Las agresiones dieron inicio en el año 2002, cuando Juliana tenía 12 años de edad. El caso ha sido declarado con reserva.
Por: Red de Corresponsales Feministas / Glenda Martínez y Krissia Girón
Integrantes de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos y la Colectiva Feminista se hicieron presentes en los alrededores del Juzgado de Paz de Juayúa, del departamento de Sonsonate, para exigir justicia por Juliana Prado, nombre ficticio, quién sufrió violencia sexual por parte de Videl Méndez, quien en ese entonces era su profesor.
Las agresiones se dieron de forma continuada cuando la víctima tenía entre 12 y 18 años de edad, por lo que Méndez es acusado del delito de violencia sexual en menor e incapaz, tipificado en el artículo 161 del Código Penal.
Luego de la audiencia inicial, desarrollada el pasado 6 de diciembre, el Juzgado determinó que el acusado siguiera con el proceso en libertad. Además, se decretó reserva del caso.
Las organizaciones que acompañan el caso afirman que este flagelo ha provocado «serias consecuencias psicológicas que persisten pese a los años transcurridos, daños que el Estado está obligado a reparar», afirmaron en su comunicado.
La abogada defensora de Juliana, Angélica Rivas, lamento la decisiones del juzgado respecto al caso, al tiempo que hizo un llamado al Estado a aplicar la justicia en los casos de violencia sexual y construir lineamientos que protejan a la niñez y adolescencia en los centros escolares.
«En este tipo de casos deberíamos tener como país otro tipo de resoluciones en términos de prisión preventiva para las personas que están siendo juzgadas por estos delitos. Porque lo ideal es prevenir que ningún niño, niña, estudiante de ningún centro escolar, ni público ni privado, tenga que sufrir violencia sexual de parte de sus docentes», afirmó.
Durante la audiencia, agentes de la Policía Nacional Civil desalojaron a defensoras de Derechos humanos y medios de comunicación que estaban afuera del juzgado, acordonando la zona y grabando con sus celulares a todas las personas presentes en el lugar. Situación que lamentaron las organizaciones sociales.