El régimen de excepción ha afectado a más de 60 000 familias salvadoreñas. Entre las víctimas de las detenciones arbitrarias figuran poblaciones en situación de vulnerabilidad: más de 1600 menores de edad, 30 personas que viven con discapacidad y mujeres de la población LGBTIQ+. Distintos informes recogen miles de denuncias de quienes han experimentado condiciones inhumanas durante la privación de libertad, torturas, malos tratos, más de 90 personas muertas en las cárceles, por citar algunas de las violaciones a los derechos humanos cometidos desde el 27 de marzo, fecha en que se aprobó esta medida.
Redacción Revista La Brújula
Edición: Metzi Rosales
Ilustración e infografías: Gabriela Turcios / Karen Sibrian
La vida de Alicia* y su familia estaba a punto de cambiar. Ajenas al fin de semana más violento de este siglo: 87 asesinatos en tres días y a la respuesta estatal: un régimen de excepción ante la ola homicida, su rutina continuó hasta interrumpirse 16 días después.
Como ya era costumbre, almorzó con su pareja, Sara*. Ambas se sentaron afuera de la casa, a conversar con otras amigas. Eran cinco adultas. Cerca de ellas, había nueve menores de edad jugando. Hasta el 12 de abril de 2022, Alicia, de 30 años, estudiaba el primer año de bachillerato y trabajaba como acrilista. Además, cursaba su último diplomado en acrílica profesional.
La presencia policial ya se había convertido en algo cotidiano también. Desde marzo de 2020, dos años antes, cuando se ordenó una cuarentena domiciliar obligatoria, El Salvador volvió a ver sus calles militarizadas y llenas de policías. Las noticias sobre las detenciones arbitrarias, bajo el régimen de excepción, también eran lejanas. Hasta esa tarde.
No le habían prestado importancia a los policías hasta que se acercaron a ellas y les pidieron ayuda. Alicia se levantó de la silla y se ofreció a colaborar. La apartaron del grupo. A los pocos segundos, la escena se tornó violenta: uno de los policías utilizó su celular como arma para golpearla en el pecho. Sara, atemorizada, se acercó. Increpó al policía, quien justificó su acción ante la falta de respuestas: ‘Ella no me quiere dar una información’.
Los policías querían que Alicia identificara a unas personas que aparecían en una foto. Ella no sabía quiénes eran: ‘Quieren que les diga quiénes son las personas de la foto, pero yo no los conozco’. Su razonamiento no impidió que la detuvieran. El régimen de excepción suspende cuatro derechos fundamentales: libertad de reunión y asociación, derecho de defensa, plazo de detención administrativa e inviolabilidad de correspondencia y de telecomunicaciones.
La privación de libertad sin argumentos y sin orden judicial se ha convertido en una constante en las detenciones realizadas por militares y policías en municipios populosos. Esto de acuerdo a informes presentados por Amate, Red de Defensoras de Derechos Humanos, Idhuca, Fespad, Servicio Social Pasionista (SSPAS), Azul Originario, Cristosal y Human Rights Watch, los cuales revelan las violaciones a los derechos humanos cometidos a partir del 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó el régimen de excepción.
A diciembre, cuando El Salvador experimenta la novena prórroga de dicho régimen, las autoridades se jactan del éxito de esta medida que suma más de 60 000 personas detenidas. La cifra exacta de las detenciones arbitrarias, desagregada por el sistema sexo-género, orientación sexual, identidad y expresión de género, por grupos etarios y otras características sociodemográficas, como vivir con discapacidad, es desconocida. El Estado ha catalogado esta información como reservada. Sin embargo, las denuncias recibidas por las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, han permitido contabilizar, de marzo a septiembre, más de 4071 casos de violaciones a derechos bajo dicho régimen. Y determinar, a partir de esta información, que las juventudes son las más afectadas: más del 55 % de las víctimas de las denuncias recibidas son personas entre los 18 y 30 años. En su mayoría, los victimarios identificados son policías: en 76.1 % de los casos. Más del 90 % de los casos se refiere a detenciones arbitrarias.
Las denunciantes, en su mayoría son mujeres: abuelas, madres, esposas, compañeras, hijas, hermanas, tías o con otros grados de parentesco de las personas detenidas.
Este reporte de organizaciones revela que la población LGBTIQ+ también se ha visto afectada. Existen registros de “casos graves de acoso policial, violencia sexual o insultos homófobos ejercidos por agentes de seguridad estatal”.
Hasta junio de este año, Cristosal registró las denuncias de vulneración de derechos humanos a 18 personas de la población LGBTIQ+: 4 hombres gais, 4 lesbianas y 10 bisexuales. Todas por detenciones arbitrarias. Una de estas personas reportó desplazamiento forzado interno de su familia. Amate registra la detención arbitraria de once personas trans; Cristosal, dos.
