Fotografía tomada del sitio oficial de la Fuerza Armada
Por Fátima Cruz
Habitantes del caserío El Pepeto, cantón El sitio, municipio de Arcatao, Chalatenango, denuncian acoso y violación de Derechos Humanos por parte de militares del Destacamento Militar 1 y la Cuarta Brigada. Entre los hechos de violencia está el acoso sexual a mujeres (incluidas niñas y adolescentes), el uso de la fuerza contra agricultores en «registros» y golpizas a los jóvenes de la comunidad.
La presencia del grupo responde a una de las medidas para contener la emergencia por COVID19, su función es patrullar los puntos fronterizos para evitar el ingreso de personas que pretendan evadir controles migratorios y sanitarios. Para desempeñar esa tarea se montó un puesto militar temporal en el Centro Escolar de dicha comunidad con 12 militares divididos en dos grupos de seis, para que uno dé cobertura a la comunidad El Pepeto y el otro a la comunidad del caserío el Portillo en el cantón los Filos.
“Los militares acosan a niñas, jóvenes y mujeres adultas, en la comunidad las mujeres no pueden sentirse seguras. También, entran a las viviendas cuando quieren con el pretexto que necesitan tortillas, sal o cualquier cosa. Entre unos de los casos más preocupantes es que están de novios de una que otra menor» expresa una de las habitantes del cantón El sitio, que prefirió no identificarse por temor a represalias.
Agrega que los han visto tomando bebidas alcohólicas y abusando de la autoridad «registran a los hombres de la comunidad que van a trabajar a sus milpas y frijolares, provocan y les insinúan a los jóvenes que son pandilleros para golpearlos y ellos se dedican a la agricultura» manifiesta.
De acuerdo a información brindada por mujeres de la zona, los esposos, madres y padres no les dicen nada por miedo que puedan golpearlos o tomar venganza en su contra. «Están generando problemas en la comunidad. Por esto, esperamos que los militares sean suspendidos y retirados inmediatamente del Centro Escolar”, detallan.
Además, han interpuesto dos denuncias. La primera ante el teniente Hernández, responsable del puesto, que según los pobladores del lugar, acordó revisar las pruebas de lo mencionado por los habitantes e iniciar visitas a la comunidad para investigar el caso, sin embargo, estaban programadas para el día de ayer pero el teniente no se presentó. La segunda ante la municipalidad de Arcatao.
Esta revista se contactó con el alcalde de Arcatao, Humberto Avelar, quien confirmó la denuncia y explicó que van a tomar medidas en el caso y que ya ha entablado conversaciones con la Policía Nacional Civil (PNC). Además, aseguró que la alcaldía por su parte está investigando el caso. Asimismo, al preguntarle si hay presencia de pandillas en la comunidad el alcalde aclaró que no existen estos grupos en el lugar para acusar de esa forma a los jóvenes. “Siempre esperamos el debido respeto a la comunidad por parte de militares y que no sean un problema para la misma”, agregó Avelar.
El delegado de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH), en Chalatenango, Alex Óseas mencionó que por la gravedad de los hechos se iniciará una investigación de oficio sobre las presuntas violaciones de derechos humanos en la comunidad. Además, explicó que por mandato constitucional (Art. 194 Cn.) y Art. 11 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tiene el deber de iniciar una investigación y declarar si ha habido o no responsabilidad de las autoridades denunciadas.
En ese mismo sentido, el artículo 37 de la Ley de la PDDH, puede activar a otras instituciones del Estado para que inicien de conformidad con la ley las diligencias o procedimientos encaminados a investigar y resolver lo que corresponda a sus competencias.
Para realizar una denuncia los y las denunciantes -testigos pueden hacer uso de su derecho a la confidencialidad. Es decir, tienen derecho a que su identidad se mantenga en reserva de confidencialidad, si así lo solicitan. Por tanto, sus datos no se dan a conocer a la autoridad denunciada, añadió Óseas.
La comunidad El Pepeto es fronteriza con Honduras y por el fallo pronunciado por la Corte de La Haya su población se dividió. Las personas se dedican a la agricultura y su nivel educativo es en promedio hasta sexto grado, según datos de la alcaldía de Arcatao.
La inseguridad a la que se enfrentan las mujeres se ve reflejada en los datos del Observatorio de Violencia de ORMUSA que registran 26 feminicidios entre 16 de marzo al hasta la fecha y se reporta un incremento del 70% de los casos de violencia contra la mujer en comparación con el año 2019.
Falso