La audiencia se reanudará este 10 de abril, donde esperan se emita un fallo favorable para los cinco líderes. La comunidad Santa Marta y organizaciones afirman que esta persecución no busca la verdad ni la justicia, sino debilitar la resistencia comunitaria.
Por: Eileen Díaz
“Este país está bajo una amenaza latente de hacer proyectos de toda índole para enriquecimiento de unos pocos y empobrecimiento de los ya empobrecidos, de nuestras comunidades y el deterioró del medio ambiente, creemos en la legitimidad de la lucha, por eso exigimos a la señora de jueza de Sensuntepeque que desestime ya, que pare ya”, exigió Vidalina Morales, presidenta de ADES y referente de la Mesa Frente a la Minería Metálica en El Salvador.
Previo a la audiencia preliminar contra los 5 líderes de Cabañas, que inició el pasado 3 de abril, en un acto de solidaridad y apoyo a la lucha por la justicia y la libertad, diversas personas, organizaciones e instituciones, tanto nacionales como internacionales, se reunieron para exigir la liberación definitiva para los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador y ADES argumentaron que no existen pruebas sólidas que respalden las acusaciones contra los detenidos. A pesar de un año de investigaciones, la Fiscalía General de la República no ha logrado presentar evidencia concreta, basándose únicamente en el testimonio contradictorio de un “testigo cuestionado”.
Además, consideran que el caso es jurídicamente inadmisible, debido a que la acusación por crímenes de lesa humanidad es incompatible con las definiciones internacionales establecidas. Aseguran que se debe tomar en cuenta la prescripción del caso, según la legislación penal vigente y en la cobertura proporcionada por la Ley de Reconciliación Nacional, que se ha restablecido tras una sentencia de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía. Con respecto a esto, Alfredo Leiva, directivo de ADES, expresa que se ha utilizado una ley “obsoleta y además no se ha logrado sostener por la fiscalía que en realidad sea un crimen de guerra o de lesa humanidad, mucho menos que los compañeros hayan participado”.
Creemos en la legitimidad de la lucha, por eso exigimos a la señora de jueza de Sensuntepeque que desestime ya, que pare ya”.
Las organizaciones también denunciaron la instrumentalización del sistema judicial para perseguir penalmente a los líderes comunitarios, quienes han estado involucrados en la defensa del medio ambiente y los derechos de las comunidades frente a proyectos prohibidos por ley. En el comunicado se señala que esta persecución no busca la verdad ni la justicia, sino debilitar la resistencia comunitaria. La demanda de las organizaciones, destacaron, no sólo busca la libertad de los detenidos, también reconoce la importancia del activismo social en la defensa de los derechos humanos y ambientales, los cuales se quieren debilitar.
“Las expresión de solidaridad y apoyo internacional muestra la legitimidad de la lucha que hemos venido liberando en años, por eso nos queda más que claro con la presencia de los medios y el seguimiento de los organismos internacionales. Hoy muchas organizaciones de todo el mundo tienen la mirada en este caso contra los líderes de comunidad santa marta y por eso mismo, la misma relatora de las Naciones Unidas ha pedido que este caso finalice, esos llamamientos nos llenan de esperanza”, mencionó Vidalina Morales.
Finalmente esperan que la jueza de instrucción de Sensuntepeque, María Elizabeth Amaya Rivera, considere estas demandas y actúe en consecuencia para poner fin a las injusticias y restaurar la dignidad y la libertad de los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES.