Foto/Colecttiva Amorales
Por Reina Ponce
Organizaciones y feministas coinciden que periodo de confinamiento durante la emergencia por COVID-19 ha incrementado la violencia contra las mujeres, pues tienen que estar más tiempo con sus agresores, lo que también ha generado un alza de feminicidios, que de acuerdo al el Observatorio de violencia de ORMUSA del 18 de marzo al 2 de junio han sido 26 las víctimas.
A inicios de la cuarentena ONU Mujeres declaró que un tercio de las mujeres en la región sufriría violencia de género “en nuestro país solo el 40% de mujeres que sufre una agresión por ser mujer hace la denuncia, en ese sentido con el hecho de pasar 24 horas con el agresores los episodios de violencia aumentan a tal punto que llegamos a los feminicidios” comenta Keyla Cáceres de la Red de Colectivas Juveniles Feministas.
En la misma vía Karen Rivas, abogada de Las Mélidas afirma “la violencia contra las mujeres es una condición que se vive en todo momento pero al estar todas las personas confinadas, provoca que las relaciones desiguales de poder se vean mayormente marcadas lo que se transforma en feminicidios. Mantenerse las 24 horas del día en el encierro, sin tener recursos para comprar alimentos o suprimir las necesidades básicas incide en esta condición”.
En 2019 el Observatorio de violencia de ORMUSA registró 230 muertes violentas de mujeres. Por otra parte, la organización reporta que recibió del 17 al 27 de abril de 2020, 130 comunicaciones sobre diferentes vulneraciones a los derechos de las mujeres.
El estado de emergencia decretado en El Salvador por el COVID-19 paralizó la vida cotidiana, sin embargo, “la violencia contra las mujeres no se detuvo” expone Silvia Juárez abogada de ORMUSA. Asimismo, asegura que la cuarentena domiciliar incrementa la violencia intrafamliar de tipo verbal, sexual, económica, psicológica y feminicida.
“Aun cuando puedan existir medidas restrictivas a la movilidad y reunión, la violencia contra las mujeres persiste y los datos muestran que los periodos de mayor convivencia suelen tener picos de victimización de violencia intrafamiliar más agudos. A pesar de contar con 103 servicios públicos para atender la violencia contra las mujeres desde el segundo semestre de 2019 se han debilitado” comenta Juárez.
ONU Mujeres expuso que en 2018 se cometieron 3,800 feminicidios, pero la emergencia por el COVID-19 está agudizando el problema. Además provoca que las mujeres tengan dificultades para acceder a servicios de ayuda.
Para América Romualdo, directora de Las Dignas, durante este periodo de emergancia las mujeres tienen menos posibilidades de denunciar y recibir respuesta por parte de las instituciones, sobre todo si las políticas públicas no tienen perspectiva de género para responder a las necesidades de las mujeres.
De acuerdo a la Fiscalía General de la República entre el 1 de enero al 6 de abril del 2020 se registraron 13,024 denuncias de delitos de la LEIV; y durante la cuarentena alrededor de 290 expresiones de violencia contra la mujer.
Sin embargo Romualdo considera “las instituciones no están trabajando con una buena disponibilidad, ya de por si en tiempos normales el acceso a la justicia es bastante débil y limitada, en un ambiente como éste donde todos los esfuerzos de las instituciones están puestos en controlar a la población la denuncia en caso de violencia contra las mujeres sufre todavía más precariedad porque muchas de las personas especializadas en esas atención son destinadas a otras tareas, lo que deja desprotegido este tipo de denuncias”.
Una de las instituciones encargada de velar por la protección de los derechos de las mujeres es el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), sin embargo el mismo procurador para la defensa de los derechos humanos, Apolonio Tobar, lo catalogó de tener un rol pasivo.
“Es evidente que si el ISDEMU como ente rector de la LEIV no hace su trabajo las mujeres seguirán muriendo. Hay más feminicidios que muertes de COVID-19” indica Cáceres.
Ante ello, Rivas hace un llamado al ISDEMU a cumplir su papel de ente rector de aplicación a la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y esté vigilante de los delitos contra las mujeres. También menciona que el plan de prevención debe incorporar el enfoque de género “que se visibilice que no es lo mismo estar en cuarentena para los hombres que para las mujeres”.
Por su parte Cáceres señala que el gobierno debe funcionar de manera eficaz para las mujeres, puesto que no tiene habilitado albergues para víctimas de violencia, la Fiscalía General de la República “no está atendiendo de manera oportuna”, ni los juzgados de paz brindan respuestas “necesitamos que el ISDEMU vigile a estas instituciones para poder acceder a la pronta justicia”.
“A este gobierno las mujeres, niñas y jóvenes no son prioridad, le disminuyó el presupuesto a diversas instituciones para la protección de los derechos de las mujeres” señala Cáceres.
La joven feminista insta al gobierno que de manera urgente declare una alerta nacional por la pandemia de feminicidios. Además de implementar una educación integral en sexualidad para que las niñas identifiquen los signos de violencia.