La reforma reconoce la figura de Agente Encubierto Digital con la que podrían espiar a periodistas y defensores de derechos humanos de manera «legal», de acuerdo con declaraciones de la APES y la Mesa de Protección a Periodistas.
Diputados de Nuevas Ideas aprobaron en sesión plenaria reformas al Código Procesal Penal sobre delitos informáticos, entre las reformas están las relativas a la incorporación de la evidencia digital y el uso de la figura de Agente Encubierto Digital en los procesos de investigación judicial. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la Mesa de Protección a Periodistas se pronunciaron y alertaron los riesgos que esto significa para el libre ejercicio del periodismo.
La reforma en el artículo 259-A establece la evidencia digital como documentos digitales, mensajes electrónicos, imágenes, videos y cualquier tipo de información que fuera almacenada recibida o transmitida a través de las tecnologías de información y la comunicación o por medio de cualquier dispositivo electrónico, estos serían admitidos como pruebas.
En ese mismo artículo, literal D, establece el uso de Agente Encubierto Digital durante las investigaciones sobre los delitos estipulados en la Ley de Delitos Informáticos y Conexos. Las que estarán a cargo de la Policía Nacional Civil con autorización de la Fiscalía General de la República.
“La Policía también podrá realizar la búsqueda a través de las tecnologías de la información y la comunicación de carácter abierto o público, incluyendo las páginas de internet de evidencia digital que constituya el hecho punible informático o pueda servir de prueba para el mismo, por medio de programas informáticos que le permitan identificar los valores únicos de tal evidencia digital, o mediante la búsqueda o indagación libre en tales espacios informáticos”.
César Fagoaga, presidente de la APES, dijo en conferencia de prensa que con estas reformas de alguna manera, se está legalizando el espionaje que, de forma ilegal, ya realiza el gobierno en contra periodistas y defensores de derechos humanos. Además, señaló que está reforma no establece por cuánto tiempo se usará el Agente Encubierto Digital ni por qué delito. Para la APES y la Mesa de Protección a Periodistas se debió contemplar excepciones, como el trabajo periodístico.
“Nos parece muy importante que esta reforma se hubiera consultado con quienes nos dedicamos al periodismo, con la Mesa de Protección a Periodistas, una reforma de este tipo que no incluye a voces de sociedad civil es totalmente excluyente(...) lo que prevemos es que se legalice el espionaje, no hay nada en papel que diga que no se va a utilizar para arbitrariedades y abusos".
En este mismo artículo donde se establece el agente encubierto, queda estipulado que la policía y/o la Fiscalía podrán celebrar acuerdos con entes públicos o privados con sede en otros países que les permita recibir y documentar noticias criminales del cometimiento de hechos delictivos de forma directa inclusive mediante el uso de las TICs , la información así recibida podrá ser incorporada al proceso como evidencia digital.
Para la Mesa de Protección a periodistas esta reforma pone en riesgo el trabajo periodístico porque será implementado por el Estado, que abiertamente se ha mostrado enemigo de la prensa y que tiene funcionarios que han reconocido dar seguimiento a periodistas y espiar a periodistas. “Están poniendo en papel algo que ya se hace de manera ilegal”, dijo Fagoaga.
Diputados y diputadas que no acompañaron la reforma también manifestaron que lo que se busca es espiar periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
“Voté en contra de las reformas al Código Procesal Penal para que operen "agentes encubiertos digitales" pues aunque no lo dicen explícitamente, buscan legalizar el espionaje por medios digitales a críticos del gobierno incluyendo periodistas, opositores y sociedad civil”,
Anabel Belloso, del FMLN también se manifestó en contra de las reformas.
“El régimen legalizó el espionaje. Sabemos que no utilizarán estas herramientas para perseguir delincuentes, a ellos solo les interesa perseguir a las voces críticas que denuncian la corrupción del gobierno”.