Redacción Revista La Brújula
En el marco del Día de los Derechos Humanos que se celebra el 10 de diciembre, fecha que coincide con la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, la Fundación de Estudios para la aplicación del Derecho (FESPAD) dio a conocer un informe realizado entre 2018 y junio de 2019 que refleja la situación de las personas defensoras en el país.
Las personas defensoras de la población LGBT están en una mayor condición de vulnerabilidad y discriminación, aseguraron en el comunicado emitido.
Amalia Leiva integrante de COMCAVIS Trans expresó que las personas defensoras de derechos se enfrentan a situaciones como afrontar a su familia y romper la norma heteropatriarcal, no contar con políticas desde el Estado que protejan y respalden las acciones que realizan, la muerte física, la desinformación de algunos medios de comunicación y la naturalización de la violencia.
Leiva quien se considera defensora de “la bandera de colores, una mujer que defiende el pañuelo verde, a las personas con discapacidad, la laicidad del Estado y grupos indígenas”, lamentó la sociedad salvadoreña no tenga claridad de qué es una persona defensora y se les etiquete como criminales.
FESPAD en su comunicado expuso que en El Salvador la defensa y promoción de los derechos humanos conlleva al abuso, persecución, criminalización, judicialización e impunidad debido a que no se implentan medidas como políticas, planes y leyes que garanticen el respeto a defender derechos.
Loyda Robles de FESPAD lamenta que no haya un reconocimiento ni protección para las personas defensoras, sobre todo para las mujeres que en la investigación se muestra como unos de los grupos más vulnerables y que están siendo agredidas.
“La personas defensoras de derechos sustituyen un rol que le corresponde al Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que al Estado le corresponde una doble función de protección y reconocimiento. Es lamentable que no haya reconocimiento de la labor que realizan las personas defensoras, tampoco hay una protección, no hay un mecanismo nacional para quienes están agredidas”.