CIDH llama a los Estados de la región a brindar acceso universal a internet para los sectores en condiciones de vulnerabilidad

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de expresión (RELE) manifestaron su preocupación, a través de un comunicado, por las limitaciones para acceder a internet en comunidades indígenas, sectores con población afrodescendiente, mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas mayores. De acuerdo con la institución, esta condición limita el ejercicio de otros derechos fundamentales.

En el contexto actual de emergencia sanitaria por la pandemia de la Covid-19, el internet es la herramienta central para continuar con las tareas cotidianas que antes requerían el contacto presencial. A partir de las medidas de confinamiento y distanciamiento físico, adoptadas por los gobiernos de la mayoría de países del mundo, el teletrabajo, las compras en línea, las reuniones sociales, por medio de plataformas digitales, y las clases en línea se volvieron parte de la cotidianidad de las personas. Sin embargo, esta realidad no es compatible con las vivencias de sectores en condiciones de vulnerabilidad.

“Las últimas cifras publicadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), a finales de 2019, señalan que, en América Latina y El Caribe, al menos 300 millones de personas no tienen acceso a internet, encontrándose los mayores índices de desconexión, principalmente, en países de Centroamérica, el Caribe y América del Sur”, reza una parte del comunicado.

La última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de la Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Economía de El Salvador, indicó que, en 2017, un 1.8 millones de salvadoreños tuvieron acceso al ciberespacio. Ese mismo año, 303 mil 815 hogares tenían conexión a Internet, lo que equivale al 16.59 % del total de hogares del país.

En la actual crisis sanitaria, las limitaciones para acceder a la red han impactado a la población estudiantil, que sin un proceso de alfabetización digital y sin la estructura adecuada, dio el salto a la educación virtual. Las y los estudiantes del área rural, en donde el acceso a internet es de mala calidad y no todas las personas poseen un dispositivo para entrar a la web, han visto vulnerados su derecho a la educación.

“Según UNICEF, en América Latina y el Caribe aproximadamente 154 millones de niños, niñas y adolescentes, más del 95% de los matriculados en la región, se encuentran temporalmente fuera de las escuelas a causa del Covid-19, y un gran porcentaje de ellos no tienen forma de acceder a los contenidos educativos de manera virtual. Esta situación se extendió más de lo esperado inicialmente, y podría aumentar el riesgo de abandono escolar definitivo, especialmente de los niños y niñas más vulnerables”, señaló la CIDH.

Para combatir la brecha digital, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial, en el marco de la Resolución 1/20 sobre Pandemia y Derechos Humanos, llama a los Estados a garantizar el acceso a internet para todos sus ciudadanos y ciudadanas, “en especial aquellos grupos de personas en situaciones de vulnerabilidad, e instamos a que lleven a cabo medidas positivas para reducir las brechas digitales. Además de permitir interacciones descentralizadas, instantáneas, sin bloqueos y sin límites de frontera”, afirmó la institución.

Según la CIDH, el internet constituye una condición necesaria para el ejercicio efectivo de los derechos humanos, como la libertad de expresión y opinión, de asociación y reunión, así como el acceso a los derechos a la salud, la educación, el trabajo y la cultura. La Comisión informó que está trabajando en una guía sobre el estado de situación del acceso a internet en la región y el impacto de la brecha digital en el contexto de la pandemia. Además, incluirá recomendaciones para que los Estados, el sector privado y la sociedad civil avancen hacia una mayor y mejor inclusión de las personas en las carreteras de la información y comunicación.

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