Fotografía/Cortesía
Organizaciones sociales y promemoria denunciaron esta mañana las intenciones de la Asamblea Legislativa de aprobar la “Ley de Reconciliación” que, según indican, busca ser un pacto de impunidad, utilizando una nueva propuesta que se desconoce, y que no ha sido compartida con las víctimas ni las organizaciones de derechos humanos que les representan.
Revista La Brújula contactó a Amanda Castro, activista feminista y emprendedora de la memoria, para analizar las implicaciones de la posible aprobación de esta Ley.
¿Cuáles consideras que son las intenciones de la Asamblea Legislativa al querer aprobar la Ley de Reconciliación presentada por el diputado Mario Ponce?
Sus intenciones siguen siendo aprobar una ley de amnistía, la cual han trabajado debajo de la mesa, sin tomar en cuenta las demandas de las víctimas en relación a los elementos verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición, durante ese proceso han manipulado las “consultas” con las víctimas, las cuales han sido sin metodología, favoreciendo a sectores que activamente han participado en el conflicto como partes beligerantes y a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, protegiéndolos de sanciones penales o aminorándolas dejando en injusta desproporción respecto a las graves violaciones a derechos que cometieron.
¿Consideras que existe complicidad en todos los partidos para aprobar dicha ley?
Sí, existe complicidad, todas las fracciones conocen este proyecto de Ley que han estado trabajando y que ahora publican, cuando desde las víctimas y las organizaciones se ha estado solicitando y lo han negado. Existe en la asamblea un pacto de impunidad que hemos denunciado hace tiempo y esto implica a todos los partidos, que tienen en sus filas a perpetradores de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado salvadoreño, autores intelectuales y ejecutores que impunemente han ocupado puestos como funcionarios públicos y como diputados y que también han integrado los procesos y las comisiones para elaborar la propuesta de “Ley de Reconciliación”.
El día de mañana, martes, la Comisión Política ha convocado a organizaciones de derechos humanos y que trabajan por la memoria a presentar opiniones sobre la propuesta que presentarán al pleno el jueves, ¿Qué interpretaciones haces de este proceso acelerado en los últimos días?
Esto da cuenta de que quieren seguir engañando a las víctimas, a la opinión pública, haciendo de los procesos de “consulta” un elemento más de manipulación en el que ponen todos sus recursos para evidenciar que han consultado, pero en realidad han tenido más de tres años desde que se emitió la sentencia de la Sala, para realizar procesos de participación ciudadana serios, con metodologías claras en los marcos de construcción de memoria (verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición) y respetando las normativas internacionales de Derechos Humanos; y no lo han hecho simplemente porque no tienen voluntad política para hacerlo, todo lo contrario sus deseos más viles y nefastos siempre tuvieron que ver con que la Ley de Amnistía nunca fuera derogada!
¿Cuáles serían los impactos de aprobarse esta ley para las víctimas?
En un contexto de militarización, en el que las violaciones a derechos humanos parecen no distar tanto de lo que teníamos durante el conflicto, obviamente para poblaciones empobrecidas y grupos más afectados como juventudes, niñas y mujeres, una ley que protege a victimarios, dejándolos sin castigo, sin penas proporcionales a los hechos que cometieron (asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, masacres, violaciones) representa un nuevo sello para la impunidad, sello que han garantizado los diputados de todas las fracciones, funcionarios públicos, la mayoría involucrados en actos de corrupción, quienes han ignorado rotundamente las voces de las víctimas, negando así la memoria histórica, y han ignorado sus mandatos constitucionales y paradójicamente su responsabilidad en los procesos de reconciliación en este país, aprobando una ley de reconciliación que es en realidad una nueva ley de amnistía, acción que dista mucho de sus discursos sobre democracia.
En concreto limitaría el acceso a la justicia a las víctimas, las garantías de no repetición, así como de la constante exposición a discursos y acciones revictimizantes.
La Ley de Reconciliación aplicaría a partir de 1980 a 1992. Así lo explica el Artículo 58 “Serán objeto de investigación, juzgamiento y, en su caso, sanción con base a lo dispuesto en esta ley, aquellos hechos que, siendo delitos, además sean constitutivos de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra según lo estipulado en esta ley, así como los hechores materiales, intelectuales o cómplices que resulten relacionados con dichos hechos, independientemente del sector al que hubieren pertenecido, cometidos durante el conflicto armado interno, del 1 de enero e 1980 al 16 de enero de 1992; incluyendo aquellos casos relacionados en el Informe de la Comisión de la Verdad y otros de igual o mayor trascendencia que los mencionados en dicho Informe”.
Esto implica que los crímenes cometidos antes de esa fecha quedarán impunes, como la masacre estudiantil de la Universidad de El Salvador en 1975. Además, se reducirían las penas a los victimarios, y se daría un plazo de seis meses para que Fiscalía realice la investigación. Este plazo está sujeto a prórroga de otros seis meses, lo que limita claramente el acceso a la justicia.
Presentamos infografía sobre Ley de Reconciliación
Infografía/Fátima Cruz
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