Elizabeth de León, defensora de derechos humanos en el municipio de Santo Tomás, fue asesinada el 22 de marzo. El ataque se dio cuando ella se dirigía a su trabajo. Los feminicidas usaron arma blanca. De momento no hay información oficial sobre este feminicidio. La Red Salvadoreña de Defensoras se pronunció y condenó el hecho, que nuevamente refleja el contexto de alta peligrosidad en el que las defensoras realizan su labor.
Entre enero y febrero de 2022, han ocurrido 20 feminicidios de acuerdo con las actas de la Mesa de Homologación de Muertes Violentas.
Por Clanci Rosa
Editado por Metzi Rosales Martel
Elizabeth de León, mejor conocida como doña Bety, era una férrea defensora de los derechos humanos. Residía en el cantón San José Las Casitas, de Santo Tomás. Era una lideresa comunitaria. Estaba organizada desde el 2010 en el Movimiento de Mujeres de Santo Tomás (Momujest). Tenía 55 años y era madre de dos hijas.
En cada emergencia por lluvias, las comunidades de su municipio contaban con su apoyo. Visitaba cada casa para identificar qué necesitaban las personas. “Me acuerdo que para la última tormenta nos llevó hasta el último rincón del cantón El Guaje 1, para llevar colchonetas y ropa a una familia damnificada”, relata Sofía* otra lideresa de Momujest.
Sus familiares también la recuerdan como una mujer entregada a la comunidad y a la familia. El 20 de marzo, doña Bety invitó a sus hermanas a almorzar. Les hizo sopa de gallina india. Estaba contenta porque se acercaba el cumpleaños de su compañero de vida. Le comunicó a la familia que iba a celebrarlo. Y les invitó.
Ese almuerzo fue el último en familia. Platicaron, comieron y tuvieron un momento especial. Por la tarde se retiró. Salió con su bolsa cargada de ropa y zapatos. Doña Bety había recolectado esa ayuda para una señora de la comunidad. Y ese domingo fue a dejarla. Nadie se imaginó lo que sucedería un día después.
Doña Bety salía todos los días a trabajar donde su hija. Se iba a las 5: 45 de la mañana a cuidar a su nieto. Esa vez, su familia solo la vio pasar cuando regresaba de noche.
El 22 de marzo, doña Bety salió de su casa a la parada de buses para dirigirse a donde su hija. Pero esta vez no llegó. Familiares la vieron pasar a las 5:45 a.m. Minutos después, un habitante del lugar regresó corriendo para alertarles que la habían apuñalado.
Su familia trató de auxiliarla, pero era imposible. Fue atacada nueve veces con arma blanca. Murió desangrada camino al hospital. De acuerdo con información de habitantes de la comunidad, los atacantes fueron dos hombres. De momento no hay información oficial sobre la investigación de este feminicidio. Las personas tienen miedo de hablar con las autoridades porque temen por sus vidas.
La indolencia de las instituciones para investigar este feminicidio
Sobre el feminicidio de doña Bety se conocen versiones extraoficiales. Una está relacionada precisamente a su labor como defensora de derechos humanos. Las defensoras en los territorios acompañan a sobrevivientes y víctimas de todos los tipos de violencia, denuncian agresores y son referentes para las mujeres de la comunidad cuando experimentan situaciones de violencia. Es por ello que existe la sospecha de que su feminicidio esté relacionado con alguno de estos acompañamientos.
Otra versión apunta a un problema de violencia intrafamiliar, del que se prefiere no sea publicado por seguridad de las personas involucradas.
Oficialmente, ni la Fiscalía General de la República (FGR), ni la Policía Nacional Civil han brindado detalles del caso. El equipo de Revista La Brújula buscó información en la delegación policial de Santo Tomás, Afirmaron no tener indicios y descargaron la responsabilidad de la investigación en la FGR. De acuerdo con los artículos 2 y 18 de la Ley Orgánica de la fiscalía, una de sus competencias y atribuciones es «dirigir la investigación de los hechos punibles y los que determinen la participación punible» […] «con la colaboración de la Policía Nacional Civil y de los organismos especializados en la investigación». El artículo 15 establece que la PNC y los organismos de seguridad pública, «obedecerán las órdenes e instrucciones bajo el concepto de dirección funcional impartidas por la Fiscalía General para la investigación de los hechos punibles».
Alejandra Burgos, coordinadora de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, considera que este feminicidio muestra la hostilidad que hay en las comunidades para quienes defienden los derechos humanos.
“El feminicidio de doña Bety refleja la situación de alto riesgo en que las mujeres desde la sororidad, desde su compromiso con la justicia acompañan a otras a denunciar y exigir justicia ante un sistema indolente que frente a violencia de género mira para otro lado”.
A través de un comunicado de prensa, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IMD) recordó al Estado salvadoreño que en casos de asesinatos en contra de defensoras de derechos humanos, según lo ha indicado la Corte Interamericana: «El Estado debe realizar un análisis de género interseccional, que permita comprender las complejidades de las diferentes violencias que enfrentan las defensoras por su labor y por su género».