Casi un mes después de que Alicia fuera detenida de manera arbitraria, Keyri Mena, una mujer trans, estilista y rescatista de animales también fue privada de libertad. Los policías, sin presentar orden de captura, llegaron a su vivienda en Soyapango, el 8 de mayo. En el expediente que le abrieron, la acusan de extorsión. Sus familiares temen que sea víctima del odio hacia las mujeres trans por parte de algún policía. Sus temores no son infundados. De acuerdo con el “estudio de casos que evidencian la discriminación y violencia contra la población LGBTI en El Salvador”, presentado en febrero de 2022, por Comcavis Trans y Ormusa, el 65 % de las personas entrevistadas aseguró haber sido víctima de discriminación por parte de cuerpos de seguridad municipal y nacional. En otro informe sobre 600 crímenes de odio, Comcavis Trans señala que los policías e integrantes de las pandillas son los principales perpetradores de estos. En El Salvador ya existe una condena contra tres policías por el asesinato de Camila Díaz, una mujer trans.
Diecisiete días antes de la detención arbitraria de Keyri, Esteban fue privado de libertad bajo el régimen de excepción. Fue torturado por ser un hombre trans: lo golpearon, hincaron e hicieron que se desnudara. Ante esta detención, Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, alertó sobre la posibilidad de que la personas LGBTIQ+ estuvieran expuestas a mayores violaciones a sus derechos humanos “en el actual contexto en el que se han suspendido garantías judiciales fundamentales, las personas LGBTI pudieran experimentar mayores violaciones a los derechos humanos. Incluidas detenciones arbitrarias en centros penitenciarios sin que se reconozca su identidad de género”.
Britanie Castillo, integrante de ASPIDH Arcoiris Trans, coincide en esto: la falta de una Ley de Identidad de Género implica una doble discriminación y un subregistro para el caso de las detenciones arbitrarias y para todo tipo de violencias experimentadas por las personas LGBTIQ+.
Ni un lugar es seguro
Para Ester Flores, de la Asociación Amate El Salvador, existe un “antes y un después” del régimen de excepción para las mujeres diversas, sobre todo para quienes se han visto en situación de desplazamiento forzado. “La particularidad de los desplazamientos, en el caso de las mujeres diversas, es que, primero, son mujeres jóvenes entre los 20 y 30 años. Segundo, son mujeres solas, porque han sufrido violencia no solo de los cuerpos de seguridad, sino que, en el caso particular de mujeres trans, de la comunidad que las exponen, exponen sus cuerpos y eso genera discriminación en la misma comunidad y en la familia”.
Estadísticas de la Fiscalía General de la República (FGR), para el periodo 2019 – 2020, indican que los dos lugares donde más ocurrió la violencia denunciada por la población LGBTIQ+ son los espacios abiertos y los domicilios particulares. En el informe “Situación de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, durante y pospandemia de COVID – 19, de la Colectiva Feminista”, a partir del análisis de la data de denuncias recibidas por la FGR, se afirma que “los hechos registrados demuestran que, al igual que las mujeres, la población que se identifica o es identificada bajo las siglas LGBTIQA+ no están seguras en ningún espacio, ya sea público o privado”.
En el 2019, la FGR recibió 217 denuncias de hechos de violencia contra la población LGBTIQ+. Un año después, 155 denuncias. De acuerdo con el informe de la Colectiva Feminista: “Durante los seis meses que duró el confinamiento obligatorio ocurrieron 61 de los 155 casos de violencia registrados por la FGR. Es decir, el 39 % del total registrado en el 2020”. De enero a junio de 2021, la FGR registró 132 denuncias.
Las denuncias tienen rostro de mujer
El SSPAS ha atendido, a la fecha, 184 casos de detenciones arbitrarias. Al igual que las otras organizaciones no gubernamentales, la mayoría de las personas que han denunciado o solicitado el servicio de asistencia legal son mujeres, familiares de las personas detenidas.
En 25 de los 184 casos de detenciones arbitrarias, las denunciantes también han identificado que han sobrevivido a violencia basada en género como “acoso de parte de agentes de seguridad, golpes, malos tratos, intimidación e incluso desplazamiento forzado por amenazas directas o para prevenir otros hechos de detenciones dentro de estas acciones que está realizando la policía y la Fuerza Armada”, explica Johanna Ramírez, coordinadora del área de atención a víctimas del SSPAS.
La mayoría de estas mujeres han quedado a cargo del cuidado de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores a raíz de estas detenciones arbitrarias. Para algunas, la situación se agrava porque con la privación de libertad de su pareja se ha perdido también el único ingreso económico que percibía ese grupo familiar. En otros casos, el discurso gubernamental de que todas las personas detenidas son pandilleras ha permeado también en los grupos familiares y “no reciben apoyo porque los vinculan como miembros de estructuras criminales”, explica Ramírez.
