Lavanda* y Rosaura* son dos salvadoreñas a quienes el Estado salvadoreño les negó ejercer la maternidad. El sistema de justicia las condenó a 15 y 30 años, respectivamente, tras experimentar partos extrahospitalarios, alejándolas de sus hijos y familiares. Luego de varios años en la cárcel, recuperaron su libertad, pero no a sus hijos.
Las adolescentes, privadas de libertad, también se enfrentan a un sistema que las violenta. Recientemente se conoció el caso de Karla, una joven de 17 años, quien fue golpeada por militares al momento de su detención, bajo el régimen de excepción. Esto le provocó una pérdida de su embarazo de tres meses, de acuerdo con el testimonio público de su madre.
Este reportaje describe cómo el mismo Estado que ha criminalizado a mujeres tras sufrir emergencias obstétricas, les niega su derecho a maternar. *Los nombres de las mujeres fueron cambiados para proteger su identidad.
Por Reina Ponce
Coordinación y edición: Metzi Rosales Martel
Las historias de Lavanda y Rosaura se cruzan por su deseo de maternar. Ambas esperaban tener su segundo parto, en 2008 y 2011, respectivamente. Lavanda, de 30 años, residía en la zona oriental y rural de El Salvador; y, Rosaura, de 23, en la capital.
Como suele acostumbrarse, sus familiares les habían organizado baby showers. Esas celebraciones previas en las que se reciben regalos para la posterior maternidad. Esa “dulce espera” se convirtió en una agria, ácida y amarga pesadilla cuando llegó el momento del parto: 30 años de cárcel para Lavanda, por homicidio agravado; y 15 para Rosaura, por homicidio en grado de tentativa. Ninguna logró llegar al hospital para parir. Y cuando fueron trasladadas a uno, el personal de salud las denunció bajo la premisa de que quisieron cometer un delito. A ellas las marca el estigma de vivir en situación de pobreza. Como muchas mujeres, sintieron ganas de ir al baño. Pensaron que iban a defecar, pero estaban en labor de parto, en una fosa séptica.
En El Salvador, Lavanda y Rosaura no son las únicas criminalizadas por experimentar partos extrahospitalarios, que suelen derivar en emergencias obstétricas en las cuales las criaturas sobreviven o fallecen. Ya existen dos condenas, una a 40 y otra a 50 años de cárcel por homicidio agravado, contra dos mujeres que vivieron experiencias similares. La Agrupación ciudadana por la despenalización del aborto ha identificado 195 casos de procesadas de 1998 a junio de 2022, por aborto o emergencias obstétricas que provocaron muerte o riesgo al embrión. La misma organización ha logrado que 66 mujeres recuperaran su libertad al 25 de noviembre de 2022.
Cuando Lavanda y Rosaura fueron privadas de libertad, la población femenina en el sistema penitenciario ya venía aumento. En 2005 se contabilizaban 600 reclusas distribuidas en las distintas cárceles del país. Diez años después, para agosto de 2015, estas superaban las 3 mil, lo que equivalía al 9.6 % de la población penitenciaria. Esto de acuerdo con la investigación: “El sistema penitenciario salvadoreño y sus prisiones”.
El World Prison Population List ubicaba a El Salvador, a octubre de 2022, como el cuarto país del mundo con mayores tasas de encarcelamiento: 564 por cada 100,000 habitantes. Para el 2 de junio de 2022, Amnistía Internacional reveló que somos la nación con la tasa per cápita de personas privadas de libertad más alta del mundo: 1,164 por cada 100,000, sobrepasando a los Estados Unidos.
De acuerdo con la información que el Estado salvadoreño entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en diciembre de 2019, durante su visita in loco, 38,627 personas estaban privadas de libertad en el sistema penitenciario. El 7.74 % correspondía al género femenino.
