El pasado miércoles, María Hildaura fue asesinada por su expareja en el parqueo de un supermercado de Sensuntepeque, Cabañas. No fue un ataque repentino. No fue un crimen motivado simplemente por «celos», como algunos medios insistieron en presentarlo. Tampoco fue una tragedia inevitable.
Fue un feminicidio que pudo prevenirse.
Y cuando una mujer es asesinada después de haber pedido ayuda, quien ha fallado no es ella, sino el Estado.
Por. Edición general
María Hildaura tenía 42 años y era madre de cuatro hijos. Según la información compartida por sus familiares y personas cercanas, había buscado protección frente a la violencia que ejercía su expareja. La respuesta institucional fueron medidas de alejamiento que el agresor jamás respetó.
Después de asesinarla, Fabricio Antonio Meza huyó en motocicleta y murió horas después en un accidente de tránsito.
Uno de sus hijos escribió unas palabras que deberían incomodar mucho más que cualquier comunicado oficial. Dijo:
«Mi mamá había buscado ayuda con las autoridades en múltiples ocasiones, las cuales solo respondieron con una orden de restricción que él jamás respetó… Esta noche murió un asesino, no un padre, no un amigo.»
En ese testimonio hay una acusación mucho más profunda que el dolor de una familia. Hay una denuncia sobre la incapacidad o la falta de voluntad del Estado para proteger a las mujeres cuando advierten que sus vidas están en riesgo.
Durante años, las organizaciones feministas han insistido en algo elemental: la violencia contra las mujeres no puede abordarse como un conflicto privado. Es una forma específica de violencia basada en relaciones históricas de poder entre hombres y mujeres. Por eso requiere políticas específicas, instituciones especializadas y respuestas que comprendan el riesgo feminicida.
Sin embargo, en El Salvador seguimos viendo una respuesta mínima: una denuncia, una orden de restricción y luego la responsabilidad queda depositada casi por completo sobre la mujer.
Como si ella tuviera que sobrevivir sola.
Como si el Estado ya hubiera cumplido.
Pero una medida de protección no salva vidas por sí sola. Debe ir acompañada de evaluación del riesgo, seguimiento, vigilancia sobre el agresor, atención psicológica, asesoría jurídica, apoyo económico cuando sea necesario y coordinación entre las instituciones. De lo contrario, el papel termina convirtiéndose únicamente en un documento que el agresor puede ignorar.
Eso fue exactamente lo que ocurrió.
La antropóloga feminista Rita Segato ha explicado que la violencia feminicida no nace únicamente del odio, sino de una lógica de posesión. Muchos agresores consideran que la mujer les pertenece y que tienen derecho a decidir sobre su vida cuando ella intenta romper esa relación de dominio.
Por eso resulta tan peligroso reducir estos asesinatos a «crímenes pasionales» o «celos». Esas palabras desplazan la atención del problema real: el control, la violencia sistemática y la desigualdad que sostienen estos crímenes.
Lo más preocupante es que esta lógica también puede reproducirse desde las instituciones.
Cuando una denuncia no genera una respuesta proporcional al riesgo.
Cuando las medidas de protección no se supervisan.
Cuando las amenazas se minimizan.
Cuando la violencia se trata como un problema de pareja.
Todo ello transmite un mismo mensaje: la vida de las mujeres no importa.
Desde el inicio del régimen de excepción, diversas organizaciones advirtieron que la seguridad ciudadana no podía construirse ignorando la violencia contra las mujeres. La reducción de homicidios no elimina automáticamente el riesgo feminicida porque ambos fenómenos responden a dinámicas distintas. Una mujer puede vivir en un país con menos asesinatos en general y, al mismo tiempo, seguir siendo asesinada por el hombre que conoce mejor sus rutinas, que tiene acceso a ella y que lleva años ejerciendo violencia.
No existe verdadera seguridad mientras las mujeres sigan siendo asesinadas después de haber pedido ayuda.
Lo ocurrido con María Hildaura también obliga a preguntarnos qué está ocurriendo con la atención institucional. Organizaciones de mujeres han denunciado un debilitamiento de las políticas especializadas y han alertado sobre prácticas preocupantes, como tratar algunos casos de violencia como «conflictos entre ambas partes», desconociendo las relaciones de poder que caracterizan la violencia de género. Si el Estado deja de mirar estos casos con perspectiva de género, deja también de identificar el riesgo feminicida.
María Hildaura no eligió ser asesinada.
Tampoco eligió vivir violencia.
Las mujeres no eligen tener un agresor; la violencia machista se construye precisamente restringiendo sus posibilidades, aislándolas y ejerciendo control sobre ellas. Por eso la obligación de romper ese círculo no puede recaer únicamente sobre quien está siendo violentada.
Esa obligación pertenece al Estado.
Porque las mujeres pagamos impuestos igual que cualquier ciudadano. Porque tenemos derecho a vivir libres de violencia. Porque la Constitución y las leyes obligan al Estado a proteger nuestra vida.
Y cuando una mujer denuncia, avisa que tiene miedo y aun así termina asesinada, no estamos frente a una falla individual. Estamos frente al fracaso de un sistema de protección.
Hoy María Hildaura debería estar viva.
No porque las mujeres podamos evitar la violencia con mejores decisiones, sino porque las instituciones tenían el deber jurídico y ético de actuar con la diligencia necesaria para impedir que ese riesgo se convirtiera en un feminicidio.
Su muerte fue prevenible.
Y precisamente por eso es una responsabilidad del Estado.