En el marco del Día Mundial del Agua, la Red Nacional de Juntas de Agua y el Foro del Agua en El Salvador presentaron los resultados del estudio Impactos de la Ley General de Recursos Hídricos en la Gestión Comunitaria del Agua, Estudio de Casos. La investigación recopila los impactos de la Ley General de Recursos Hídricos y evidencia que su aplicación está beneficiando a las empresas y coloca en desventaja a las juntas de agua.
Por Fátima Cruz
La Red Nacional de Juntas de Agua y el Foro del Agua en El Salvador realizaron una evaluación sobre los impactos de la Ley General de Recursos Hídricos en la gestión comunitaria del agua, tras un año y ocho meses desde su entrada en vigor.
Se ha entrevistado y se han hecho talleres con Juntas de Agua que son parte de las redes de los sistemas comunitarios de agua, representan a más de 2.325 juntas en nuestro país. Ellas son las que abastecen a más del 25% de la población salvadoreña, sobre todo rural y otras también abastecen a las comunidades urbanas
Alejandro Henríquez, representante de la Red Nacional de Juntas de Agua, enfatizó la situación crítica que enfrentan las comunidades ante la aplicación desigual de la ley. «La aplicación sesgada de la Ley General de Recursos Hídricos beneficia a las empresas y pone en riesgo la gestión comunitaria del agua en El Salvador.»
Según la investigación, la legislación favorece a los intereses de las empresas sobre las juntas de agua comunitarias. En este sentido, alrededor de 18,740 empresas están registradas en el Registro Nacional de Recursos Hídricos, y se les han emitido permisos de exploración y explotación de agua, lo cual ha llevado a la perforación de pozos cercanos a fuentes utilizadas por las comunidades. Por otro lado, solo 420 juntas de agua se han registrado, de aproximadamente 2.325 a nivel nacional.
Además, mencionan que el proceso de registro impuesto por la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) es complejo y desigual, poniendo en desventaja a las juntas de agua frente a las empresas, lo que definen como un tema estructural. En este sentido, el registro de recursos hídricos se presenta como un proceso fácil pero en realidad es problemático para las juntas de agua, según los resultados de la investigación. La burocracia exige requisitos como la propiedad del terreno donde se encuentra el pozo, lo cual es difícil para las comunidades. Mientras tanto, la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) emite permisos de uso y explotación sin fundamentos técnicos, beneficiando a las empresas y perjudicando a las juntas de agua. Esto recuerda a la historia de despojo de tierras a los pueblos indígenas en 1881. A pesar de que la Ley General de Recursos Hídricos contiene elementos que podrían beneficiar a la gestión comunitaria del agua, su aplicación sesgada favorece a las empresas, evidenciando una situación grave y desigual.
Para registrar el pozo pide que tenga la propiedad entonces, ¿cómo van a registrar el pozo? Si no tienen la propiedad en word, o sea se están aplicando un procedimiento en inscripción igual para dos partes totalmente desiguales. No se puede aplicar los mismos criterios para las empresas como para la Junta de Agua, ya que estas tienen bastantes debilidades producto del abandono del Estado y atraviesan bastantes problemas estructurales. Recordemos lo que dijo ANDA en el catastro: cerca de un 1,200,000 de personas reciben servicios de agua por parte de juntas de agua, con categorías C y D. Lo anterior, implica que necesitan hacer una inversión fuerte para funcionar bien, tienen que tener plantas de tratamiento, plantas de potabilización, plantas de captación, tienen que tener una inversión fuerte. Entonces vemos dos partes totalmente desiguales.
Además, rechazaron todo acoso de la ASA dirigido a las Juntas de Agua. Gloria Cruz, representante del Foro del Agua, enfatizó la necesidad de que la ASA cumpla su obligación de proteger el derecho humano al agua, garantizando la prioridad del uso del agua para consumo humano y doméstico. También, se exigió un proceso de registro más accesible y transparente.
La falta de participación ciudadana en la gestión del agua también fue destacada, señalando que la Ley no reconoce ni fomenta adecuadamente la voz de las comunidades en la toma de decisiones. En este caso, explicaron que dentro de la ASA este es un tema crucial, pero en la práctica de la Ley que la regula no se cumple efectivamente. Es decir, aunque se reconoce la importancia de la participación ciudadana en la gestión del agua esta participación es limitada y poco efectiva. Explicaron que si bien hay un representante de la sociedad civil en la ASA, éste debe ser especialista en asuntos ambientales, lo que dificulta la representación de las comunidades rurales que usualmente operan las juntas de agua.
La Junta de Agua, que usualmente o la mayoría opera en poblaciones rurales, tiene difícil acceso. De hecho, la mayoría de la población rural únicamente llega a octavo grado o séptimo grado, con base en ese dato yo les pregunto: ¿será que eso es abrir las puertas a la junta de agua? Vienen de poblaciones históricamente excluidas y que el Estado no se ha preocupado por mejorar las condiciones de educación, eso cierra un espacio.
Ante esto, expresan que se genera exclusión y abre la puerta a la influencia de empresas privadas que buscan beneficiarse del recurso hídrico. Además, la gestión de cuentas no contempla una participación significativa de las Juntas de Agua en la toma de decisiones, lo que refleja una falta de reconocimiento de su importancia en la gestión del agua. En este sentido, la participación de las juntas de agua en la gestión del agua es mínima, lo que evidencia deficiencias en el sistema actual.
Las organizaciones muestran que existe una situación crítica en la gestión del agua en El Salvador y que requiere acciones urgentes por parte de las autoridades para garantizar el acceso equitativo y sostenible al recurso vital, como reformar algunos aspectos de la ley.