“Hay necesidades diferenciadas identificadas. Por ejemplo, una sola persona adulta que ha quedado a cargo de 5 o 6 niños; algunas mujeres quedaron en estado de abandono porque cuando fue detenida su pareja, estaban embarazadas y ahora tienen niños recién nacidos a quienes no les pueden suplir sus necesidades básicas porque no tenían empleo (las mujeres) y porque las personas detenidas eran proveedores. Al estar en una condición de lactancia y de crianza, se les imposibilita la búsqueda de un empleo formal o informal y no tienen muchas redes de apoyo, porque también dentro del grupo familiar, hay personas detenidas”, describe Ramírez.
Este tipo de situaciones envuelve a las mujeres en un estado de precariedad, vulnerabilidad y de sobrecarga de la labor de los cuidados. Además, son ellas quienes, cada día, se avocan fuera de los centros penales esperando respuestas e información sobre el paradero y la condición de sus familiares detenidos.
Los tentáculos del régimen
La discusión entre los policías, Alicia, Sara y el resto de sus amistades continuó por varios minutos. Sara había escuchado en las noticias sobre los casos de detenciones arbitrarias en el marco del régimen de excepción; por ello, cuando les pidieron sus documentos únicos de identidad, tuvo miedo de que las privaran de libertad. Así sucedió.
Cuando les pidieron el DUI, Alicia espetó que iban a tomarles fotos a sus documentos para llevar después una orden de captura con base en acusaciones falsas. La respuesta del policía fue: ‘Mejor te voy a llevar detenida, porque no querés darme información’.
Sara recuerda que discutieron durante 15 minutos con la policía. Le pidieron revisar la información sobre Alicia, pero de nada sirvió. Mientras esto ocurría, una de sus amigas estaba chateando. Los policías le quitaron el teléfono porque pensaron que estaba grabando la escena. Además, la esposaron frente a su hija de 1 año. “Les preguntamos por qué se las llevaban y nos dijeron que iban a la delegación. Insistimos en preguntar por qué se las llevaban, sabíamos que era una situación arbitraria porque no andaban orden de captura”.
De acuerdo con el informe de Human Right Watch (HRW) y Cristosal, titulado: “Podemos detener a quien queramos: Violaciones generalizadas de derechos humanos durante el “régimen de excepción” en El Salvador”, en 8 meses del régimen de excepción, en pocas ocasiones se ha informado a las personas privadas de libertad sobre el motivo de su detención. En algunos casos, los agentes expresaron estar “cumpliendo órdenes de superiores” u “órdenes del presidente”. En otros, presentaron las detenciones bajo el argumento de que las personas detenidas iban a ser interrogadas en la delegación, como sucedió con Alicia.
“Según testigos, en algunos casos, los policías o soldados golpearon a las personas o a sus familias durante la detención o amenazaron con detenerlos a ellos también. Cristosal reportó 77 casos en los que los agentes golpearon o amenazaron con arrestar a familiares de detenidos”, describe el informe.
El informe de Cristosal y HRW apunta a la existencia de una serie de conductas violatorias de derechos humanos, las cuales han sido cometidas de manera generalizada, sostenidas en el tiempo y ejecutadas a lo largo del territorio salvadoreño. Durante la presentación de este documento, Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Right Watch, expresó su preocupación por lo que revelan las cifras de las detenciones: 1600 personas privadas de libertad son menores de edad, 90 personas han fallecido en custodia del Estado y 51 000 están en detención preventiva. “Eso significa que son personas que no han sido halladas culpables”.
“Hemos documentado casos de detenciones arbitrarias, es decir, en donde no ha habido orden judicial previa y que implica detenciones sin evidencia. Hemos encontrado distintos casos en donde la simple forma de vestir, el hecho de tener tatuajes, los barrios en los que viven distintas personas, la situación de marginalidad, han sido criterios usados para este tipo de detenciones sin que procedan todos los requisitos para poder llevarlas a cabo”.
Para Noah Bullock, director de Cristosal, la investigación permitió identificar un patrón de violaciones de derechos humanos masivas durante el régimen de excepción. “El Estado ha vuelto a capturar a personas inocentes, a torturar y matar en el nombre de la seguridad nacional».
Otro de los problemas que enfrentan las personas detenidas y sus familiares son los impactos emocionales. El Servicio Social Pasionista tiene registro de afectaciones como depresión, estrés postraumático, sentimiento de culpa, entre otras.
