Por: Clanci Rosa
Con reportes de: Karen Sibrián, Ana Gómez y Marielos Pérez
El 27 de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó el régimen de excepción por 30 días, según explicaron, por el aumento de homicidios. El 25 de abril, fue prorrogado por 30 días más. Este régimen deja sin efectos las garantías constitucionales como las del debido proceso judicial. En lo que va del régimen, más de 30 mil personas han sido detenidas. En esta nota explicamos quiénes son las mujeres detenidas durante el régimen y qué efectos está teniendo en sus vidas.
El domingo 8 de mayo, siete policías entraron a la casa de “Rocío” en Mejicanos, una joven de 24 años que se dedica a la venta de comida típica. Los agentes no presentaron orden de captura, solo le dijeron que estaba detenida por el delito de agrupaciones ilícitas. Ese día, su pequeña hija de 3 años se quedó sin su mamá. Su abuela, que pasa de los 60 años, tuvo que asumir el cuidado de su nieta y hacer todos los trámites que prueben que su hija es inocente. Sin embargo, lleva dos semanas afuera del penal y nadie le da información.
Todos los días en las afueras del Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas para Mujeres de Ilopango, mejor conocido como cárcel de mujeres, cientos de personas, en su mayoría mujeres, llegan con la esperanza que su familiar haya ido a audiencia y salga libre. Estas mujeres que esperan son abuelas, madres, hermanas y cuñadas. En muchos casos, no andan solas, cargan a los hijos e hijas de las mujeres detenidas. Pues, no tienen quien les cuide.
Delantales, cangureras, incluso la misma venta, delatan una realidad: la mayoría de mujeres detenidas vienen de familias que se dedican a las ventas informales. “Rosa”, de 40 años, trabajaba vendiendo tortas. El 27 de abril, mientras estaba en su casa, en Mejicanos, fue detenida. Rosa es madre autónoma de una niña de 3 años y de un adolescente de 13. A su hermana y a su cuñada, les ha tocado asumir el cuidado de ambos.
“Yo le quiero decir al presidente que ponga la mano en su conciencia, son madres solteras que se rebuscan a diario para sobrevivir, las que están metiendo presas”, expresó la hermana de Rocío.
Vendedoras informales detenidas durante el régimen de excepción
Carmen Urquilla, Coordinadora del Programa de Justicia Laboral y Económica de ORMUSA, explica que debido a que El Salvador no cuenta con políticas de cuidado que le permitan a las mujeres compatibilizar la vida laboral con la familiar, muchas optan por el trabajo informal.
Desde hace años, las trabajadoras del sector informal han sido víctimas de discriminación por parte del Estado y la misma sociedad salvadoreña, debido a la desprotección desde la que realizan el trabajo.
Datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de 2020, sobre población ocupada por rama económica y según sexo, reflejan que en el sector comercio, hoteles y restaurante, las mujeres representan el 44.5% frente a un 21.9% de los hombres. Y del total de la población ocupada, el 56.8% son asalariados y el 29.7 % trabajadores por cuenta propia. De estos, el 33.0 son mujeres que trabajan por cuenta propia sin local.
Uno de los problemas que puede estar relacionados con las masivas detenciones de mujeres vendedoras, es que ellas y ellos no pueden demostrar, a través de una carta laboral, que son empleadas, puesto que legalmente no existe regulación para este sector. Entonces, ¿cómo pueden demostrar el origen de sus ingresos? Algunas de las detenidas son acusadas de extorsión porque fueron encontradas con efectivo proveniente de la venta del día o dinero que habían guardado para invertir en su negocio, según explicaron sus familiares. De igual forma, Urquilla detalla que, ORMUSA, también han tenido conocimientos de casos similares.
La hermana de “Rocío” explicó que ella teme ser detenida. Sus ingresos provienen de la venta de pan, con eso mantiene a sus dos hijos y a su mamá. Su preocupación se basa en cómo se prueba ante las autoridades que son trabajadoras si no hay una empresa que les reconozca como tal.
Esta realidad está implicando a las mujeres que trabajan en el comercio informal al incurrir en otros gastos, como contratar un abogado y notarios que hagan declaraciones juradas que son vendedoras o que laboran en el mercado.
Uno de los abogados que ha conocido de estos casos, que prefiere no identificarse por temor a represalias del gobierno, explica que el trabajo comercio informal no es delito, únicamente sería delito si las actividades lícitas tuvieran como objetivo fortalecer a una estructura criminal, pero para eso- detalla- debe haber un acuerdo previo, que es un tipo de autoría que se utilice un negocio legal para lavar dinero.
Sin embargo, enfatiza que el Estado no ha hecho investigaciones serias y se ha llevado a muchas personas sin orden judicial, “ya desde allí es una violación a los derechos de las personas detenidas y se está estigmatizando el comercio informal, mucha gente trabaja en comercio informal y son personas honestas, humildes. El comercio informal es una actividad lícita, legal, no es delito”.
Sobrecarga de cuidados en otras mujeres de la familia
El Salvador no cuenta con políticas públicas sobre el trabajo de cuidado que permitan distribuir esta carga de manera equitativa en la sociedad. Son las mujeres quienes los asumen, implicando para ellas dobles o triples jornadas. A esto hay que agregar, que en muchos de los hogares salvadoreños las mujeres también son jefas de hogar, sobre ellas está toda la responsabilidad económica, debido al abandono de los hombres a sus familias.
En el contexto de las detenciones durante el régimen de excepción, los cuidados están sobrecargando aún más a las mujeres, ya sean hermanas, tías o abuelas. Como nos muestra el panorama de cárcel de mujeres y Mariona.
