El camino hacia una ley de identidad para la población trans ha tenido diferentes estrategias que han desafiado al sistema jurídico salvadoreño. Una de ellas han sido las solicitudes de cambio de nombre y adecuación de género presentadas ante Juzgados de Familia, de las cuales devinieron varias resoluciones favorables. Pero, un amparo basado en la libertad religiosa llevado recientemente ante la Sala de lo Constitucional, ha significado un revés para la lucha por uno de los derechos humanos básicos para las personas trans: el derecho al nombre.
Por: Clanci Rosa
Edición: Krissia Girón
En 2016, Karla Avelar y el movimiento LGBTIQ+ desafiaron al sistema jurídico salvadoreño, al presentar una demanda de inconstitucionalidad en los artículos 11 y 23 de la Ley del Nombre de la Persona Natural, ya que estos violentan el principio de igualdad al negarle el derecho al nombre por razones de identidad de género a las personas trans. La Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, resolvió en enero del año pasado que, en efecto, el artículo 23, inciso 2, estaría violentando dicho derecho y dio un año a la Asamblea Legislativa para reformar la Ley del Nombre. Sin embargo, se cumplió un año y ninguna reforma sobre este tema ha salido del órgano legislativo.
Pese a las demandas de la población trans por una ley de identidad, El Salvador sigue siendo parte del grupo de países latinoamericanos que no garantizan este derecho, a diferencia de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Uruguay y algunos Estados de México, donde sí se avanzó en la materia e incluso se ha ido más allá del cambio de nombre. En Uruguay, por ejemplo, también se contempla el acompañamiento desde el sistema de salud pública al proceso de transición.
En El Salvador, la lucha por la identidad ha tenido diferentes estrategias, entre estas las solicitudes de cambio de nombre y adecuación de género presentadas ante Juzgados de Familia. Bianka Rodriguez, mujer trans y activista LGBTI fue la primera en obtener la resolución favorable y lograr el cambio de nombre. Le siguieron más resoluciones favorables, como la de Aldo Peña, que fué más allá del cambio de nombre. La resolución a favor de Aldo, además contemplaba el cambio de género.
“Yo estaba feliz, era el mayor logro de mi vida. Estaba totalmente emocionado. Fue una fiesta interna, los medios de comunicación estaban pendientes, dí muchas entrevistas, pero ahora todo eso para mí fue como una burla. He quedado burlado”, dijo en una conferencia de prensa organizada por Aspidh Arcoiris Trans.
¿Por qué a Aldo se le negó su derecho al nombre y cambio de género si había una resolución judicial? La abogada y activista por los derechos LGBTIQ+, Bessy Ríos, quien además acompaña el proceso de Aldo, explicó que el Jefe del Registro Familiar de la alcaldía de San Salvador interpuso ante la Sala de lo Constitucional un Amparo, alegando que no podía hacer el cambio de nombre y género porque esta disposición atenta contra sus derechos a libertad religiosa y sus valores.
La misma Sala de lo Constitucional que mandó a la Asamblea Legislativa a legislar por el cambio de nombre de acuerdo a género, admitió el Amparo y detuvo el derecho reclamado, es decir, el proceso para que Aldo tenga su nombre y género de acuerdo con la resolución emitida por la jueza.
Cabe aclarar que el Amparo fue interpuesto a título personal, el Consejo Municipal no ha recibido información de manera formal por parte del Jefe de Registro, así lo confirmó Héctor Silva, integrante del Consejo Municipal por el partido Nuestro Tiempo.
“Yo tengo conocimiento del caso porque recibí las mismas denuncias de algunas personas que sus procesos se han visto afectados. Mi postura es en contra de lo que está haciendo la alcaldía con respecto a estos casos. Las sentencias judiciales a las que he tenido acceso, son claras, nosotros como alcaldía no podemos tomarnos atribuciones que no nos corresponden y contrarias la resolución de un juez”, opinó.
Bessy Rios explicó que el Amparo interpuesto por el Jefe de Registro es similar a la objeción de conciencia que solicitan médicos en países donde el aborto es legal, como una estrategia para negar los derechos de las mujeres y cuerpos gestantes. .
Para activistas LGBTIQ+, no es correcto que un funcionario público superponga sus creencias personales para violar derechos de una población. Por tanto, la alcaldía tendría que toma una postura al respecto.
Hector Silva coincide y explica que, para él, las resoluciones que emiten los jueces y juezas en caso como el de Aldo, tiene mucha más validez que lo que pueda emitir una Sala de lo Constitucional que fue electa de forma ilegal y sin seguir todos los procesos que la Constitución establece. “Creo más en los jueces radicados en tribunales de menor influencia”, señaló.
Los efectos de luchar en un páis experto en violar derechos humanos
En 2016, Aldo fue agredido físicamente por agentes de la Policía Nacional Civil, de la delegación de Ciudad Delgado. Él sobrevivió. Pero esa agresión estaba directamente relacionada con su identidad de género. La resolución de la jueza para que pudiera cambiar su nombre y género parecía dibujar el camino de la justicia. Pero esta vez, el Estado negador de derechos se personificó en José Armando Azucena, Jefe de Registro del Estado Familiar de San Salvador, quien decidió presentar un Amparo. Según Azucena, cumplir con la resolución de la jueza atenta contra su libertad religiosa y sus valores.