Para ello, instan a considerar factores políticos, sociales, económicos, ambientales y sistémicos, incluidas las actitudes y prácticas patriarcales que producen y reproducen la violencia en contra de las mujeres defensoras, de conformidad con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Sofía*, lideresa del Momujest, condenó los hechos y lamentó que el Gobierno no dirija acciones reales para proteger a las mujeres: “El Gobierno dice que las mujeres estamos más seguras, pero eso no es cierto. Estamos peor ahora. Siguen matando a las mujeres y este Gobierno no se pronuncia. En lugar de ello, sus diputadas, que un día caminaron por la LEIV, hoy dicen que la ley no sirve. Las autoridades deben investigar de oficio este crimen. Y dar justicia”.
"Ni la alcaldía ni la policía nos apoyaron"
Doña Bety fue velada en la comunidad Los Pocitos. Un familiar pidió apoyo a la delegación policial para que pudieran patrullar, pues tenían miedo de sufrir algún ataque. Pero ninguna patrulla llegó.
Al cuestionar al equipo de agentes en la delegación, respondieron que no cuentan con los elementos necesarios para poder brindar ese apoyo. Santo Tomás tiene nueve cantones y la delegación cuenta con ocho agentes, uno se queda de guardia. Y, tienen que brindar seguridad al Tribunal Supremo Electoral, cubrir audiencias en los tribunales “Quedamos cuatro para cubrir los nueve cantones”, explicó un policía.
Esta realidad no es reflejada en las redes sociales. Por ejemplo, el día en que ocurrió el feminicidio de doña Bety, la Policía Nacional Civil publicó en un tuit que cerraban con tres homicidios. El texto fue acompañado con la imagen de una gráfica que mostraba el descenso en los “homicidios” en los últimos tres años. Esta publicación ni siquiera contabiliza la muerte violenta de ella como un feminicidio, esto pese a que el art. 45 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia (LEIV) define las circunstancias para considerar un feminicidio, es decir un crimen por motivos de odio en razón del género, los cuales están presentes en el caso de doña Bety.
En las redes sociales gubernamentales también se sigue reportando el éxito del Plan Control Territorial; y, recientemente algunas diputadas de la bancada cyan han iniciado una campaña para desinformar sobre los alcances y avances que representa la LEIV con respecto a garantizar los derechos de la mujer y tipificar como delitos los siete tipos de violencia: psicológica y emocional, física, feminicida, económica, patrimonial, sexual y simbólica.
La desconfianza en la institucionalidad de las instituciones de justicia
La familia teme, incluso, pedir justicia. Pues desconocen quiénes son los autores materiales del feminicidio y si podrían atentar contra ellos. Una de sus familiares dijo que no cree en la justicia para las mujeres en El Salvador. Ella misma es sobreviviente de violencia y lleva un proceso desde 2015 sin que el sistema a la fecha haya resuelto a favor de garantizar sus derechos y seguridad.
“No creo en la justicia de este país. Nunca he sentido que haya justicia. Con esto tampoco creo que vaya a haber justicia. Las mujeres siempre estamos en desventaja. No podemos ni acusar a nadie porque no tenemos pruebas. No sé qué es lo que falla, pero a nosotros no nos dan justicia. Anunciaron el plan Control Territorial, pero no se ve que haya control de nada”, opinó.
Burgos también se refirió al silencio gubernamental e institucional ante el crimen. Hizo un llamado a las distintas instancias del Estado, y a la sociedad civil a proteger a quienes defienden derechos humanos, sobre todo a quienes ejercen esta labor en las comunidades. Y recordó al Estado la urgencia de políticas y programas de protección a defensoras.
“El Estado tiene una deuda con la ciudadanía, sobre todo en el marco de programas y políticas públicas vinculadas a la disminución de la violencia social. Llamamos al Estado salvadoreño a que cumpla con marcos normativos y que proteja la labor de las defensoras, para que en casos como este, el sistema de justicia pueda centrar su labor investigativa en dar con los responsables desde la perspectiva de su labor como defensoras”.
El feminicidio de doña Bety es la primera muerte que se registra en el municipio en lo que va de 2022, según manifestaron agentes de la Delegación de Santo Tomás. Las defensoras de este municipio contaron a revista La Brújula que esta no es la primera vez que se enfrentan a graves hechos de violencia. Uno de estos casos lo vivió, Mariposa*. En el 2012 fue secuestrada una nieta. Y en el 2015 le secuestraron a su hija.
“Para nosotras nunca ha sido seguro ejercer esta labor, pero es necesaria”, lamentó. Además, pidió justicia por su compañera y amiga, doña Bety: “Ella deja un legado, estará presente como ejemplo vivo de todas nuestras luchas en el municipio”. dijo.
Datos de Amnistía Internacional reportan al menos 20 personas defensoras de derechos humanos y cuatro periodistas asesinadas en América Latina. Esta cifra corresponde solo a enero de 2022. “Debemos construir un futuro donde defender los derechos humanos en este continente no signifique arriesgar la vida. Es imperioso que los Estados tomen medidas urgentes para garantizar un espacio seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos y el periodismo independiente en la región, y que éstas dejen de ser actividades letales”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistia Internacional.
Nota: las lideresas pidieron no ser identificadas con sus nombres reales.
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