presentes. Es por eso que la Red señala que debe de existir mayor involucramiento de los hombres en las políticas de corresponsabilidad .
Para finalizar, Karen y Monserrat indican que la Red por la Corresponsabilidad de los Cuidados juega un papel crucial en monitorear y promover la implementación de esta política. Su labor incluye sensibilizar sobre la necesidad de que los cuidados sean una corresponsabilidad compartida entre hombres y mujeres, así como entre la empresa privada, el Estado y la comunidad. Concluyen que desmontar la concepción de que los cuidados son exclusivamente una tarea que se le atribuye a lo femenino es fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa.
Por esto es necesario que el Estado garantice, a través de políticas públicas, las condiciones necesarias para el cuidado a lo largo de toda la vida, liberando a las mujeres de esta carga que limita su acceso a la educación, el trabajo remunerado, el descanso y el ocio. La corresponsabilidad de los cuidados es un tema de derechos humanos y justicia social, y es esencial que todos los actores involucrados asuman su parte.
