La Sombrilla Centroamérica realizó una serie de tres podcast especiales en el marco de 16 días de activismo, para visibilizar y conversar sobre la situación de la salud sexual y reproductiva de las niñas y mujeres en situaciones de crisis.. En este sentido, en el tercer programa denominado Fallo Corte IDH: Manuela es inocente, el Estado salvadoreño se equivocó abordó el histórico fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a El Salvador por el caso de Manuela y ordenó reformas para que las mujeres no sean criminalizadas por acceder a salud reproductiva.
El Estado salvadoreño tras a está sentencia debe asumir la responsabilidad por la violación de derechos humanos y muerte de Manuela. Ella fue denunciada por el supuesto delito de aborto y luego condenada a 30 años de prisión al también adjudicarle homicidio agravado luego de un proceso penal que estuvo lleno de estereotipos de género, tal y como lo ha reconocido la Corte IDH, denunciaron Joshi Leban y Sara García en el espacio.
“A Manuela se le negaron los servicios de salud mientras ella guarda prisión. Ella enfrentaba un cáncer y es por eso que sufre la complicación obstétrica”, Joshi Leban del podcast Centroamérica unida y resistiendo.
La Corte señaló que en un contexto de penalización absoluta del aborto se han criminalizado a varias mujeres que han tenido emergencias obstétricas, según el Estudio: Del Hospital a la Cárcel se encontraron en los juzgados 181 casos. Esta sentencia crea jurisprudencia que deberá ser aplicada en América Latina y el Caribe y es por eso que representa un hito para la región. En consecuencia, la Corte estableció que El Salvador violó la garantía del secreto profesional médico en perjuicio de Manuela, y dictaminó que el personal de salud no debe denunciar a mujeres que acuden al hospital buscando atención en salud reproductiva, incluyendo el aborto.
“ Llegar al más alto tribunal de las Américas es un logro enorme. El hecho de que se estén conociendo las violaciones de derechos humanos de una mujer que enfrentó estas violencias de Estado ya es sumamente importante”, Sara García del podcast Centroamérica unida y resistiendo.
El tribunal reconoció que en El Salvador hay un fenómeno de criminalización de las emergencias obstétricas por cuenta de la penalización total del aborto, el cual afecta mayoritariamente a mujeres que viven en situación de pobreza, en zonas rurales y tienen niveles bajos de escolaridad.
Carmen Cecilia Martínez del Centro de Derechos Reproductivos, parte del equipo litigante del caso, explica que considera importante hablar sobre la historia de Manuela y de su familia ya que su lucha por justicia puesto que la sentencia en su caso abre una oportunidad para evitar que muchas más mujeres sean perseguidas. La experta menciona que la Corte Interamericana reconoce que como consecuencia de la penalización absoluta del aborto, especialmente, las mujeres que viven en situación de pobreza son denunciadas por personal medico, deriva un proceso penal y enfrentan condenas injustas de hasta 50 años de cárcel.
“El reconocimiento de este contexto y de su impacto negativo en los derechos de las mujeres implica un avance en la lucha por la igualdad de género en El Salvador y en toda la región, puesto que las decisiones de la Corte son de obligatorio cumplimiento”, Carmen Cecilia Martínez del Centro de Derechos Reproductivos.
Asimismo, Martínez enfatizó que en torno a la sentencia existen dos reflexiones principales: como primer lugar, el personal de salud debe enfocarse en brindar atención médica a las mujeres que sufren emergencias obstétricas y que no se encuentran obligados a denunciar porque pone en riesgo la vida de las mujeres, el fallo manda a que mientras se regula la figura del secreto profesional el personal médico debe de abstenerse. Y en segundo lugar, que todas las autoridades, funcionarios, funcionarias deben ajustar sus actuaciones y leyes para asegurar que se priorice la salud de las mujeres que sufren emergencias obstétricas sobre la denuncia.
