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Si las personas desaparecidas y mujeres asesinadas de forma violenta fueran consideradas con la misma importancia con la que se implementó la Ley Bitcoin, en tres días se habría enviado una propuesta de ley a la Asamblea Legislativa como prioridad en agenda. Seguramente también, el presidente Bukele, habría hecho cadena nacional para pronunciarse y brindar su apoyo a las víctimas y sus familias. Empiezo escribiendo estas líneas con ironía, con repudio e indignación por todo lo que estamos viviendo; y es que cuando se tiene conciencia de género, sensibilidad por los derechos humanos, es imposible no pensar y empatizar con el dolor y sufrimiento de las víctimas y sus familias. ¿No les indigna? a mí sí.
Los días pasan y el panorama no es alentador, especialmente para las mujeres y poblaciones más vulnerables, quienes viven desigualdades y en exclusión. El pasado mes de mayo se archivaron propuestas de ley orientadas a garantizar la vida y salud de las mujeres, así como el reconocimiento a la identidad de género de las personas trans, argumentando que “No se adaptan a la realidad”. ¿A la realidad de quién o de quiénes?. Los argumentos utilizados son faltos de enfoque de derechos humanos y género, basados en prejuicios obsoletos que a estas alturas no deberían existir, especialmente de servidorxs públicos y en un Estado Laico como lo describe la jurisprudencia salvadoreña. Debemos tener claro que en años anteriores tampoco se priorizaron estas propuestas y con la llegada de esta nueva legislatura tampoco son temas importantes.
Las mujeres seguimos desprotegidas e invisibilizadas. Tres meses han pasado desde la desaparición de Flor de María Belloso, no se sabe nada de su paradero y sus familiares han optado por hacer su propia búsqueda pues ya han perdido la confianza en las autoridades. Los reportes de personas desaparecidas siguen en aumento: adolescentes, mujeres y hombres jóvenes son la mayoría de víctimas y sus familiares viven en zozobra y la esperanza de encontrarlxs con vida.
Muchas personas se han acercado a Chalchuapa, lugar donde el pasado mes de mayo fueron encontradas fosas clandestinas y quien el principal homicida y feminicida es un ex agente de la Policía Nacional Civil, en complicidad de otro grupo de criminales identificados por el mismo agresor. Todo esto me recuerda a la consigna que gritamos en las marchas exigiendo justicia por las mujeres “Me cuidan mis amigas no la policía”.
Cuánta razón.
Definitivamente son tantos actos atroces los que han sucedido y quedan en la impunidad. Las principales instituciones del Estado que deberían garantizar protección, seguridad y transparencia para informar a la población sobre los casos, perpetúan el abuso de poder, silencian periodistas, trabajadorxs encargados de la investigación y hasta sancionan a quien se atreva a decir la verdad.
El lunes 7 de junio, encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de 82 años, con evidentes signos de violencia, quien había sido reportada como desaparecida en el municipio de Berlín, Usulután. ¿Por qué en la página de la Policía Nacional Civil, siguen reportando “0 homicidios”? ¿De qué se trata el Plan Control Territorial? Son tantas dudas, cifras ocultas y pocas respuestas, que lo único que tenemos claro es que las mujeres en este país no podemos gozar del derecho a una vida libre de violencia.
La antropóloga e investigadora mexicana Marcela Lagarde, plantea el patriarcalismo autoritario, término que se adapta a la violencia de género y feminicidios en El Salvador, asociado a la desigualdad estructural que forja a los sujetos y objetos que recurren a generar violencias contra las mujeres y que ejercen hombres en posiciones de poder, que cultivan y propician toda esa ira contra las mujeres, en distintas manifestaciones de opresión.
Analicemos quiénes están en puestos de decisión, algunos de ellos con antecedentes o procesos abiertos por violencia contra las mujeres y hacia la niñez. Por ello, se ejecutan “planes de seguridad” patriarcales, masculinizados, anti derechos humanos y sin perspectiva de género; que dejan de lado la integralidad, análisis, empatía en la atención a la violencia contra las mujeres y su prevención. Tampoco existen esfuerzos por generar cambios estructurales y reconstrucción del tejido social.
Como sociedad también existe complicidad y tolerancia de la violencia machista, muchxs ven simples cifras frías y con poca comprensión de la situación de alto riesgo que viven de forma diferenciada las niñas y mujeres en los ámbitos públicos y privados. A todxs nos compete construir justicia, convivencia, respeto a la integridad y afectos para generar poco a poco comunidad en la transformación cultural. Espero un día ver todas sus redes sociales inundadas de preocupación o indignación por los feminicidios y por todas las formas de violencia, así como lo han hecho en los últimos días por temas como el Bitcoin. Ojalá nos deje de nublar la mirada toda esa misoginia interiorizada y reconozcamos que el problema de la violencia, sí tiene género, la cual es otra pandemia urgente que resolver y nos compete a todxs trabajar para erradicarla.
Concluyo diciendo que para que un país sea verdaderamente democrático y desarrollado no necesita priorizar bitcoins, es urgente que genere condiciones que garanticen los derechos humanos de todxs. Necesitamos personas comprometidas y que propicien conciencia de género como elemento de paridad, equidad y de unión.
Es repudiable. Me uno a proclamar justicia