La maternidad desde las cárceles
Cuando Lavanda experimentó los dolores de parto no pudo ser atendida de inmediato. El hospital más cercano está a una hora de distancia, movilizándose en vehículo, desde su hogar. Al escuchar la condena a 30 años, pensó primero en su hijo de 8 años. “El niño lloraba, le daban juguetes y le decían que yo ya iba a regresar”, recuerda. Pero ella no regresó. No volvió a jugar ni a cuidar de su hijo. Recuperó su libertad 13 años y 5 meses después, en marzo de 2022, vía conmutación de la pena.
Rosaura tenía 15 años cuando la embarazaron de su primer hijo. Cuando la condenaron, su primogénito era un niño de 8 años. Ella, una joven, de 23. Su familia celebró ambos embarazos. “Estaba contenta porque mi mamá y mi papá me apoyaron y hasta me hicieron un baby shower. Pero luego de la condena a mi mente se venían pensamientos que él (su hijo de 8 años) me iba a rechazar cuando saliera; que me iba a decir que por mucho tiempo no estuve con él”. Rosaura recuperó su libertad 10 años y 9 meses después: en mayo de 2022, vía conmutación de la pena. No pudo ejercer su derecho a maternar ni con su primogénito ni con su recién nacida.
Al escuchar sus respectivas condenas, ambas mujeres recuerdan que las entristeció el hecho de verse obligadas a separarse de sus hijos por tantas décadas. Ellas eran las jefas de hogar, madres autónomas, quienes se encargaban del sostenimiento y cuidados ante esas paternidades ausentes e irresponsables. Los niños quedaron bajo la responsabilidad de sus abuelas maternas. En El Salvador, 8 de cada 10 menores, entre 0 y 17 años, fueron abandonados por su padre, de acuerdo con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2021.
Las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, conocidas como Reglas de Bangkok, aprobadas en diciembre de 2010, buscan que los Estados consideren medidas sustitutivas al encarcelamiento teniendo en cuenta las particularidades de las mujeres. La Regla 2 establece que “antes de su ingreso o en el momento de producirse, se deberá permitir a las mujeres con niños a cargo adoptar disposiciones respecto de ellos, previéndose incluso la posibilidad de suspender la reclusión por un período razonable, en función del interés superior de los niños”. Una regla que para el caso de El Salvador no ha sido aplicada.
“Lo que me hicieron fue un robo. Me quitaron la dicha de conocer a mi hija”
La separación de su primer hijo no fue la única historia que marcó a Rosaura como madre. A ella y a su segunda hija, el Estado les impidió ser familia. Además de condenarla por intento de homicidio, la obligaron a dar a su hija en adopción, en un proceso en el que asegura la engañaron y se realizó sin su consentimiento.
La mamá de Rosaura intentó recoger a su nieta en el hospital, pero ya había sido trasladada al Hogar del Niño San Vicente de Paúl. A finales de 2012, unos abogados ofrecieron ayuda a Rosaura con su caso. Les expresó que no tenía dinero para pagar sus servicios. Respondieron que trabajarían para ella de forma gratuita.
En febrero de 2013, asistió a una audiencia. Creía que era para la revisión de su caso, pues no le dieron mayor información. Dos semanas después de esta audiencia, llegaron a notificarle a la cárcel que el proceso de adopción había finalizado. Estaba desconcertada: “Lo que me hicieron fue un robo. Me quitaron la dicha de conocer a mi hija”, lamenta.
Karen Rivas, abogada feminista, explica que el proceso fue ilegal porque no fue voluntad de Rosaura dar en adopción a su hija. “Los derechos de la niña también fueron violentados desde el momento en que fue negada a entregársela a su abuela materna, tampoco fue posible que la niña tuviera contacto con su madre para poder ser amamantada”.
“Es difícil tener un embarazo dentro de la cárcel”
En 2014, Lavanda supo que estaba embarazada. A los cinco meses, fue trasladada a cárcel de mujeres. Para ese año, la Dirección General de Centros Penales (DGCP) reportaba 32 mujeres embarazadas en esa penitenciaría, ubicada en Ilopango, municipio perteneciente al departamento de San Salvador. Es decir, a más de 182 kilómetros de donde residía su primogénito.
