Por: Carolina Vásquez
Las personas con discapacidad en El Salvador hemos realizado una histórica lucha por el reconocimiento y defensa de nuestros derechos; lucha que ha generado avances, no tan acelerados como quisiéramos, pero al final avances, los cuales han sido el resultado del esfuerzo y dedicación de hombres y mujeres que han perseverado por años en sus acciones para construir una sociedad inclusiva.
Una de las grandes conquistas de las organizaciones de personas con discapacidad fue la formulación y aprobación de la actual Ley Especial de Inclusión para Personas con Discapacidad (LEIPCD), que fue aprobada en 2020 y entró en vigencia en 2021. La Ley responde a las necesidades específicas que como sector hemos identificado, pero también contiene las acciones que responden de manera inclusiva, eficiente y efectiva a dichas problemáticas.
Lamentablemente todo ese esfuerzo y trabajo dedicado a la formulación de la LEIPCD ha sido invisibilizado y anulado, no solo por el retraso para la eficiente implementación de la ley; sino por la sorpresiva e inconsulta Propuesta de Reforma, impulsada por el gobierno actual, el día martes 27 de junio.
¿Por qué no hubo un pronunciamiento inmediato?
A pesar de que tanto, la versión original, como la propuesta hacen referencia a los formatos accesibles, para reducir las barreras comunicacionales; el documento presentado ese martes a la Asamblea Legislativa no se elaboró en formato accesible, lo que obstaculiza el acceso a la información para las personas con discapacidad visual, hecho que limita nuestra oportuna participación y análisis sobre el documento.
Enfoque Equivocado
La LEIPCD, tiene como base la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, de la cual nuestro país es suscriptor; misma que tiene como fundamento el enfoque de derechos humanos; sin embargo la propuesta actual elimina del objeto de la Ley las palabras “reconocer y proteger”, en relación al goce pleno de los derechos de personas con discapacidad y más adelante, en el Artículo 4, literal A, sustituye el concepto de Derechos Humanos, por el de Asistencia en Servicios, en otras palabras retrocedemos de un enfoque de Derechos Humanos, a un enfoque asistencialista.
Limitación para la Participación de Personas con Discapacidad en espacios de toma Decisión
Otra de las reformas que impacta negativamente a las personas con discapacidad es el cambio en el número de concejales de sociedad civil en el Consejo Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad (CONAIPD), reduciendo de 7 representantes de organizaciones de sociedad civil a cinco, dejando siete representantes por parte del Gobierno, generando un evidente desequilibrio.
Son muchos los análisis que podemos sacar de estas reformas, pero creo que iniciaremos resaltando que hemos demostrado ser un sector propositivo, al cual lamentablemente el Gobierno actual no ha querido escuchar, tenemos capacidad técnica para aportar eficientemente en la generación de políticas e iniciativas públicas en pro de las personas con discapacidad, sabemos lo que necesitamos y cómo alcanzarlo, por lo tanto no somos un sector vulnerable; sino vulnerado por aquellos que se niegan a escuchar nuestra voz y aceptar nuestros aportes.
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Carolina Vásquez es una mujer con discapacidad visual, estudiante de licenciatura en Ciencias Jurídicas, defensora de Derechos Humanos, especialmente a lo relacionado a equidad de género e inclusión, comprometida con el constante fortalecimiento de capacidades y dispuesta siempre a aprender de las demás.