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Redacción La Brújula
Feministas salvadoreñas denuncian respuesta represiva, discriminatoria y clasista del gobierno ante la emergencia de COVID-19 al considerar que no visualizan los niveles de afectación diferenciados por condiciones sociales, género, clase social, estatus migratorio, edad, diversidad funcional, expresión de género e identidad sexual entre otras, expresan en un comunicado.
Asimismo aseguran que el gobierno no toma en cuenta que la permanencia en este espacio familiar pone en mayor vulnerabilidad de abuso sexual y violencia de género a niñas y mujeres “el 42% de los casos de violencia sexual reportados en 2019 fueron cometidos por familiares de las víctimas” y el alto nivel de feminicidios y crímenes de odio que enfrenta el país señalan.
La carencia de un plan de contención de afectación socioeconómico dirigido a los hogares y hacia las mujeres que trabajan en el sector informal, podría agudizar la pobreza que enfrentan.
Por otra parte, las medidas de mantener a las personas en sus casas evidencia la crisis de los cuidados de niñez, adultos mayores personas enfermas y con discapacidad “que históricamente han sido desatendidos por el Estado y sobrecargados a las mujeres. No hay capacidad de reconocimiento para las mujeres que están inactivas en la cuarentena”.
Además las medidas carecen de atención en el sector salud para mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, con discapacidad y población LGBTI.
Las feministas también denuncian la crisis hídrica por la falta de políticas públicas que no garantizan el derecho humano al agua; las medidas represivas para garantizar el control de los cuerpos y la movilidad humana que potencian la vulneración de los derechos por parte de agentes policiales del Estado; las medidas coyunturales y reactivas que impactan directamente la vida de las personas y la violencia que enfrentan las personas privadas de libertad.
Ante esta situación, demandan al Estado garantizar la seguridad y vida de las mujeres estableciendo protocolos durante la emergencia; medidas de protección social hacia la población socio económicamente vulnerable; atención y abastecimiento del agua hacia los sectores afectados por la falta de este recurso y una comunicación transparente, accesible y tranquilizadora que evite el discurso de shock mediático que compromete la salud mental de la población.
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