La tesis titulada: “Situación de los derechos de las mujeres privadas de libertad embarazadas y/o con hijos/as menores de edad del centro preventivo y de cumplimiento de penas para mujeres de Ilopango”, publicada en noviembre de 2020, señala cómo estos traslados distancian a las mujeres de sus familias: “La Procuraduría (para la Defensa de los Derechos Humanos) fue informada que los otros centros que albergan mujeres tienen como práctica trasladar a las embarazadas a Ilopango o a Quezaltepeque, cuando su embarazo se encuentra avanzado, ello si bien supone algún beneficio porque son separadas del resto de la población, también representa el distanciamiento de las mujeres de sus lugares de origen y de sus familias, lo que limita sus visitas y por ende la posibilidad de que se provean de medicamentos y vitaminas que no se proporcionan en los centros penales; dicho distanciamiento puede, incluso, afectar el estado emocional de la mujer en esta condición”.
Lavanda fue asignada al sector materno infantil. Lo recuerda como un espacio con hacinamiento, escasez de agua, sucio y lleno de ratas. “En el cuarto que yo estaba había 59 mujeres. Las embarazadas que iban llegando dormían en el suelo. Cuando no caía agua, nos tocaba jalar, de la cisterna del pasillo, agua para bañarnos y para tomar”. Estas condiciones son contrarias a lo establecido en la Regla 5. Higiene personal, de Bangkok (ver tabla).
La situación de hacinamiento e insalubridad en el sistema penitenciario es conocida por las autoridades salvadoreñas y a nivel de organismos internacionales. Hay diferentes informes, nacionales e internacionales, que dan cuenta de esto. “La Comisión se encuentra especialmente preocupada por las deficientes condiciones de detención observadas en las cárceles que fueron visitadas. Además del hacinamiento observado, estos centros se caracterizan por deficiente infraestructura, insalubridad, ausencia de programas fundamentalmente para reinserción en centros de seguridad y máxima seguridad que albergan a aproximadamente 16,000 personas, atención médica insuficiente, y escaso e inadecuado acceso al agua”, destacó la CIDH en las observaciones preliminares de su visita in loco.
Lavanda estaba preocupada porque no sabía cómo iba a criar dentro de la cárcel. “Es difícil tener un embarazo dentro de la cárcel”, recuerda. Su angustia aumentaba al sentir que en su vientre se movían dos niños. “El ginecólogo me dijo que yo un niño andaba atravesado. Me pusieron un aparatito y les dije que escuchaba dos corazoncitos”. Ella solicitó una ultrasonografía, pero ni en el penal de San Miguel ni en cárcel de mujeres se la practicaron.
En las clínicas de los centros penitenciarios “solo hay medicamento básico, pero las mujeres necesitan especializados, sobre todo, para infecciones de su órgano reproductivo. A una mujer privada de libertad se le limita el derecho a la libertad y los derechos políticos, sin embargo, el Estado debe garantizar todos los demás derechos como el derecho a la salud”, explica Gloria Cruz, de la Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños (Aprocsal).
En el periodo que Aprocsal ejecutó un proyecto (2015-2018) en cárcel de mujeres, tuvo conocimiento de que un ginecólogo atendía a todas las mujeres privadas de libertad. Y que solo practicaban 50 citologías por año.
El sistema penitenciario salvadoreño es contradictorio con normativas que mandatan el acceso a la salud como los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas y la Ley Integral para una vida libre de violencia para las mujeres que manifiesta el derecho a una atención diferenciada y especializada. Incluso con el derecho a la salud, consagrado en la Constitución de la República y que no se pierde debido a una condena penal.
Lavanda tenía siete meses de embarazo cuando comenzó a experimentar dolores de parto. Tenía cuatro días así. Para el ginecólogo eso era normal, recuerda. Fue trasladada al hospital cuatro días después.
En el hospital le dijeron que estaba embarazada de gemelos. Al momento del parto, el primero nació muerto. “Lo fui a ver a la morgue hasta el siguiente día, quería ver su carita, quería saber cómo era. Cuando llegué al penal le hablé a mi mamá para que se encargaran de enterrarlo y de velarlo. Hasta la bóveda le hizo mi mamá. Bien duro eso”.
