Mujeres las más afectadas por despidos en el sector público, denuncian organizaciones

La Mesa Permanente por la Justicia Laboral condenó los despidos de cientos de mujeres trabajadoras de Municipalidades por supresión de plaza, la creciente cantidad de víctimas de acoso laboral y sexual a causa de jefaturas e incluso compañeros de trabajo, los desalojos de vendedoras informales que han sufrido amenazas y persecución por parte de Cuerpos de Agentes Metropolitanos (CAM) y, recientemente, los casos en el sector salud donde seis mujeres embarazadas fueron excluidas de la renovación del contrato de trabajo por interinato.

Las organizaciones de la mesa expusieron los casos de violaciones a derechos laborales que han acompañado en los últimos años. Uno de ellos son los despidos de las extintas secretarías de Inclusión Social; Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, Técnica y de Planificación, la de Gobernabilidad y la de Vulnerabilidad, las cuales fueron eliminadas en 2019 por el Consejo de Ministros del Presidente Nayib Bukele. En su primera sesión, este consejo por unanimidad, tomó el acuerdo de reformar el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo en varios de sus artículos para eliminar las secretarías antes mencionadas y dar vida a dos nuevas: la de Comercio e Inversiones y la de Innovación.

Ante el cierre de las instituciones, un aproximado de 21,000 personas han sido despedidas de 2019 a la fecha, el 60% de estos casos son mujeres que recibieron cartas de cesación de empleos y cuyos despidos no siguieron el debido proceso.

Para Teresa Hernández, representante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), quienes han acompañado durante dos años el reinstalo de empleados de la secretaría, es preocupante que las instituciones que deben velar por un debido proceso no presenten el interés para solventar las demandas de las personas en los diferentes sectores de trabajo. “Tenemos 12 órdenes de reinstalar y no han sido acatadas, no hay interés para tutelar los casos, la Fiscalía General de la República que fue desde un inicio la responsable de investigar esos despidos no da una respuesta”, expresó. 

Las mujeres trabajadoras que fueron removidas de sus cargos en junio de 2019, mencionaron que la supresión de plazas provocó precisamente que, con base a ese mecanismo ilegal, terminarán contratos sin el pago de indemnización porque, según las instituciones, no contaban con un presupuesto. Sin embargo,  meses después aparece una nueva instancia retomando las funciones.

Otro de los casos presentados por la Mesa es el de la Alcaldía de Soyapango. En junio de 2023, se registraron 173 mujeres despedidas, quienes fueron removidas de sus cargos sin el debido proceso, pues reciben la notificación por una persona externa que no se identifica y les exigen firmar.