Este es el caso de “Teresa”. A sus 64 años, ha quedado a cargo de sus cuatro nietos. Sus dos hijas fueron detenidas. Una se dedicaba a vender pan y la otra estaba en la casa al cuidado de sus hijos. El 26 de abril, fueron a sacar a las dos mujeres de sus casas acusadas de agrupaciones ilícitas. A Teresa le ha tocado asumir el cuidado de ambos.
Entre lágrimas reconoce que ésta es una tarea que ya no puede asumir. “Ya no soy jóven, me he dedicado toda la vida a vender, pero yo ya no tengo la misma fuerza, estoy enferma, soy diabética, cómo voy a hacer con cuatro criaturas”, expresó.
En 13 días de detención de sus hijas, ”Teresa” había gastado más de 300 dólares porque tuvo que llevar paquetes para las dos. Comenta que lo pudo hacer con el apoyo de su comunidad y los pocos ahorros que tenía para pagar los préstamos con los que trabajan “la gente está con uno, me han colaborado y de lo poquito que había guardado de los trabajos que una hace”.
Caso similar es el de “Tránsito” de 53 años, su hija “Marce”, de 28 años, fue detenida el 28 de abril, acusada de colaboradora de pandillas. A ella le ha tocado asumir el cuidado de sus dos nietos, uno de 14 años y otro de 5. Según explica, son originarias de Ahuachapán, pero viven en Ilopango y toda la vida se han dedicado a la venta de típicos.
“No buscan al delincuente sino al que anda en la calle buscando su bocado diariamente”
Para “Tránsito” esta situación es injusta, porque no se imaginó que iba a tener que cuidar a sus nietos, y sobre todo porque, según comenta, no podría hacerlo porque su hija también le apoya en las ventas. Por ahora, tiene parado el negocio, debe cuidar a los nietos y estar pendiente de su hija. Es muy franca en admitir que ella no puede sostener la situación.
Mariana Moisa, antropologa feminista, cuestiona cómo desde el Gobierno se promociona una imagen de familiar nuclear, pero explica que esa imagen se pelea con la realidad, “Porque no está hablando con todas las familias, las familias salvadoreñas son grandes, están relacioandas, y si le preocupan las familias, habría investigaciones serias antes de capturar, se procuraría por no dañar esas relaciones, pero vemos todo lo contrario”, manifiesta.
El caso de “Karla” es diferente, no tiene que cuidar sobrinos porque su hermana de 23 años, “Sofi”, no tenía hijos. Pero debe cuidar a su mamá, pues su salud se ha deteriorado debido a la captura de su hija, acusada de agrupaciones ilícitas. Karla y Sofi venden ropa en el mercado de Santa Tecla. Con los gastos que ha implicado la captura de su hermana, Karla comenta que ha tenido que dejar de invertir en el negocio.
“Mire ahorita si estamos mal. El alcalde de Santa Tecla quiere desalojar a los vendedores, yo ahí tengo mi negocio, tengo maniquíes, cada uno vale como 50 dólares, entonces me estoy teniendo que quedar a dormir en el puesto. Voy a vender en la mañana, me vengo en la tarde para acá (cárcel de mujeres) y regreso a Santa Tecla a dormir allá y tengo que estar pendiente de mi mamá y mi familia”, manifiesta.
“Si las mujeres andan en la calle, amanecen y anochecen en la calle es porque tienen necesidad de comer y andan vendiendo para mantener a su familia, no porque sean delincuentes”, agrega.
La cuenta oficial de Twitter de la Policía Nacional Civil anunció el 19 de mayo, que han capturado a más de 32 mil “pandilleros”. No han brindado datos desagregados por género. Pero en esa cifra van muchas mujeres, que según sus familias solo estaban buscando el sustento diario.
Además, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, informó que han incautado más de 1 millón de dólares durante el régimen. Algunas de las fuentes consultadas para esta nota, temen que a las personas inocentes que fueron detenidas y acusadas de extorsión no les devuelvan el dinero.
El abogado consultado para esta nota explicó que cuando detienen a las personas con dinero de extorsión, normalmente se hace entrega vigilada. Pero en las detenciones masivas, donde se llevan a las personas de su casa y éstas tienen dinero en efectivo, la policía debe hacer constar que se incautó el efectivo y devolverlo cuando la gente sale del proceso penal. Pero mientras esté en curso el proceso, el dinero queda decomisado.
“Yo he aconsejado que si las personas tienen dinero en efectivo que lo metan al banco. Porque la PNC los acusa, y a veces tienen ahorros de varios años. Acreditar o comprobar que son fondos de actividades lícitas no es tan fácil cuando trabajan en el sector informal. Entonces por ignorancia o ingenuidad la gente hace eso, pero los y las acusan hasta de lavado de dinero o de recibir extorsión”, señaló.
Organismos internacionales ya se han pronunciado por las violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción. Amnistía Internacional dijo a través de un comunicado que reciben con alarma los reportes sobre los malos tratos infligidos a personas detenidas por las fuerzas de seguridad, que indican que al menos cinco personas han muerto bajo custodia.
Sin embargo, no hay respuesta por parte del Ejecutivo. El 12 de mayo, diputados de la bancada CYAN realizaron diversas encuestas en sus redes sociales sobre otra posible prórroga del régimen de excepción.
*Los nombres utilizados para esta nota han sido cambiados a petición de las fuentes por temor a represalias por parte de los cuerpos de seguridad.