La psicóloga, Lourdes Rosa, explicó en un conversatorio que ante una pérdida del embarazo, las mujeres atraviesan un duelo llamado perinatal o “duelo silencioso”. Aunque no se atiende, hay dolor, pero usualmente no existen redes de apoyo que estén para escuchar y acompañar.
El gemelo que sobrevivió quedó ingresado por 15 días al presentar una condición delicada de salud. Todos los días, a las 8 de la mañana, Lavanda salía del penal con una pañalera hacia el hospital. “Yo siempre andaba un gorrito, un par de calcetines, una mantilla y una loción. Nunca imaginé estar cuidando a un niño dentro de una cárcel”.
El libro “Violencias durante la pandemia: miradas desde Centroamérica” de la Red de Conocimiento sobre Seguridad Ciudadana (Conose) recopila testimonios de mujeres que fueron madres en la cárcel. Expone algunos de los impactos generados como: la pérdida del rol materno, la separación de sus hijas e hijos y la ruptura de sus vínculos familiares, la cual agudiza la experiencia del encarcelamiento expresada en síntomas de depresión, agobio y claustrofobia. Además de la falta de comunicación total con sus hijas e hijos que propicia una preocupación permanente.
Para quienes fueron madres primerizas al interior de un penal, la angustia se exacerba pues, en su experiencia, no contaron con la atención médica adecuada ni la orientación oportuna de cómo cuidar o atender a una persona que acaba de nacer. Fueron otras internas quienes las acompañaron. Esto evidencia que, en algunos centros penitenciarios, hay una ausencia o incumplimiento de protocolos de atención y derivación de casos de mujeres privadas de libertad que ingresan en situación de embarazo, acompañadas de sus hijas o hijos menores de cinco años o con personas recién nacidas.
Nacer y crecer con cariño, en la cárcel
Quienes han estado privadas de libertad cuentan que muchas no reciben visitas por lo que intercambian productos o comida para sus hijos e hijas. Algunas cambian pañales por leche. O lavan ajeno para poder ganar dinero y comprar comida para sobrevivir.
Lavanda no olvida el primer día con su hijo en la cárcel. Las otras mujeres les recibieron con alegría. Le regalaron ropa, pañales desechables, leche y otras cosas. “Es bonita la solidaridad”.
La primera noche que pasó con su hijo, lo acostó en la misma cama donde dormía ella. “Yo le ponía almohadas por aquí, por allá, para que las ratas no me lo fueran a morder. A otros niños los habían mordido”. Describe que debido a la salud de su hijo vivió momentos muy difíciles al no contar con redes de apoyo para cuidarlo.
El incremento de niños y niñas en prisión en el 2014 fue del 25.9 % con respecto al 2012. Para el 2014, el 75.2 % de niños y niñas recluidas en el sistema se encontraba entre las edades de 0 a 3 años (106 niños y niñas); mientras que, el 24.8 % de niños y niñas se encontraba en el grupo etario de 4 a 5 años (35 niños y niñas).
Las estadísticas sobre la población infantil, mujeres embarazadas, y las que han experimentado un parto o una pérdida del 2019 al 2021 no pudieron actualizarse. La Oficina de Acceso a la Información Pública de la DGCP, en la resolución 126, respondió que “existe declaratoria de reserva”.
Para Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la privación de libertad no es una condición adecuada para que las mujeres puedan cumplir con el papel de madres. Hay mujeres “que no tienen dinero, no tienen agua, alimentación para esas criaturas; ellas tampoco tienen buena alimentación y se espera que amamanten”.
La Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, en la investigación “Condiciones de vida de los niños y niñas que crecen internos junto a sus madres en la Granja Penitenciaria de Izalco y en el anexo a esta (sector materno)”, menciona algunas de las condiciones en las que habitan mujeres y niñas y niños en los centros de rehabilitación. Entre ellas la escasez de medicamentos; no ser un lugar apto para atender emergencias; no proporcionarle a la niñez educación inicial formal con personal calificado; la infraestructura carece de enfoque de género; y, los hábitos de formación y de trabajo refuerzan roles de género con respecto a los talleres impartidos a las privadas de libertad.
