Equipo editorial La Brújula
Un año más se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, pero en El Salvador es otro año para recordar las deudas históricas que el Estado tiene con las múltiples causas de enfermedad y muerte que afectan a las mujeres.
En 1987, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) hizo la propuesta de establecer un día de acción global a favor de la salud de las mujeres, y en 1988 en el V Encuentro Internacional sobre Salud de la Mujer llevado a cabo en Costa Rica la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos conmemoró el primer 28 de mayo. En ese momento fue un hecho sin ninguna relevancia para las mujeres en El Salvador, ya que nos encontrábamos en el conflicto armado a punto de abrir las negociaciones de los Acuerdos de Paz. Fue tiempo después que las organizaciones de mujeres y feministas retomaran estos temas.
Sobre todo, después que en 1998 se cometiera un hecho infame por la articulación conformada por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Partido Democracia Cristiana (PDC), la jerarquía católica salvadoreña y la ONG católica «Sí a la Vida», promoverían de forma absoluta la penalización del aborto. Poniendo en riesgo la salud y la vida de las mujeres salvadoreñas.
En los últimos años se ha conocido y denunciado casos como el de Beatriz, una joven con una enfermedad autoinmune que gestaba un feto con anencefalia, múltiples instituciones y organismos internacionales solicitaron la interrupción de su embazo por su condición de salud, pero el Estado salvadoreño se lo negó.
De igual forma, el caso de Manuela, una mujer de escasos recursos, de zona rural que fue condenada a 30 años de prisión por un parto extrahospitalario, falleciendo dos años después por un cáncer que no había sido diagnosticado, actualmente su caso se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en búsqueda de justicia para la familia; y así podríamos seguir, mencionando ciento de historias más donde la salud y vida de las mujeres no ha sido prioridad para el Estado salvadoreño.
A pesar de eso, cada vez que se abre la discusión pública sobre la interrupción del embazo bajo causales que buscan proteger la salud y vida de las mujeres: cuando éste ponga en riesgo la integridad, salud y vida de las niñas o mujeres, o cuando el embarazo sea producto de una violación sexual, estupro o trata de personas y en casos donde la vida extrauterina del feto sea inviable; el tema se utiliza para sacar raja política o deslegitimar a los funcionarios públicos, profesionales de salud que apoyan este tipo de propuesta.
Convirtiéndose en discusiones condenatorias contra las mujeres, y campañas de odio de los grupos antiderechos contra las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, evitando así cualquier avance en materia de salud y derechos.
El debate sobre la interrupción del embarazo sigue siendo complejo y debemos exigir que no se siga discutiendo el aspecto moral este debería de tener una verdadera discusión científica, laica sobre su trascendencia en la salud pública y su repercusión en la salud y vida de las mujeres.
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