Redacción La Brújula
Organismos internacionales muestran preocupación por las condiciones de la población carcelaria en El salvador, una de las prisiones con el mayor hacinamiento a nivel mundial, situación de mayor vulnerabilidad para el contagio de COVID-19
La relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Agnes Callamard, expresó su preocupación por la situación de la población carcelaria en El Salvador ante emergencia de COVID-19.
«Extremadamente preocupada por la situación reportada de prisioneros en El Salvador: ya era alarmante en 2018, con una tasa crítica de hacinamiento y brotes mortales de tuberculosis: tales condiciones son ideales para la contaminación masiva de Covid19» escribió en su cuenta de Twitter.
Extremadamente preocupado por la situación reportada de prisioneros en #ElSalvador: ya era alarmante en 2018, con una tasa crítica de hacinamiento y brotes mortales de tuberculosis: tales condiciones son ideales para la contaminación masiva # Covid19. https://t.co/6RbQ7BCbfw pic.twitter.com/EMmmIhvu3y
— Agnes Callamard (@AgnesCallamard) May 4, 2020
Hacinamiento en las cárceles salvadoreñas facilitará contagios covid19
La población carcelaria en el país hasta diciembre de 2018 era de 39, 642; de estos, 27,719 eran condenados y 11, 923 en calidad de procesados, según el portal de transparencia de la Dirección General de Centros Penales.
De acuerdo al portal de datos, World Prison Brief, en El Salvador hay 597 prisioneros por cada 100,000 habitantes, y es el tercer país con mayor hacinamiento carcelario.
Naciones Unidas manifiesta preocupación por la situación en las Américas
El Portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Rupert Colville dijo este día que las condiciones en muchas cárceles en la región de las Américas son sumamente preocupantes «problemas estructurales pre-existentes, tales como el hacinamiento crónico y las malas condiciones de higiene, aunados a una falta de acceso adecuado a servicios de salud, han facilitado la propagación del COVID-19 en muchos centros. Miles de reclusos y de personal penitenciario han sido infectados en Norteamérica y en Sudamérica», manifestó.
Además, se refirió a la situación específica de El Salvador «las medidas de seguridad extremas, impuestas recientemente en cárceles, podrían constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes y exacerbar aún más las condiciones de higiene ya muy precarias», señaló.
El portavoz del Alto Comisionado instó a los Estados a que tomen medidas apropiadas para prevenir una mayor propagación del virus, garantizando condiciones sanitarias, acceso generalizado a pruebas y a cuidados de salud para los detenidos, así como equipo de protección personal y pruebas para el personal penitenciario.
«Las autoridades deberían garantizar un mínimo nivel de contactos con familiares y un acceso adecuado a la alimentación y agua potable, así como brindar información regular y transparente sobre el impacto de la enfermedad sobre los reclusos y el personal».
Entre las medidas sugeridas está el monitoreo regular por parte de órganos independientes y el aislamiento de los detenidos que se enfermen, o enviarlos cuarentena no punitiva en lugares donde puedan recibir una atención médica apropiada.
«Sin embargo, son necesarias medidas más amplias para reducir niveles extremos de hacinamiento, tales como la liberación de otras categorías de reclusos que sirven sentencias cortas por crímenes no violentos, niños y personas detenidas por delitos de inmigración».
También hizo referencia al uso de la detención provisional ante la emergencia » en el contexto de la pandemia, es urgente reducir el uso de la detención preventiva – una medida que debería permanecer siempre excepcional, pero que ha sido abusada de forma crónica en las Américas».
Además dijo que las personas detenidas arbitrariamente, sin una base jurídica suficiente, o por crímenes que son incompatibles con el derecho internacional, así como todas las personas que fueron encarceladas por ejercer sus derechos humanos, incluyendo la expresión de opiniones disidentes, deberían ser liberadas.
En las cárceles salvadoreñas la mayor parte de población recluida son hombres, pero hay 3,490 mujeres, entre estas las condenadas por emergencias obstétricas y/o partos extrahospitalarios, que inicialmente son procesadas por aborto y luego FGR cambia el delito por homicidio agravado, como fue el caso de Evelyn Hernández, Teodora Vásquez y otras. Ante esta situación, organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres han expresado su preocupación.
Sara García de la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto explica como esta Pandemia expone a las mujeres privadas de libertad, producto de emergencias obstétricas y/o partos extrahospitalarios y sus familias.