Embarazos adolescentes en centros del ISNA
Para el Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA, todas las niñas deberían poder soñar y crecer sin preocuparse de ser madres a temprana edad. Los embarazos representan una interrupción del proyecto de vida.
Al no existir la posibilidad legal de interrumpir un embarazo, a las niñas y adolescentes se les violentan sus derechos. Pierden una etapa fundamental para desarrollarse personalmente, explica Liliana Trejo, antropóloga feminista.
En los centros del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) existe un registro de adolescentes embarazadas: 31 casos en los últimos tres años. Además, del 2019 al 2021, 7 adolescentes experimentaron un parto entre las edades de 15 a 18 años; y, una adolescente experimentó una pérdida del embarazo en 2021.
Para Zaira Navas, exdirectora del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (Conna), la Ley Crecer Juntos representa un grave retroceso en los derechos sexuales y reproductivos. Además, porque las políticas públicas de este gobierno tienen énfasis en la primera infancia. No están orientadas en la adolescencia. A esto se le suma la situación crítica que vive el país debido al régimen de excepción, cuya octava prórroga fue aprobada este 15 de noviembre.
Karla, una adolescente de 17 años, tenía cuatro semanas de embarazo cuando fue capturada en junio de este año, bajo el régimen de excepción. Los militares la golpearon al momento de su detención, según el testimonio público de su madre. A los tres meses de embarazo, sufrió una pérdida mientras se encontraba detenida. A la fecha, se desconoce su estado de salud. La única información sobre ella es que fue condenada a dos años de internamiento porque “el Juzgado de Menores de Sonsonate consideró que ella era culpable del delito basado en el testimonio de los agentes que la capturaron”.
La Brújula solicitó a la Oficina de Acceso a la Información Pública del ISNA estadísticas sobre embarazos de adolescentes del 20019 al 2021, pero en la Resolución 040 esta información se declaró “inexistente”. Sin embargo, una fuente especialista en salud aseguró a este medio que existe un grupo reducido de adolescentes embarazadas. “Es un grupo muy pequeño, pues tenemos adolescentes privadas de libertad o en situación de protección de sus derechos que están embarazadas”. Para corroborar esta afirmación, se solicitó una entrevista a las autoridades del ISNA. Pero no se obtuvo respuesta.
“Yo nunca imaginé estar con un niño dentro de la cárcel”
Lavanda y su hijo estuvieron catorce meses en cárcel de mujeres. En mayo de 2015, fueron traslados a la Granja Penitenciaria de Izalco, al igual que 111 privadas de libertad con sus respectivos hijos e hijas: 99 niños y niñas, de acuerdo con la memoria de labores de la DGCP, de junio de 2014 a mayo de 2015.
El Salvador parece tener una política de Estado donde las maternidades se deben ejercer sin importar las condiciones, plantea Mariana Moisa, antropóloga feminista. “Se puede negar todo lo demás y estar en las peores condiciones, pero hay una obligatoriedad de que sean madres”.
Fátima Ortíz, abogada y especialista en políticas públicas, conoce cómo funciona el sistema penitenciario. Para ella, las mejoras deben enfocarse en la especialización del personal de salud en atención a las mujeres y en la dotación de medicinas para las mujeres, sobre todo, para aquellas con embarazos de alto riesgo. Asimismo, se necesita una clínica que funcione las 24 horas, con espacios amigables. Y no un cuarto con una camilla y un escritorio.
Ortíz hace un llamado a revisar la política penitenciaria. Esto debido a que las medidas extraordinarias en las cárceles, como las implementadas durante la cuarentena y para prevenir y combatir la criminalidad que se planificaba y dirigía desde los centros penales, y otras, a partir del régimen de excepción, han empeorado la situación de las privadas de libertad. “A algunas de las mujeres no les estaban llegando las cosas que sus familiares les llevaban como leche, pampers, medicamento”.
