Por: Red de Corresponsales Feministas / Eugenia Olan
Entre las medidas que se amplían por seis meses se encuentran la orden girada al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de no otorgar el permiso ambiental a la empresa Sensunapán S.A de C.V para realizar el proyecto “Pequeña Central Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco II”, que consistía en la construcción y puesta en operación de una central hidroeléctrica.
Las comunidades indígenas de Nahuizalco y organizaciones ambientalistas presentaron el informe situacional de la cuenca Sensunapán-Banderas y exigen el cumplimiento efectivo de las medidas cautelares, que el pasado 12 de enero de 2022, la Cámara Ambiental amplió en favor de la protección del Sensunapán.
Entre las medidas que se amplían por seis meses se encuentran la orden girada al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de no otorgar el permiso ambiental a la empresa Sensunapán S.A de C.V para realizar el proyecto “Pequeña Central Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco II”, que consistía en la construcción y puesta en operación de una central hidroeléctrica que utilizará al Río Sensunapán o Grande de Sonsonate, a la altura de los cantones Sisimitepec y Pushtan de Nahuizalco, y Loma del Muerto, de Sonsonate.
Otra de las medidas es que el Ministerio de Cultura debe proteger y salvaguardar los siete lugares sagrados que las comunidades han señalado que se encuentran en el tramo que ocuparía la central de energía eléctrica.
Para Gloria Méndez, miembro de la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate, MESUTSO y parte de la juventud que representa la lucha ambiental, la hidroeléctrica pone en vulnerabilidad al territorio y violentan el derecho humano al agua.
“Justamente el proyecto no ve los atropellos a la vida, a nuestra cultura, a la naturaleza, solo hay que ver los daños que ha causado el proyecto Cucumacayán en El Caracol, un sitio que tenía aproximadamente una caída de agua de 100 metros de altura, ya no tiene nada, eso nos visibiliza lo que puede pasar con este proyecto”, mencionó.
Agregó que el estrés hídrico afecta a las comunidades de Sisimitepec y Pushtan, ya qué daña los pequeños caudales de agua de los alrededores que son utilizadas como fuentes que alimentan sus cultivos como yuca, berenjena y otro tipo de hortalizas. De esta manera, la economía de estas comunidades que comercializan estos cultivos se ve perjudicada al permitir que se ejecute este proyecto.
Son aproximadamente 25 jóvenes que apoyan la lucha y exigen la protección de los ríos y que respeten la cosmovisión ancestral de los pueblos indígenas y el medio ambiente. Además, piden que se cumplan las campañas de limpieza de los ríos que corresponde al Ministerio de Salud y a las Alcaldías, pero hasta la fecha, quienes realizan las labores son las comunidades.
17 años de lucha por la conservación de los territorios
El proceso contra la ejecución del proyecto “Pequeña Central Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco II” inició en agosto de 2020, cuando las comunidades alertaron la ejecución de dicho proyecto que se encontraba en la etapa de consulta pública impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que posteriormente fue denunciado en el Juzgado Ambiental de Santa Ana y en la Procuraduría General de los Derechos Humanos por la Vulneración de Participación Ciudadana de las comunidades indígenas.
La consulta pública se estaba realizando para conocer el Impacto Ambiental de este proyecto dentro del contexto de la pandemia por COVID-19, las comunidades que querian participar debían abocarse a la Alcaldía de Nahuizalco o al MARN cuando las condiciones eran nulas tanto para movilidad como acceso al contenido del estudio.
Ariela González de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, (FESPAD), expusó la importancia del cumplimiento de las medidas y como el proceso fue archivado por el Juzgado Ambiental, por ello se abocaron a la Cámara Ambiental de Segunda Instancia para la reapertura del proceso judicial de la denuncia interpuesta por FESPAD, la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) y las comunidades indígenas de Nahuizalco contra la empresa Sensunapán S.A de C.V.
“Recibimos a bien esta extensión por seis meses de las medidas cautelares porque obliga a las instituciones al cumplimiento de ellas ha sido escueto este proceso porque por parte del Ministerio de Cultura y por la pandemia no han tenido un acercamiento a las comunidades para poder documentar estos lugares sagrados que son de gran valor cultural y de prácticas ancestrales para las comunidades”, mencionó respecto al cumplimiento de los informes de las instituciones.
González, agregó que las medidas están dirigidas directamente al Ministerio de Medio Ambiente, para que no otorgue el permiso ambiental a la empresa Sensunapán S.A de C.V.
Asimismo, se mencionó que es la segunda ocasión que se niega los permisos a la empresa, esto debido a la lucha y resistencia de las comunidades, con el respaldo de organizaciones como la Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES.
Aracely Argueta, representante de UNES, expresó desde la perspectiva de bioseguridad y medio ambiental, que la cuenca Sensunapán-Banderas posee un estrés hídrico de 0.65 que según el Sistema de Información Hídrica del MARN es el más alto en el país.
“Es preocupante para el territorio la existencia de proyectos extractivos porque ya son siete hidroeléctricas que operan y que amenazan con uno de los bienes más importantes para todos como es el agua, en El Salvador el agua es más vulnerable, especialmente a raíz del incremento de la demanda para la industrialización que es de 64,000 metros cúbicos, mientras que la posibilidad de responder a eso, la oferta existente es de 32,000 metros cúbicos, esto significa una alta demanda pero con poco acceso al agua para las comunidades, para la población y para las necesidades básicas ”, dijo.
Por otra parte, la representante de UNES habló sobre la recién aprobada Ley de Recurso Hídrico
“Está nueva ley no reconoce un análisis de la cuenca como tal, de las afectaciones de la cuenca antes de brindar un permiso ambiental, se otorgan permisos basados de los estudios proporcionales de la cuenca y no de la cuenca en su totalidad, también garantizan permisos de extracción agua y de bienes naturales de hasta 15 años prorrogables, lo que significa que en la narrativa de la ley es un derecho humano, en el discurso no se traduce en el reglamento y en los artículos que se han establecido en la ley”.
Por ello, las organizaciones ambientales y las comunidades indígenas resaltaron la importancia de mantener las medidas cautelares y pensar en planes estratégicos que analicen la cuenca y que permitan una base de las comunidades en la gestión sustentable de sus territorios.
Las comunidades indígenas del Municipio de Nahuizalco tienen 17 años de lucha por la conservación de los territorios, ya que son parte de los sitios sagrados y el significado de cada uno de ellos, por su sustentabilidad, por la cosmovisión ancestral y por la conservación de sus plantas medicinales.