Las Dignas presentó los resultados de la contraloría social hacia el Ministerio de Salud (MINSAL) orientados al acceso de métodos de planificación y vulneración a la confidencialidad de las juventudes en los municipios de Zacatecoluca y San Luis La Herradura del departamento de la Paz.
Por Ana Gómez / Revista La Brújula
El objetivo de la contraloría social fue identificar los obstáculos en el acceso a métodos anticonceptivos y evaluar el trabajo del Ministerio de Salud como garante de estos servicios y la confidencialidad a las y los usuarios de salud.
JuvenAccion apoyó en la elaboración del instrumento del proceso y en la ejecución del mismo. En él participaron mujeres, hombres y adolescentes entre los 15 a 29 años.
Para las y los jóvenes este proceso logró visibilizar diferentes obstáculos en el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos.
“Hemos realizado capacitaciones para que los jóvenes puedan conocer sus derechos sexuales y reproductivos, también se generan espacios seguros donde su voz cuenta y puede expresarse”
El análisis se realizó a partir de las características DAAC: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, establecidas en 2015 por la Procuraduría de Derechos Humanos.
Los resultados en el área de disponibilidad y acceso concluyen que existen brechas en la cobertura de los servicios de anticoncepción públicos en las zonas rurales; el principal acceso es a través de lugares privados como farmacias y tiendas, esto no es sostenible para adolescentes sin ningún ingreso económico y no garantiza una adecuada evaluación profesional.
En la aceptabilidad y calidad de los servicios señalan que el pensamiento y cultura conservadora de la sexualidad niega la perspectiva de derechos reproductivos al acceso a los métodos anticonceptivos y a la Educación Integral Sexual a la población joven.
Otro aspecto que identifican por medio de la contraloría es la idea de que las mujeres son responsables de la prevención de embarazos no deseados, desligando a los hombres de esta responsabilidad .
Además, existe una negación social para que la población adolescente y joven pueda ejercer sus Derechos Sexuales Reproductivos. El personal del sistema de salud solicitan el consentimiento de su familia y estar acompañadas de una persona adulta. Además, los encuestados afirman que la buena atención en servicios públicos de salud no es una práctica estandarizada.
Los y las jóvenes encuestadas consideran poco confiable el acceso a la información debido a falta de confidencialidad en el manejo de ésta por parte del personal de salud. Esto origina miedo a que se informe a sus familiares y sean estigmatizados por ser un tema relacionado a su vida sexual.
Como resultado de la sistematización de la contraloría social al MINSAL, Las Dignas proponen un plan de trabajo para promover y garantizar los derechos sexuales reproductivos con énfasis en el acceso a los métodos anticonceptivos. Este plan atribuye la responsabilidad a la municipalidad, al MINSAL, Ministerio de Educación e instituciones como el Instituto Salvadoreño de la Mujer, el Consejo de la Niñez y la Adolescencia y la Policía Nacional Civil, entre otras.
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