“También viven procesos de culpabilidad al preguntarse ‘si yo hubiera estado’ o ‘si yo hubiera actuado de manera distinta’. Hay un sentir común en el caso de las mujeres que están viviendo este proceso, por la estigmatización que están viviendo en la sociedad y de las autoridades. Muchas de ellas nos dicen: ‘Nosotras no somos delincuentes, no somos familiares de delincuentes, nos ganábamos la vida de esta forma; mi familiar tenía empleo, aquí ando todas las constancias de que mi familiar no tiene antecedentes penales’. Entonces se están volviendo también defensoras de su verdad. Hay un impacto emocional en muchas, desde el llanto y la desesperación nos dicen: ‘Lo que nos molesta es que digan que nos lucramos de la renta (extorsión) y que nos critiquen por estar exigiendo nuestros derechos’. Para ellas, tiene una connotación muy fuerte y eso les genera mayor conflicto, porque tienen que demostrar que, efectivamente, no son familiares de delincuentes, que no se lucraban del crimen organizado y que no han participado en ningún hecho de violencia”.
Sin información, ni derecho de defensa
Eran las 4:30 p.m. cuando terminó la discusión entre los policías, Alicia, Sara y el resto del grupo de amigas. “Llegamos a la delegación y hasta las 9 de la noche nos dijeron que ellas quedaban detenidas por agrupaciones ilícitas. Mis abogadas entraron ahí, pero no se las quisieron dar ni les dieron información. Y desde ese momento, desde el 12 de abril, están detenidas. Sus antecedentes penales salen limpios y sus antecedentes policiales también, pero un día después de la captura ya les aparecen antecedentes policiales”.
La falta de información para las familias y profesionales del derecho es una constante en el régimen de excepción. En su informe, HRW y Cristosal califican esto como una violación reiterada a las garantías del debido proceso establecidas en el derecho internacional. Esto es violatorio de los derechos humanos de las personas detenidas y dificulta o imposibilita que puedan defenderse de forma adecuada.
De hecho, algunas de estas normas al debido proceso, consagradas en la Constitución de la República, fueron suspendidas desde el inicio del régimen, como el derecho a informar sobre el motivo de la detención, a no ser obligado a declarar, a tener representación legal y a que las personas detenidas sean llevadas ante un juez en el plazo de 72 horas.
El informe señala que, a mediados de octubre, más de 43 000 personas fueron detenidas por el delito de “agrupaciones ilícitas” y más de 7000 por supuesta pertenencia a una “organización terrorista”. “Al mismo tiempo, las detenciones masivas aumentaron de manera significativa la carga de trabajo de jueces, fiscales y abogados, incluídas organizaciones de derechos humanos que brindan representación ad honorem a muchas de las víctimas. A modo de comparación, la cantidad de casos manejados por defensores públicos se incrementó de 9000 entre principios de enero y fines de marzo, a más de 55 000 entre fines de marzo y junio”.
Profesionales del derecho, quienes ejercen de manera privada, enfrentan enormes dificultades para proporcionar una defensa adecuada. “Algunos dijeron que se había limitado su acceso a expedientes penales y que se les había negado el acceso a información importante, por ejemplo, el número de expediente del caso”.
Para la directora de HRW estas son violaciones graves al debido proceso. “A veces pasan de largo como si fuesen menos importantes, pero son fundamentales porque de eso depende que un ciudadano sea o no perseguido judicialmente de manera justa. El día de mañana, cualquier ciudadano que cumpla la ley, que salga adelante con su pequeño negocio, si no hay un debido proceso, puede ser perseguido penalmente. Los procesos que hemos visto son temas fundamentales como restringir abogados de confianza, muchísimo recargo en los defensores públicos, actos de presentación de cargos masivos, de más de 500 personas y de forma virtual, lo que hace que estos procesos penales no sean sostenibles”.
Todas las organizaciones de derechos humanos, que han documentado y registrado las denuncias sobre abusos en el marco del régimen de excepción, coinciden en la importancia de implementar acciones contra la violencia generada por pandillas o grupos delincuenciales. Sin embargo, esto no debe ser excusa para la vulneración a los derechos humanos.
Durante la presentación del informe de HRW y Cristosal, las organizaciones informaron que se solicitó una reunión al presidente Nayib Bukele para presentarles sus hallazgos y recomendaciones precisas, para abordar la situación de seguridad que, consideran, se puede hacer sin violar derechos humanos. Aún esperan respuesta del mandatario.
Las vacaciones de la Semana Santa de 2022 continúan siendo un amargo recuerdo para la familia de Alicia. Su hijo, un adolescente de 16 años, ha quedado al cuidado de su abuela y abuelo paternos. Sara, su pareja, no ha podido verla desde entonces. Solo saben que la joven de 30 años ha perdido mucho peso. Alicia, de acuerdo con lo resuelto por un juzgado, en una audiencia especial realizada en octubre, deberá continuar en detención provisional hasta abril de 2023. Es decir, estará privada de libertad y alejada de su hijo y pareja durante un año.
* Nombres ficticios
“Esta publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Revista La Brújula y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea”.
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