Diversos grupos condenaron la instalación del segundo gobierno de Nayib Bukele, calificando de ilegal e inconstitucional. Son 6 artículos de la Constitución salvadoreña que prohíben la reelección presidencial de forma consecutiva. Las organizaciones, en varios puntos del territorio salvadoreño y en otros países, incluidos Estados Unidos y Colombia, se unieron para denunciar violaciones a los derechos humanos y la falta de políticas en beneficio del pueblo salvadoreño.
Redacción
El 1 de junio, frente a la Universidad de El Salvador, representantes de movimientos y organizaciones sociales expresaron su rechazo a la toma de posesión de Nayib Bukele, calificando su segundo gobierno de ilegal e inconstitucional. La crítica se centra en las violaciones a los derechos humanos, la represión de personas y la falta de políticas en beneficio de la población salvadoreña. Expresaron que, en cinco años, se ha instaurado un gobierno de facto que ha causado graves perjuicios a diferentes sectores del país.
Las acciones de rechazo se realizaron en otras ciudades de Estados Unidos, como Washington y Miami, así como en otros países, como Colombia y México. También se llevaron a cabo actividades descentralizadas en El Salvador para denunciar la situación, incluyendo foros y colocación de mantas en departamentos como La Paz, Chalatenango, Morazán y San Vicente.
Las organizaciones reiteran que no reconocen a Bukele como presidente debido a que el proceso electoral fue fraudulento y violatorio de la Constitución de la República, la cual prohíbe la reelección presidencial consecutiva en al menos 6 de sus artículos. Además, consideran que la toma de posesión fue un fracaso debido a que la presencia de mandatarios de la región fue mínima. Esto, aseguran, subraya el carácter ilegítimo del gobierno de Bukele.
Representante del sector sindical, destacó la arremetida contra las y los trabajadores, que incluye acciones como despidos masivos, los cuales suman más de 21,000 empleados de diversas instituciones públicas. También, denunció la persecución contra líderes sindicales y trabajadores que han alzado la voz para exigir sus derechos, destacando que muchos han sido encarcelados injustamente por exigir el pago de salarios atrasados.
“Desconocemos a Bukele como presidente ya que su elección estuvo basada en un fraude. Este gobierno ha sido un desastre para las clases trabajadoras, con despidos masivos y una represión directa al movimiento sindical”, expresó.
Por su parte, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular señaló la presencia de figuras controvertidas, como el mandatario argentino Javier Milei, a quien declararon persona no grata debido a sus políticas de destrucción institucional, su respaldo a regímenes autoritarios, acusaciones de racismo, machismo, misoginia, su política de hostilidad hacia la diversidad sexual, sus alianzas con el imperialismo norteamericano y su asociación con la ultraderecha argentina e internacional, de ideología fascista.
Además, denuncian que su visita representa el proyecto político de Nayib Bukele, al que describen como un «proyecto de muerte» que retrocede 40 años en la democracia salvadoreña y resulta en presos políticos; además, Milei ha respaldado al régimen de Israel y su implicación en políticas genocidas contra Palestina. Declaran que ni Bukele ni Milei son dignos representantes de los pueblos que luchan y resisten en la región, y expresan solidaridad con los movimientos que enfrentan gobiernos neoliberales y fascistas de ultraderecha.
Representante del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, hizo hincapié en la violación a la autonomía de la Universidad de El Salvador y la persecución contra estudiantes y académicos. Declaró que “la deuda de 56 millones de dólares con nuestra universidad y los intentos de controlar su presupuesto son muestras claras de un gobierno que ataca la educación pública”.
“Este gobierno representa un proyecto de muerte y represión, retrocediendo 40 años en nuestra democracia. La resistencia y la lucha pacífica seguirán siendo nuestras herramientas”, concluyeron.
La conferencia finalizó con un llamado a la comunidad internacional para que tome una postura firme en defensa de los derechos humanos en El Salvador y apoye las demandas de las organizaciones sociales que buscan justicia y libertad para el pueblo salvadoreño.