Con un nudo en la garganta, Aldo explica que la respuesta de Azucena son meros prejuicios. Según detalla, al inicio del proceso lo tuvieron con mentiras, lo trataban muy amable como si todo iba a estar bien, le decían que lo querían hacer de la mejor forma, pero cree que solo se trataba de una estrategia para dilatar el proceso, mientras presentaban el Amparo.
La respuesta del Jefe de Registro para Aldo, fue que no podía cumplir con la resolución de la jueza porque también era cambio de género y después iba a querer casarse y adoptar hijos, pero él les explicó que esa no era esa su intención.
“Hasta dónde llega la ignorancia de estas personas. Si yo quisiera tener hijos lo puedo hacer. Pero ese no es mi objetivo”, aclara.
De acuerdo con el testimonio de Aldo, una de las expresiones que más le molestó es que le hayan dicho que la decisión es por su bien, “porque les preocupa lo que le pudiera pasar después de hacer el cambio de nombre y género”, para Aldo esas palabras son indignantes, pues explica que nunca el Estado se ha preocupado por su bienestar.
“A partir de ese momento mi salud se vino abajo, presión alta, latidos excesivos del corazón, todos generados por ese estrés. En el Seguro Social estoy pasando con psiquiatra y con psicólogos y yo busqué ayuda, sentí que estaba perdiendo mi fuerza y esperanza”.
Aldo no es ajeno a la alcaldía de San Salvador donde solicitó el cambio de nombre y género. Él es empleado del Cuerpo de Agentes Metropolitano (CAM). Sobre esto, también manifestó que desde que sabe la respuesta del Jefe de Registro no había querido hablar por temor a represalias en su trabajo, pero está convencido que es necesario hablar y denunciar lo que le está sucediendo, pero esta vez no lo hace con el mismo entusiasmo. “Yo siempre he sido muy fuerte y resiliente. Pero hoy me siento sobrepasado. Tengo cuadro depresivo y ansiedad. Ya no tengo paciencia para las críticas, eso me aterra porque siempre supe cómo llevar la situación y ahora siento que no”.
Los impactos psicológicos al negarle el derecho al nombre, que además ya estaba aprobado por una jueza, lo han llevado a buscar ayuda psiquiátrica en el Seguro Social. Donde tampoco se le ha brindado una atención adecuada.
«Los médicos me han dicho que no están preparados para atender a personas como yo”
No tener un nombre con el que se identifique está directamente relacionado con el trato que recibe en los establecimientos de salud. En el mismo ISSS ha buscado un profesional de endocrinología para brindarle atención médica por sus procesos hormonales, a la que tiene derecho como trabajador que cotiza, pero de igual forma que con la atención psiquiátrica, le han dicho que no están preparados para atenderlo.
-Hace poco me mandaron para endocrinología por mi proceso hormonal, andaba con presión alta, el médico me mandó para ahí porque en medicina interna no tienen la preparación académica para atenderme, eso han dicho (…). Fui a endocrinología y no me lo autorizaron, me dijeron que no.
-Les pregunté ¿por qué no? y la respuesta fue esa, no estaban preparados para tratar persona como yo,
-Entonces le dije al médico: no es qué no esté preparado, porque la mayoría de ustedes tienen clínicas privadas y si yo le voy a pagar me atienden, entonces no me diga que no está preparado, simplemente no quieren.
La Asamblea Legislativa tenía hasta el 23 de febrero de este año para cumplir con lo ordenado por la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, no lo hizo. Bessy Rios opinó que lo más probable es que pidan prórroga y así seguir dilatando el proceso. Al respecto, el diputado por Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, manifestó que desconocen las resoluciones de la Sala impuesta en el golpe del 1 de Mayo, pero han estado a favor de reconocer el derecho a la identidad desde el inicio.
“Es importante recordar que al inicio de esta legislatura se enviaron al archivo varias propuestas sobre el tema, que en su momento se alegó ya no tenían vigencia. Lo de hoy nos demuestra que este fue un error, y es importante corregir el camino. Esta Asamblea ya tiene en sus manos dos propuestas elaboradas por la sociedad civil para reconocer y facilitar el derecho a la identidad por razones de género. Es nuestra responsabilidad legislar”, enfatizó.
Este 23 de febrero, vence el plazo otorgado por la SC a la AL, para que ésta legisle a favor del cambio de nombre de las personas trans, por ser parcialmente inconstitucional el Art. 23 inc. 2° de la LNPN, por excluir el cambio del nombre por razones de identidad de género. pic.twitter.com/DkB3zrKZUu
— ASPIDH ARCOIRIS (@ASPIDHARCOIRIS) February 6, 2023
Para Aldo y toda la comunidad trans el atraso de la Asamblea en esta materia significa seguir viviendo en un país donde no existen “Es tan importante para nosotros, como personas trans, tener un documento que nos identifique, donde de verdad salga ese nombre que me identifica como Aldo, siempre lo hemos dicho, nosotros no existimos en este país porque a mí solo con escuchar el nombre con el que esto asentado ya me genera un estrés horrible, es algo bastante extraño, ni siquiera puedo escuchar el nombre, ni que me lo digan y escucharlo alrededor me genera estrés”.