La Regla 26 de Bangkok, con respecto al contacto con el mundo exterior, establece que “se alentará y facilitará por todos los medios razonables el contacto de las reclusas con sus familiares, incluidos sus hijos, y los tutores y representantes legales de sus hijos. Cuando sea posible, se adoptarán medidas para reducir los problemas de las mujeres que se hallen recluidas en instituciones lejanas de su hogar”.
La CIDH, luego de su visita in loco, en 2019, expuso las graves violaciones a los derechos humanos como el aislamiento prolongado bajo condiciones inhumanas, afectaciones a la salud, suspensión del régimen de visitas y obstáculos para garantizar un debido proceso. Organizaciones de la sociedad civil, en la audiencia de la CIDH, del 3 diciembre de 2020, denunciaron las mismas vulneraciones, las cuales también son consideradas como tortura.
El duro momento de la separación
Lavanda vivió con su hijo dentro de la Granja Penitenciaria de Izalco hasta que él cumplió cinco años, la edad máxima para que un niño o una niña pueda permanecer en el sistema penitenciario, de acuerdo con el artículo 70 de la Ley Penitenciaria. Algunos niños y niñas les decían a sus madres que no querían estar en la cárcel: ‘Mamá, yo no quiero estar preso como vos. Quiero estar libre’, recuerda.
Las niñas y los niños también están prisioneros y no tienen el contacto ni el enriquecimiento que tendrían con una socialización saludable, explica Patricia Berrios, psicóloga feminista.
El impacto psicológico y sociológico también es para las madres. Lavanda se despidió de su hijo en 2019. “Es bien diferente ser mamá dentro del penal y despedirse es duro”.
La tesis: “Significados de la experiencia de ser mujer y del ejercicio de la maternidad y su vinculación con la construcción subjetiva y el bienestar psicosocial, antes y durante el proceso de internamiento, de mujeres privadas de libertad, del Centro Penitenciario de Izalco, Sonsonate, El Salvador”, publicada en octubre de 2020, señala que la maternidad se experimenta con numerosas culpas no sólo por el hecho de haber delinquido, sino también por haber roto con el rol tradicional de la mujer madre y haber privado de libertad a su hija o hijo injustamente.
A las madres que deciden convivir con sus hijas o hijos dentro del recinto penitenciario, se las define como “madres solas”, pues no cuentan con alternativas óptimas para la crianza. La investigación destaca, además, el sufrimiento que conlleva tener a su hija o hijo tanto adentro como fuera de la prisión. “El sentimiento de ser «malas madres», de haber abandonado a sus hijos, las persigue desde que entran hasta que salen de prisión”.
Para ellas el mayor anhelo es obtener el perdón, la aprobación y el amor de sus hijas e hijos. Por ello, su libertad adquiere valor solo en la medida en que podrán volver a ejercer su rol de madres.
Berrios explica que las separaciones son duelos no atendidos que implican un daño profundo en la psiquis de ambas personas. “En el caso de los niños, les afectará en su desarrollo emocional, intelectual y psicológico; y, la mamá puede experimentar sentimientos de culpa, ansiedad, preocupación por el futuro, depresión”.
Lavanda y Rosaura recuperaron su libertad en marzo y mayo de este año, respectivamente. Vía conmutación de la pena. El segundo hijo de Lavanda tiene ocho años, pero no la reconoce como su madre ni vive con ella. Su primer hijo se fue del país, años antes de que ella saliera de la cárcel. El primer hijo de Rosaura suma 20 años y tampoco vive con ella. De su otra hija no volvió a saber más. Y no la busca, porque teme su rechazo.
Ambas son parte de las 66 mujeres liberadas tras ser criminalizadas por sufrir emergencias obstétricas y/o partos extrahospitalarios. Ambas mujeres continúan su vida en el campo, separadas de sus hijos, solo con el consuelo de saber que se encuentran bien. A ambas, el Estado salvadoreño les negó su derecho a ejercer la maternidad en dos ocasiones.
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